Procesaron a Báez por evasión impositiva y lo embargaron en $250 millones

El juez López Biscayart tomó esa medida por el uso de facturas truchas entre empresas del grupo. El procesamiento incluye a dos altos funcionarios de la AFIP de Ricardo Echegaray.La situación judicial del empresario Lázaro Báez se complicó ayer cuando el juez en lo penal económico Javier López Biscaryart lo procesó y embargó en 250 millones de pesos en una causa por evasión impositiva de más de 80 millones de pesos del Grupo Austral.Mientras, Báez pidió su excarcelación al tribunal oral que lo juzgará por lavado de dinero, López Biscayart.El procesamiento, sin prisión preventiva, incluyó a otros directivos del Grupo Austral y a dos altos funcionarios de la AFIP de Ricardo Echegaray que habían subestimado una pretensión fiscal del Estado en una primera etapa de la causa. El reclamo de 80 millones de pesos es solo por el ejercicio 2010 y se ampliará cuando el magistrado investigue otros años. Te puede interesar:  Cristina Kirchner toma distancia de 2019 y habilita una maratón de candidatos  La causa se había iniciado en el 2013 por una denuncia de la diputada Elisa Carrió por maniobras de evasión impositiva a raíz de convenios celebrados entre las empresas del Grupo Austral: La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA en las determinaciones del IVA. Además, entre estas empresas se intercambiaron facturas truchas como trampa para no pagar impuestos.La resolución, a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, incluye al presidente del Grupo Austral, Julio Mendoza, al contador Claudio Bustos, entre otros mientras, que otro contador César Andrés fue sobreseído. Te puede interesar:  Japón lanzará el tren bala de "Hello Kitty" En la lista de procesados también figura Emilio Martín y los funcionarios de la AFIP Fabiola Bartra Alonso y Mónica Majhen Otero. En esa causa, Báez se negó a declarar y presentó un escrito preparado por su defensa en el cual expresó que jamás fue presidente ni representó legalmente a la firma, y manifestó no comprender por qué se ha decidido imputarlo a raíz de la reapertura del proceso, luego de que la AFIP, tras el cambio de gobierno, hizo una real determinación de la pretensión fiscal.