Pretenden prohibir por ley el alquiler o venta de uniformes de fuerzas de seguridad

Este podría ser el último año que los asistentes a las fiestas de disfraces que se realizan en Argentina puedan concurrir vestidos con uniformes pertenecientes a las fuerzas de seguridad, ya sea nacionales o provinciales.
La falta de confianza y credibilidad en las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales ha derivado en faltas de respeto constantes a las instituciones gubernamentales encargadas del orden y la protección social. Así, lo considera la diputada nacional, Dulce Granados, que presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de personas físicas o jurídicas autorizadas a comercializar uniformes, distintivos e insignias oficiales o similares de las fuerzas de seguridad interior.
Según el proyecto de ley, una de las obligaciones de los comercios habilitados será registrar los datos de las personas que adquieran uniformes, distintivos e insignias oficiales y similares de las fuerzas de seguridad para ser entregados al Ministerio del Interior de la Nación, que será el encargado de llevar una base de datos con la información recibida.
Las multas para la venta o alquiler de uniformes, distintivos e insignias oficiales o similares sin el pertinente certificado habilitante podrán ser sancionadas con "el cierre definitivo del establecimiento o la aplicación de una multa que será fijada por el Ministerio del Interior y que no podrá ser inferior a 100.000 pesos, además del decomiso de la pertinente mercadería".
"Este proyecto de ley viene a salvaguardar los valores de las instituciones de fuerzas de seguridad, al querer prohibir la comercialización y uso indebido de los uniformes, distintivos e insignias reglamentarias o similares que exponen a un permanente desprestigio a nuestras instituciones", fundamentó la diputada Dulce Granados.
"Dentro de nuestro territorio nacional -explica Granados- el uso de uniformes que identifique a cualquier miembro de las fuerzas armadas se torna de vital importancia frente a su capacidad operativa y al mejor acercamiento al ciudadano no sólo por la rápida identificación del personal uniformado, sino también por el prestigio de pertenecer a las fuerzas representativas de las instituciones que se encargan de la seguridad interior". Y agrega: "Sin embargo, en los últimos tiempos, estos valores y principios que están ligados al uniforme se han ido perdiendo debido al mal uso que se le ha dado, a través de las casas de alquileres de disfraces, la utilización indiscriminada en todo tipo de programas audiovisuales, películas de cine, publicidad, o bien el uso vinculado a cualquier ámbito que no hace más que desprestigiar no sólo a las instituciones gubernamentales sino también a aquellos que pertenecen y tienen representatividad dentro de las Fuerzas de Seguridad".
La legisladora bonaerense sostuvo: "Debemos establecer limitaciones y un debido control de la comercialización y el uso de estos elementos tan propios de nuestras fuerzas de seguridad, y tener en claro que cualquier persona, sea esta física o jurídica que comercialice o utilice sin facultad ni autorización alguna los uniformes, distintivos o insignias, sean estos reglamentarios o similares, estará violando el respeto, la valoración, en definitiva la representatividad de una de las instituciones más importantes del país".
La medida es una forma de combatir la inseguridad, ya que hay antecedentes concretos de robos.
"No hay parecido entre las imitaciones y la ropa oficial"
Daniel Balcar, propietario de la casa de cotillón Zuku de Paraná, opinó que "no hay un parecido entre las imitaciones que se ofrecen en las casas de cotillón y la ropa oficial". El comerciante precisó: "Nosotros vendemos copias o replicas que son imitaciones de la ropa oficial, ya sea la gorra, pantalón o camisa y se nota que son copias por la tela", y añadió: "Son los más buscados, ya que la mayoría se disfraza de policía". No obstante, Balcar aseguró: "La ropa militar, que nosotros no comercializamos, es idéntica, pero esa se alquila o se vende en las casas de disfraces u otros locales, que a su vez compran las prendas en casas oficiales para luego alquilarlas". A su vez, Balcar resaltó "en el tema disfraces sucede lo mismo que con la pirotecnia a fin de año, cualquiera vende sin estar registrado".
Por otra parte, fuentes consultadas por diario Uno indicaron que la compra de ropa militar en Paraná se puede hacer sin ningún tipo de problemas. "Una campera o pantalón militar se consigue sin problemas en Paraná y en las casas de disfraces también alquilan", contó un funcionario de Gendarmería. Mientras que para adquirir un uniforme policial la cuestión es relativa, explicaron desde la Fuerza de seguridad entrerriana, ya que hay locales que piden credencial y otros directamente no piden nada. "También hay policías que venden los pantalones viejos especialmente porque mucha gente que tiene casas de disfraces se los compra", precisó un efectivo de seguridad que presta servicios en una comisaría de Paraná. (El Once)
La falta de confianza y credibilidad en las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales ha derivado en faltas de respeto constantes a las instituciones gubernamentales encargadas del orden y la protección social. Así, lo considera la diputada nacional, Dulce Granados, que presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de personas físicas o jurídicas autorizadas a comercializar uniformes, distintivos e insignias oficiales o similares de las fuerzas de seguridad interior.
