Primavera del ‘87: El motín más violento registrado en una cárcel de Gualeguaychú

 La Unidad Penal 2, la cárcel de máxima seguridad de Entre Ríos, fue inaugurada a finales del siglo XIX y, durante sus más de 100 años de actividad, fue protagonista de un sinfín de historias que la vincularon directamente con la cotidianeidad de la ciudad. A nadie, mientras estuvo activa, le pasó por el costado lo que allí ocurría, y mucho menos cuando algo sucedía dentro de sus muros.

Pocas semanas antes del motín de 1987, la Argentina había vuelto a las urnas. Se habían realizado elecciones legislativas en cada rincón del país y el peronismo había ganado en 20 de las 23 provincias. La democracia, recuperada tras los años oscuros de la última dictadura militar, parecía peligrar a cada instante. El gobierno de Raúl Alfonsín atravesaba una grave crisis política y económica. En Entre Ríos había sido electo Jorge Busti y, en Gualeguaychú, había festejado Manuel Alarcón.

Los diarios de la época hacían referencia a la pronta inauguración del Casino Gualeguaychú, que iba a funcionar en la planta baja y el primer piso del Hotel Embajador, ubicado en 3 de Febrero y San Martín. El nuevo casino contaría con 143 empleados y, para el día de la apertura, estaba prevista la llegada a la ciudad del gobernador Sergio Montiel.

Pero fue lo sucedido durante la noche del martes 29 de septiembre de 1987 lo que cautivó la atención de toda la ciudad. Los disparos de armas de fuego retumbaron durante aquella noche y se escucharon en diferentes barrios. Lo que ocurría dentro de la cárcel de Gualeguaychú no pasó desapercibido para nadie.

“Horas de zozobra”
Por aquellos años, la realidad de la UP2 era muy distinta de la que terminó teniendo al momento de su cierre, en la segunda década del siglo XXI. El número de internos estaba muy por debajo de la capacidad de alojamiento del penal, por lo que es en este punto donde se descarta la primera hipótesis sobre el origen del motín.

Para 1987, la cárcel tenía 63 internos, pero su capacidad de alojamiento era mucho mayor. Según describió el director de Servicios Penitenciarios de Entre Ríos, Nicolás Haddad, después de aquella fatídica noche, la Unidad Penal de Gualeguaychú podía albergar a 360 personas.

“Horas de zozobra se vivían anoche tras el amotinamiento de reclusos en la UP2 ‘General Francisco Ramírez’, donde versiones extraoficiales señalaban que celadores del penal habían sido tomados como rehenes”, escribió diario El Argentino en su edición del miércoles 30 de septiembre.

Es que todo ocurrió durante las últimas horas del martes, momentos antes del cierre de redacción de los dos diarios locales. No había demasiada información precisa en esos primeros minutos; sólo se escuchaban las detonaciones que repercutían en distintos puntos de la ciudad.

Los que disparaban eran los guardias de la cárcel, que efectuaron disparos al aire para amedrentar a los internos que pretendían tomar el penal. La Policía tomó conocimiento rápidamente de lo que ocurría y desplegó móviles en los cuatro puntos cardinales de la prisión para evitar cualquier intento de fuga.

En un primer momento trascendió que los amotinados estaban armados con armas de fuego, pero la propia prensa puso esa versión en duda, ya que resultaba difícil de sostener teniendo en cuenta que ni siquiera los propios ‘celadores’ estaban armados.

Para las 22.45, el humo de las fogatas se había apoderado de la noche de Gualeguaychú. Adentro se quemaba todo lo que podía ser consumido por el fuego. Colchones, muebles y todo tipo de material combustible era arrojado a las diferentes hogueras que se habían encendido en las puertas de acceso a los dos grandes patios principales. Hubo una tercera fogata en el techo y en una torre, que también era alimentada con mantas, colchones y camas que se sacaban de las celdas. Incluso utilizaron kerosene que habían sacado de la cantina, donde habitualmente se vendía para los calentadores y estufas.

