La Corte Suprema de Justicia recibió ayer a diez ONG, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en la audiencia informativa que busca ser el paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del holding de medios sobre dos artículos de la Ley de Medios, sancionada hace casi cuatro años. La Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó las posiciones de "amicus curiae" por el Estado Nacional y el Grupo Clarín y además dio lugar a los considerados "independientes" o en representación de la ciudadanía, como la Procuración General de la Nación, en medio de una masiva marcha convocada fuera del Palacio de Justicia por quienes apoyan la vigencia plena de la ley.La audiencia continuará hoy en la jornada más trascendente, durante la cual los ministros escucharán a las partes, el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín y luego formularán preguntas, informó Télam.En posiciones que no son vinculantes para la Corte, cinco oradores se manifestaron a favor de revocar el fallo que declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la norma en tanto que otro igual número avaló la postura del grupo Clarín y pidió ratificar esa sentencia.La última en exponer en el cuarto piso del Palacio de Justicia porteño fue la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbo, quien calificó como una "falacia presentar como un conflicto entre Gobierno y empresa" la dispusta legal, al hablar en representación de los intereses de la ciudadanía."Se simplifica la realidad, se minimiza el poder del grupo empresario y desde esa posición de falsa debilidad se invoca la lesión al derecho a la expresión y así se desvía la atención del asunto principal, porque lo que está en juego es uno de los bienes más preciados de la República, la libertad de información y expresión", afirmó.Como ya lo hizo en un dictamen donde avaló la constitucionalidad de los artículos cuestionados, Gils Carbó entendió que el fallo "eludió la consideración de bienes sociales en juego" y se dictó "prescindiendo del hecho relevante de que la concentración mediática es contraria a la libre información y libre expresión"."Le solicito a esta Corte que dicte un fallo histórico, develando las falacias de este proceso, no puede haber derechos adquiridos ni violación a la propiedad privada a través de una posición construida violando derechos humanos", precisó. "Un país afuera"El director del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, enfrentó al tribunal al mostrar su disidencia contra la dinámica de la audiencia."La Corte aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la conformación de la democracia", expresó. Y antes de dejar lugar al técnico de la organización Damián Loreti, afirmó: "Además de las partes de este expediente, hay un país afuera".También dio un fuerte discurso político la defensora del público, Cynthia Ottaviano, consignó La Nación. "Cuánto tiempo más debe esperar el publico para que dejen de lesionar su acceso a la comunicación. Ahora es tiempo de considerar la información como un derecho y no como mercancía. Es tiempo de que esta Corte decida quien es David y quien es Goliat", metaforizó. "Las audiencias son el David de esta historia", continuó, y llamó a los jueces: "Que Dios los ilumine para que vean lo mismo que vemos nosotros". Postura de Clarín"Esa ley era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial", señaló el semiólogo Eliseo Verón, en representación del Comité del Consumidor. "Todos caben en la situación actual", aseguró, en disidencia del articulado de la ley que recorta la propiedad de licencias.Para el Grupo, los límites del artículo 45 son irrazonables, ya que argumenta que los cables no pueden estar sujetos a ningún límite, porque no usan el espectro radioeléctrico. Además asegura que el artículo 161 afecta derechos adquiridos, porque obliga a vender licencias cuyo plazo no venció."El Estado no puede impedir el crecimiento o desarrollo de los medios", aseguró Asdubal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, y quien fue el primero en exponer, acotó La NaciónPor el lado de Clarín también intervinieron la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Paga y el abogado particular Lucas Sebastián Grosman.