Según el proyecto de ley, una de las obligaciones de los comercios habilitados será registrar los datos de las personas que adquieran uniformes, distintivos e insignias oficiales y similares de las fuerzas de seguridad para ser entregados al Ministerio del Interior de la Nación, que será el encargado de llevar una base de datos con la información recibida.
Las multas para la venta o alquiler de uniformes, distintivos e insignias oficiales o similares sin el pertinente certificado habilitante podrán ser sancionadas con "el cierre definitivo del establecimiento o la aplicación de una multa que será fijada por el Ministerio del Interior y que no podrá ser inferior a 100.000 pesos, además del decomiso de la pertinente mercadería".
"Este proyecto de ley viene a salvaguardar los valores de las instituciones de fuerzas de seguridad, al querer prohibir la comercialización y uso indebido de los uniformes, distintivos e insignias reglamentarias o similares que exponen a un permanente desprestigio a nuestras instituciones", fundamentó la diputada Dulce Granados.
"Dentro de nuestro territorio nacional -explica Granados- el uso de uniformes que identifique a cualquier miembro de las fuerzas armadas se torna de vital importancia frente a su capacidad operativa y al mejor acercamiento al ciudadano no sólo por la rápida identificación del personal uniformado, sino también por el prestigio de pertenecer a las fuerzas representativas de las instituciones que se encargan de la seguridad interior". Y agrega: "Sin embargo, en los últimos tiempos, estos valores y principios que están ligados al uniforme se han ido perdiendo debido al mal uso que se le ha dado, a través de las casas de alquileres de disfraces, la utilización indiscriminada en todo tipo de programas audiovisuales, películas de cine, publicidad, o bien el uso vinculado a cualquier ámbito que no hace más que desprestigiar no sólo a las instituciones gubernamentales sino también a aquellos que pertenecen y tienen representatividad dentro de las Fuerzas de Seguridad".
La legisladora bonaerense sostuvo: "Debemos establecer limitaciones y un debido control de la comercialización y el uso de estos elementos tan propios de nuestras fuerzas de seguridad, y tener en claro que cualquier persona, sea esta física o jurídica que comercialice o utilice sin facultad ni autorización alguna los uniformes, distintivos o insignias, sean estos reglamentarios o similares, estará violando el respeto, la valoración, en definitiva la representatividad de una de las instituciones más importantes del país".
La medida es una forma de combatir la inseguridad, ya que hay antecedentes concretos de robos.
"No hay parecido entre las imitaciones y la ropa oficial"
Daniel Balcar, propietario de la casa de cotillón Zuku de Paraná, opinó que "no hay un parecido entre las imitaciones que se ofrecen en las casas de cotillón y la ropa oficial". El comerciante precisó: "Nosotros vendemos copias o replicas que son imitaciones de la ropa oficial, ya sea la gorra, pantalón o camisa y se nota que son copias por la tela", y añadió: "Son los más buscados, ya que la mayoría se disfraza de policía". No obstante, Balcar aseguró: "La ropa militar, que nosotros no comercializamos, es idéntica, pero esa se alquila o se vende en las casas de disfraces u otros locales, que a su vez compran las prendas en casas oficiales para luego alquilarlas". A su vez, Balcar resaltó "en el tema disfraces sucede lo mismo que con la pirotecnia a fin de año, cualquiera vende sin estar registrado".
Por otra parte, fuentes consultadas por diario Uno indicaron que la compra de ropa militar en Paraná se puede hacer sin ningún tipo de problemas. "Una campera o pantalón militar se consigue sin problemas en Paraná y en las casas de disfraces también alquilan", contó un funcionario de Gendarmería. Mientras que para adquirir un uniforme policial la cuestión es relativa, explicaron desde la Fuerza de seguridad entrerriana, ya que hay locales que piden credencial y otros directamente no piden nada. "También hay policías que venden los pantalones viejos especialmente porque mucha gente que tiene casas de disfraces se los compra", precisó un efectivo de seguridad que presta servicios en una comisaría de Paraná. (El Once)
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