Profesionales advierten la falta de actualización en los montos de sus prestaciones para personas con discapacidad

En 2025, los aranceles que pagan las obras sociales (regulados por el nomenclador nacional) a los prestadores de servicios para personas con discapacidad se vieron completamente congelados: mientras que la inflación en estos cuatro meses iniciales fue del 11,1%, las atenciones por obras sociales no aumentaron. En 2024 lo hicieron, pero en el último cuatrimestre quedaron 8 puntos por debajo de la inflación Según el Foro Discapacidad, el desfasaje acumulado es del 73%.

Esto pone en riesgo la atención de más de 250 mil personas con discapacidad, quienes dependen de terapias, transporte, educación, entre otras diversas sesiones brindadas por psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, entre otros. Esto se debe a que cada vez más profesionales deciden volcarse a brindar atenciones particulares por fuera de las obras sociales, ya que lo que éstas les pagan (con meses de atraso) queda muy lejos de lo que vale realmente su sesión. Actualmente, el valor actual de la sesión (prestación de apoyo) establecido por el nomenclador es de $12.300.

En adición, el 8 de abril, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a sus organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones del sector, se manifestaron en la Cámara de Diputados, a la vez que entregaron una solicitada a los funcionarios en apoyo a un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según esta organización, “la iniciativa surge como respuesta al profundo ajuste y estigmatización ejercidos por el Gobierno Nacional sobre las pensiones no contributivas y al vaciamiento de las instituciones prestadoras, que dependen del financiamiento estatal para garantizar sus servicios”. Entre sus reclamos, incluyen el ajuste de los valores prestacionales según la inflación, estableciendo un nuevo criterio de actualización.

Otras demandas planteadas fueron el fortalecimiento institucional (para una mejor coordinación y gestión de los servicios) y la Asignación Universal por Discapacidad (que garantice un ingreso para todas las personas con Certificado Único de Discapacidad, sin afectar su acceso al empleo formal).

Lourdes Klocker, secretaria de Programas Especiales y Atención de Discapacidad del Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos (Cofer) amplió: “Los aranceles de las prestaciones de personas con discapacidad están regidos según resolución emitida por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de discapacidad. Actualmente no se han actualizado los valores de los mismos, por lo que estamos manejando el valor establecido en septiembre 2024. Existe un gran desfasaje entre el valor del nomenclador y la inflación dada entre septiembre 2024 y mayo de 2025. Además, existen casos de prestadores que aún no han logrado recibir los pagos de todo lo trabajado en 2024: sumado a cobrar con atraso, no hay aumento del valor del nomenclador, por lo que se cobra desfasado y poco”.

Klocker destacó que la decisión de continuar con el tratamiento de pacientes de personas con discapacidad está atada a muchas variables, como el sostenimiento de espacio terapéutico (gastos del profesional como el alquiler del consultorio, el monotributo, el contador, la matrícula, aporte jubilatorio, entre otros) y los gastos diarios personales (vivienda, alimentos, servicios). Por el otro lado, fue clara con respecto a la difícil situación de los pacientes: “Algunos sufren el corte de su tratamiento, o no consiguen prestadores que deseen trabajar por el mecanismo de integración (relacionado con terapias como kinesiología, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía). Hay personas con discapacidad, infantojuveniles, que requieren de un acompañamiento dentro de la institución escolar a la que asisten, pero en algunos casos nos encontramos con niños que no tienen el acompañamiento que necesitan y no cuentan con los recursos necesarios para sostener a ese niño en la institución sin la figura de su acompañante. También sucede que se queden sin su prestación de transporte, por lo que la persona con discapacidad no puede asistir a escuela o a terapias”.

A su vez, la licenciada en Fonoaudiología Inés Olloquiegui añadió: “Argentina ha sido modelo en el mundo por el sistema de cobertura del 100% de las prestaciones a los pacientes con discapacidad, que tiene establecido legalmente, independientemente de la obra Social que posea el paciente. Hoy esta legislación sigue vigente, pero en la práctica la cobertura no es del 100%, ya que los profesionales y prestadores no la pueden brindar con los valores que pretende el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Asimismo, hay dificultades en la renovación de los CUD- Certificado Único de Discapacidad y también en el acceso a las prestaciones que no son de salud”.

En el ámbito local, algunos profesionales advierten sobre lo complicado de estar en su lugar: “Muchos profesionales están empezando a trabajar de manera particular, porque las obras sociales están pagando después de los 90 días. Muchas obras sociales no cubren la quinta semana del mes, por lo tanto, estás trabajando gratis una semana” comentó Azul, terapista ocupacional. Además, detalló los procedimientos para cobrar las sesiones trabajadas: “Los profesionales tienen que facturar a las obras sociales por la cantidad de sesiones mensuales que se le dio al niño. A los 90 días de haber hecho la factura, se liquida. Pero, por ejemplo, actualmente Galeno no le está pagando a los prestadores que brindamos nuestros servicios a los pacientes. Pero la decisión de cancelarle esa terapia a la familia porque la obra social no paga es muy difícil”.

Por su parte, Pablo, cuya hija asiste a sesiones de terapia ocupacional, declaró: “Es entendible que los profesionales que no te quieran atender, por una cuestión monetaria. Nadie vive del aire o de la vocación, el prestador no se recibió para hacer beneficencia”. Aunque comprensivo, el familiar fue muy duro con las obras sociales, en el caso de los reintegros: “En ocasiones el prestador te cobra, te da una factura, vas a la obra social, la presentas y la factura te hace un reintegro. Pero, por ejemplo, a mí el último reintegro que me hicieron por mi hija data de junio del año pasado, o sea que hay algunos pagos que no me han hecho que ya tienen un año”.