Recchia: “La situación para los discapacitados es preocupante y no hay respuestas del gobierno”

El representante de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) expresó la "crítica situación" por la que pasa la salud de miles de personas. La baja de pensiones, la falta de cobertura en prestaciones y remedios, y la deuda con los transportistas son los principales problemas que afrontan. "Me compré el auto y le sacaron la pensión a mi hija que es discapacitada", comenta, entre enojado y resignado, un remisero cincuentón que recorre las calles de Gualeguaychú todos los días. Es que, aunque al Fíat Palio modelo 2015 lo utilice para trabajar, para el gobierno nacional no alcanza.El año pasado el Ejecutivo desempolvó un decreto de 1997 que pone límites más exigentes (y menos acordes a las necesidades de las familias que conviven con la discapacidad) a quienes perciben alguna de estas pensiones. Que el conyugue no perciba la pensión -aunque sea discapacitado/a- es una condición. Que no tenga propiedades ni automóviles a su nombre, son otras.Pero ahora, a la cuestionable medida de dar de baja miles de pensiones por discapacidad, a la par de la crisis económica crece la preocupación por parte de las asociaciones e instituciones que trabajan en la temática y que el último jueves se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires para volver a pedir respuestas."Estamos muy preocupados. Se está dando marcha atrás con muchas conquistas. Teníamos una Dirección Nacional de Discapacidad que ahora se convirtió en la Agencia Nacional de Discapacidad, que preside Gabriela Michetti. No fue más que un enunciado eso de que iban a tener una política clara en discapacidad", lamentó Pablo Recchia, representante de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y fundador de Incluir, en Gualeguaychú."Sacaron pensiones indiscriminadamente, hay muchos inconvenientes para poder acceder a los medicamentos que las obras sociales deben garantizar por ley, y los transportes privados están cobrando a los cuatro o cinco meses. Además, es un problema conseguir prestaciones básicas para personas con discapacidad, como lo dice la Ley 24.901", agregó.Si bien el último jueves toda la atención se la llevó la multitudinaria marcha por la educación, ese mismo día, más temprano, decenas de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, reclamaron por el adeudamiento de pagos atrasados y por la falta de cobertura.Entre otras críticas, apuntaron al Programa Federal Incluir Salud, un sistema de aseguramiento de salud pública que debe brindar cobertura médica en todo el país a través de las jurisdicciones provinciales, y que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad."Se nos hace muy difícil que en la actualidad las obras sociales respondan a demandan muy básicas para una persona discapacitada, como el acompañante terapéutico o la  acompañante de aula. De hecho, concretamente en la cobertura escolar, hasta hace poco tiempo, existía un sistema que daba respuesta en tiempo y forma. Hoy la respuesta es precaria en todo sentido, y es común que los profesionales -situación similar a la de los transportistas- reciban el pago a los seis meses, cuando la plata vale mucho menos. Entonces no te atienden o lo hace por una cuestión humana, pero cobran muy poco", lamentó el representante de Asdra.Por último, Recchia puso énfasis en la falta de respuestas del gobierno nacional y aclaró que "los tiempos de las personas con discapacidad no son los tiempos del resto"."Asdra y otras organizaciones representativas de todo el país han presentado una serie de notificaciones pidiendo que se agilicen los pagos, que se normalicen los servicios y pidiendo, entre otras cosas, la actualización del nomenclador de prestaciones básicas, que hace que los profesionales cobren sumas irrisorias y nieguen el servicio. Las notas fueron, entre otros, a la vicepresidenta de la Nación, al Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministro de Salud, a la Directora de la Agencia Nacional de Discapacidad  y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero no hemos tenido respuestas", lamentó Recchia.