Quedó firme la sentencia de restitución del campo usurpado a la Familia Robles

Finalmente, la historia que se extendió demasiado en el tiempo llegó a su final. La Cámara de Apelaciones de Gualeguay, ante quienes habían apelado las personas que ocuparon el campo, desestimó el pedido ante la no comparecencia de quienes habían presentado el recurso de apelación al fallo inicialmente dictado por el Juez Tobías Podestá.

Todo comenzó cuando la familia Robles, que explota un campo en la zona rural de Costa Uruguay Sur a unos 30 kilómetros de Gualeguaychú, denunció la usurpación del campo familiar de 125 hectáreas, el cual se encuentra dividido en cinco partes.

Uno de los propietarios del campo se encontró con la tranquera cerrada, un candado nuevo y un cartel que decía “Propiedad privada”. Fue así que comenzó una batalla legal que no debería haberse extendido más de 72 horas, pero los tiempos de la Justicia fueron un tanto lentos y a casi un mes de producirse el hecho, que fue el viernes 12 de noviembre, la sentencia quedó firme recién este jueves.

Los usurpadores, uno de ellos de apellido Carlés, alegaban que ese campo pertenecía a los sucesores de Teodoro Carlés, propietario del campo que luego fue vendido y pagado “dos veces”, según lo manifestado por la familia Robles, hace más de 50 años. La familia damnificada puso como abogada a Amelia Angerosa, quien denunció el hecho y pidió el desalojo de la gente que se movilizaba en camionetas. 

Al no haber una rápida reacción de la Justicia, se realizó una manifestación por parte de productores y dirigentes de entidades rurales, que contó con la presencia de varios de los referentes de distintos sectores del ruralismo provincial.

El 25 de noviembre último, el Juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, dispuso la restitución provisoria a la familia Robles, dentro de los 48 horas de quedar firme la medida, de las 125 hectáreas que comprende el establecimiento “El Albano”. También el magistrado había dispuesto que los denunciados, Ramiro Fabián Carles, Julio Walter Herrera y Héctor Bernigaud, desocupen el inmueble en ese plazo, aplicándoles a su vez, medidas de coerción, entre ellas, la prohibición de retirar, sin autorización judicial, bienes muebles que se encuentren en el establecimiento rural, como cualquier otro bien material o ganado.

El abogado Matías Farías, en representación de los denunciados Carles; Julio Herrera y Bernigaud, rechazó esa petición. El pasado jueves se debía tratar un recurso de apelación al fallo del juez Podestá que habían presentado sus ocupantes, pero al momento de realizarse la audiencia en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay no se presentó el abogado Juan Manuel Prevot, representante legal del denunciado Ramiro Fabián Carles.

Ante esa situación, el Juez Roberto Javier Cadenas entendió que la apelación se daba por desistida ante la “incomparencia a la audiencia”.