Primeros reclamos por la Patria federal

En el 20° aniversario del Pacto Fiscal se fortalece la resistencia a un acuerdo que perjudica notablemente a las provincias. Mario Alarcón MuñizEl gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, se muestra por estos días dispuesto a encabezar un fuerte reclamo federal. Hace una semana advertimos la proximidad de un debate tan interesante como necesario acerca de los fondos de coparticipación. En la misma oportunidad dimos cuenta del proyecto del mandatario cordobés para denunciar el Pacto Fiscal de 1992 impuesto por Menem y Cavallo y renovado desde entonces frente a cada vencimiento por todos los gobiernos, inclusive el actual.Y a tal punto, que al vencer el acuerdo en diciembre pasado la Presidenta firmó un decreto "de necesidad y urgencia" prorrogándolo hasta 2015, es decir por el resto de su mandato para que nadie moleste.La Legislatura de Córdoba acaba de aprobar la denuncia. A renglón seguido De la Sota dirigió el viernes una comunicación a cada uno de los gobernadores informándoles acerca de lo actuado. Explicó que denunció el pacto "luego de infructuosos intentos de alcanzar un acuerdo razonable y equitativo" y exhortó a los mandatarios a "buscar en conjunto caminos de unión para recuperar lo que corresponde a las provincias". El 20° aniversario  No es un tema nuevo. En esta página lo hemos planteado en varias oportunidades. Hace más de un año el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, presentó una demanda en el mismo sentido ante la Corte Suprema de Justicia. Nada se sabe aún. El expediente parece una estatua. Está quieto.A todo esto ¿en qué consiste el Pacto Fiscal? Es un acuerdo que precisamente hoy cumple 20 años. A pedido -y presión en varios casos- de Menem y Cavallo, los gobernadores y el gobierno nacional lo firmaron el 12 de agosto de 1992. En lo esencial consiste en la cesión de las provincias al Estado nacional, del 15% de los fondos de coparticipación federal para cubrir el déficit del sistema previsional estatal.La privatización de las jubilaciones mediante la creación del sistema de capitalización y por consiguiente de las AFJP, había determinado la transferencia a las entidades privadas de una considerable masa de aportantes. Entonces Cavallo ideó la quita del 15% a las provincias para cubrir el rojo de sus números. Dinero de las provinciasLa historia cambió con la sanción de la ley 26.425 que reestatizó las jubilaciones y terminó con las AFJP. Desde el 9 de diciembre de 2008, fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial, el recorte del 15% a las provincias perdió su razón de ser. Por encima de las discusiones, la realidad indica que durante los últimos 44 meses el gobierno nacional se ha quedado con fondos provinciales. Nadie se los reclamó, a excepción de Binner el año pasado y De la Sota ahora. Los legisladores nacionales, bien gracias. Esto sucede en otro planeta.La diputada nacional Cristina Cremer (Entre Ríos, PF) se dio cuenta y presentó días pasados su proyecto de derogación del Pacto Fiscal. Poco antes en la Legislatura provincial la diputada Rosario Romero (FEF) presentó a la vez un proyecto de denuncia de aquél acuerdo del '92, con el respaldo de su colega de bancada Diego Lara.Esto significa que la demanda está avanzando. Y no es para menos. Las finanzas de casi todas las provincias -Entre Ríos incluida- hacen agua. Falta plata. Hay más gastos que recursos. Así de simple. Algunos gobernadores -Urribarri entre ellos- se las arreglan para disimular el problema, pero éste existe y cada tanto se muestra. Las cuentas claras ¿De cuánta plata hablamos? Es notable el parecido del monto de la deuda provincial y el dinero que el gobierno nacional le quitó a Entre Ríos durante 20 años. En buen romance, si no le hubieran manoteado el 15%, Entre Ríos no adeudaría un peso a nadie.El actual titular de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), el olímpico Marcelo Casaretto, en sus tiempos de opositor (15 de marzo de 2011) denunció que la deuda provincial era entonces de 4.583 millones de pesos. Añadió que el 51% de esa deuda se había contraído desde diciembre de 2007, es decir durante la gestión de Urribarri.El ministro de Economía, Diego Valiero, en su última referencia al tema (diciembre de 2011) reconoció una deuda consolidada de 4.040 millones y flotante de unos 1.900 millones, es decir un total de 5.940 millones de pesos. De esta suma sólo a la Nación se le adeudan 2.321 millones mediante el plan de refinanciación hasta 2030.Un ligero cálculo, sin datos exactos pero seguramente aproximados, sitúa en unos 6.600 millones de pesos el monto que la Nación le quitó a Entre Ríos en los 20 años de vigencia del Pacto Fiscal. Sólo en los últimos 44 meses -desde la reestatización del régimen jubilatorio- el Estado nacional se quedó con unos 1.500 millones de pesos. ¿Nadie los va a reclamar? ¿De qué federalismo estamos hablando (si es que se habla de eso alguna vez)?De ahí la importancia de la denuncia cordobesa. Si los gobernadores asumen seriamente sus responsabilidades, corresponde que en conjunto expresen la demanda. Y puede empezar a cambiar la historia hacia la Patria federal.