Pero lo más llamativo de todo era que no había reclamos. Los presos amotinados no exigían nada o, al menos, no se lo hacían saber a las autoridades. Todos los que tenían que estar se encontraban en la puerta de la cárcel, dispuestos a escuchar las demandas de los internos. Sin embargo, no había ningún pedido.

Las horas pasaron y, poco después de las 2 de la madrugada del miércoles 30 de septiembre, la situación comenzó a tranquilizarse. La Policía ingresó mientras los presos mostraban su rendición y, en el segundo piso de la cárcel, encontró a la única víctima fatal.

Claudio Alberto Lloret, de 25 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue hallado con cinco impactos de pequeños plomos de Itaka en el pecho y trasladado al Hospital Centenario, desde donde se informó su muerte. “Falleció a las 3 de la madrugada del miércoles, cuando era asistido en el hospital”, señala la crónica publicada por El Día.

Quien siguió de cerca todo lo sucedido aquella noche y fue el primero en ingresar al penal, una vez que la Policía controló la situación, fue el juez de Instrucción Celestino Toller. Asistido por el secretario Ramón Juárez y acompañado por la agente fiscal Graciela Pross Laporte, además del director de la cárcel, Roberto Cabrera, recorrieron cada rincón del establecimiento y analizaron el lugar donde había sido asesinado Lloret, además de los distintos sectores donde se registraron impactos de bala.

Con la luz del día
Con el correr de las horas se fueron conociendo algunos pormenores sobre lo sucedido durante aquella noche. “Un sobrecogedor e inenarrable panorama ofrecía el interior de los dos penales de la unidad carcelaria local, luego de la virtual batalla campal librada durante el amotinamiento de reclusos en la víspera”, describió El Argentino en su edición del jueves 1 de octubre.

El 90 por ciento del edificio había quedado inhabitable y, sobre un total de 130 celdas, tan sólo 29 podrían volver a ser utilizadas luego de algunas reparaciones. Se detalló que se habían producido desprendimientos de mampostería como consecuencia del calor generado por la quema de colchones. El mástil que existía en el patio del Penal 1 había sido destrozado y arrojado sobre la hoguera.

Incluso, la heladera de la cocina, después de arrancarle el equipo de refrigeración y la puerta, fue incendiada en el patio. “Todo es desolación. Todo destrucción”.

Los trascendidos de los que se hizo eco el periodismo de aquellos días señalaban a 20 reclusos como los cabecillas del motín y sostenían que el resto de los presos había debido sumarse por “obligación”, para evitar recriminaciones o algo peor. En definitiva, esa fue la versión que las autoridades terminaron aceptando como verdadera, ya que posteriormente esos 20 internos fueron trasladados a otras cárceles.

La primera autopsia realizada a Lloret determinó que uno de los impactos de plomo de la Itaka le había quebrado una costilla, perforado la pleura y provocado un neumotórax, por lo que terminó desangrándose. “De haber sido asistido de inmediato se le pudo haber salvado la vida, pero dadas las circunstancias que en esos momentos se vivían, sus compañeros no lo advirtieron. Hubo otros dos presos más que resultaron con heridas”.

El intento de fuga
El país atravesaba momentos de mucha tensión y malestar por la situación económica. Ese contexto no dejaba afuera a la Policía, que, aprovechando el destacado rol que había tenido en el control del motín, inició un autoacuartelamiento en protesta por los bajos salarios que se percibían en ese momento.

En la noche del 30 de septiembre se habían reunido en la capital provincial todos los jefes departamentales de la Policía para analizar la situación planteada en los distintos cuadros y, al cierre de la edición, habrían comenzado a autoacuartelarse en la Jefatura de nuestra ciudad, informó El Día.

Pero, más allá de lo que ocurría con la Policía, lo que preocupaba o interesaba a la sociedad era saber qué había sucedido durante el motín y por qué se había producido.

