Renunció el fiscal Romero Victorica

El integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, Juan Manuel Romero Victorica, imputado de supuesta ayuda a un represor para que eludiera a la Justicia, presentó ayer la dimisión a su cargo.La renuncia fue confirmada por fuentes de la Procuración General de la Nación, quienes explicaron que "ahora el procurador, Esteban Righi deberá analizar la situación y resolver si acepta la renuncia o deja que avance el proceso de juicio político".En mayo pasado, Romero Victorica debía hacer su descargo en el sumario que se inició, pero al no concretarlo -solicitó una prórroga que no le fue concedida-, Righi envió las actuaciones al Consejo Evaluador de la Procuración General.Ese organismo debía decidir si con la prueba que tiene envía al fiscal a juicio político o inicia una investigación preliminar para recabar más datos y luego resolver.A la vez, Romero Victorica, que en los tribunales es apodado "El Potro", también sobrelleva una causa penal por este hecho en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, con actuación del fiscal Jorge Di Lello.El fiscal de Casación fue denunciado por la hija de desaparecida Victoria Montenegro, quien ante el Tribunal Oral Federal 6 dijo que llamaba a su casa para hablar con su apropiador, el fallecido coronel Germán Telzlaf, para contarle cómo avanzaba la causa penal en la que estaba acusado por su apropiación ilegal.Montenegro recuperó su identidad y supo que es hija biológica de Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes de la guerrilla del ERP que murieron en 1977, y denunció que Telzlaf le confesó que había matado a sus padres y que le mostró el arma con la que cometió los crímenes. Infobae.com
Causa GualeguaychúRomero Victorica es el fiscal a cargo de la causa penal iniciada por el Gobierno Nacional contra los 10 asambleístas de nuestra ciudad. Los asambleístas de Gualeguaychú Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez son los diez querellados por el Gobierno.Se los imputa de homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad.Los representantes legales de los diez asambleístas querellados pidieron el sobreseimiento de sus defendidos en la última audiencia realizada el miércoles 10 de agosto.