Proyectos reglamentarios de la nueva Constitución

El presidente del bloque radical en Diputados, Marcelo López, presentó un proyecto de ley que reglamenta el recurso jurídico de protección de datos personales o Habeas Data, instituto incorporado en el Artículo 63° la carta magna provincial por la Convención reformadora del 2008.

Para los próximos días se prevé el ingreso de iniciativas referidas al acceso a la información pública y a la Defensoría del Pueblo, según el cronograma previsto para el debate de estos proyectos en la Comisión de Legislación de la cámara baja.

El proyecto de ley -inscripto bajo Número de Expediente 17178 HCDER- tiene por objeto la “regulación de la protección integral de los datos personales, de familiares directos fallecidos, y de bienes propios, asentados en archivos, registros, bancos o bases de datos u otros medios técnicos de almacenamiento y tratamiento de datos, sean estos públicos o privados de carácter público destinados a brindar informes, a los efectos de garantizar el derecho al honor, la intimidad de las personas y el acceso a la información que sobre el interesado se tenga registrado”.

Uno de los puntos nodales del cuerpo de la norma establece la obligatoriedad del consentimiento previo de quien cede sus datos personales, por lo que el Artículo 10º contempla que “sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, requerirán consentimiento previo del titular de los datos, a quien se le deberá informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o en su defecto brindar los elementos que permitan hacerlo. El titular en cualquier momento podrá revocar el consentimiento para la cesión”.

También se fija el criterio de confidencialidad que obliga a responsables de archivos o gestores a resguardar los datos que les han sido confiados; así se establece que “el responsable de un archivo y el gestor tanto como los dependientes que intervengan en el procesamiento, almacenamiento y/o tratamiento de datos personales están obligados a mantener el secreto profesional, obligación que subsistirá aún después de finalizada su relación con el responsable del archivo. Sólo podrán ser relevados de esta obligación por resolución judicial, cuando medien razones relativas a la seguridad, defensa o salud pública”.