“No había reclamos”, fue lo que Toller le dijo a El Día, y dio a conocer su principal teoría: “Este motín fue en realidad un intento de fuga de dos reclusos, que terminó convirtiéndose en los sucesos que son de público conocimiento”.

Según indicó el juez a la prensa, “el intento de fuga fue denunciado de inmediato por los guardias con dos disparos hechos al aire. Simultáneamente, numerosos reclusos de alta peligrosidad llegaron presurosos a la guardia interna dando voces de que se estaría tratando de agredirlos. Los internos intentaron derribar la puerta que los separa de la guardia interna, lo que motivó la rápida decisión de los celadores de retirarse del lugar —por reglamento los internos no pueden portar armas, quedando, como resulta obvio, indefensos frente a sus posibles agresores—. Lograron clausurar la puerta externa cuando los internos derribaron la puerta interna y penetraron a la guardia. No fue posible la toma de rehenes por parte de los amotinados”.

A partir de allí se desarrolló lo que fue definido como un “espectáculo dantesco”: tiroteos, motín, explosiones de garrafas, aerosoles, gases lacrimógenos y gritos. Toller indicó que fueron los propios internos quienes solicitaron el traslado y la hospitalización de Lloret, al mismo tiempo que ofrecieron su rendición.

El saldo de una noche imborrable
“Todo fue prácticamente depredado”, se narró en los diarios. Se contabilizaron destrozos en el sistema eléctrico y en el sistema sanitario, que había sido recientemente remodelado y ahora volvía a quedar inutilizado, con baños y duchas destruidos.

Fueron quemadas, rotas y destrozadas la vajilla, las puertas, el mobiliario de las celdas, máquinas de escribir, heladeras y el mástil. Las celdas quedaron fuera de uso.

Finalmente, se estableció que el edificio no había sufrido daños significativos en su estructura como consecuencia del fuego, cuyo objetivo habría sido impedir el ingreso de la Policía. Toller dialogó con el gobernador Montiel y le solicitó el traslado de los presos. También requirió al presidente del Superior Tribunal de Justicia el envío de camas, colchones y juegos de vajilla, con el objetivo de recuperar lentamente la funcionalidad de la cárcel.

Los 63 reclusos que se encontraban en la UP2 al momento del motín quedaron incomunicados. Los nombres de los cabecillas nunca trascendieron debido al secreto de sumario y, posteriormente, se supo que 15 de ellos fueron trasladados al Penal N° 7 de Resistencia y otros seis a la cárcel de Villa Devoto.

Ingresaron carpinteros, albañiles y herreros, todos abocados a las tareas de reconstrucción, y se autorizó una partida extraordinaria para reparar los sanitarios. Algunos internos ofrecieron su mano de obra con el objetivo de no ser trasladados a otra unidad penal y, finalmente, 45 lograron permanecer en Gualeguaychú.

El subsecretario de Justicia de Entre Ríos, José Luis Zuffiaurre, indicó que los trabajos de reparación demandarían una inversión de 70 mil australes.

¿Fuga o traslado?
Será la pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Qué buscaban realmente los cabecillas del motín de 1987? Para las autoridades, se trató de una tentativa de fuga masiva y los guardias alcanzaron a escapar antes de ser tomados como rehenes. Para otros y, particularmente, para la prensa de aquel momento, todo pudo haber sido ideado para conseguir el traslado a otras unidades penitenciarias de menor complejidad y, desde allí, intentar una evasión menos dificultosa.

Otro de los puntos sobre los que nunca se encontraron respuestas fue la muerte de Lloret. Su cuerpo fue sometido a una tercera autopsia, de la que se extrajeron muestras de los proyectiles y de la ropa. Esos elementos iban a ser remitidos para su análisis por especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de determinar el origen de las balas.

Sobre su muerte, sólo trascendió que había sido asesinado por sus propios compañeros de cárcel. “¿Venganza o intento de culpar a la Policía?”, se preguntaban los medios de aquellos años.