Réplica del gobierno: no hay remuneraciones en negro

No es cierto que la administración Bahillo utilice la figura de los subsidios o las locaciones de obra para encubrir pagos a personal. Todo se hace en regla y nadie oculta nada. Eso explicaron a este diario el concejal Ricardo Nieto (PJ) y el director de Personal de la comuna, Luis Pérez.Por Guillermo Navarro y Marcelo Lorenzo - Concejales de la oposición, por este diario, dijeron que no les satisfacía la respuesta del gobierno a un pedido de informes sobre el personal municipal. Y de hecho, hablaron de que en la comuna hay remuneraciones encubiertas. ¿Qué piensa de esto el Director de Personal, al que por otra parte mencionan los opositores? Luis Pérez:- Es cierto, en principio es una lástima que los concejales personalicen un informe que en realidad emite el Ejecutivo en su conjunto. Pero bueno. Lo concreto es que hablan de remuneraciones en negro o remuneraciones encubiertas. Pero debo decir que esto no es verdad, es totalmente falaz que existan estas figuras. Y como estas cosas no existen, por eso no se las informa (...) Los subsidios que prevé la Ordenanza N°10.894 del año 2006, no se asimilan a un empleado, como dan a entender los concejales. No es una contraprestación de trabajo la que se realiza, del tipo que existe en una relación laboral. Algunos se dan, en todo caso, bajo el concepto de promoción de actividades de interés comunitario. Pero no estamos hablando acá de una relación clásica de trabajo. Ricardo Nieto:- Es decir, en el subsidio no reintegrable no hay una relación de subordinación técnica ni económica entre el subsidiado y la municipalidad de Gualeguaychú. No lo hay incluso en aquellos casos donde emerge una suerte de contraprestación. Me refiero a lo que se conoce como voluntariado social. Y aquí se incluye a personas que realizan alguna tarea desinteresadamente, en virtud de lo cual la municipalidad reconoce a través de una retribución monetaria. Pero no se está hablando aquí de remuneración. Un ejemplo serían todas aquellas personas que de alguna forma contribuyeron a la atención de los evacuados por las inundaciones. La municipalidad tuvo la posibilidad de reconocerles esa tarea comunitaria, pero esto no constituye una relación laboral. - La otra figura de la que hablan los concejales de la oposición, debajo de la cual se camuflarían remuneraciones, es la locación de servicios. L.P.:- Esto tiene que ver con la contratación de bienes o servicios, y depende directamente del área de compras de la municipalidad (...) Allí pueden incluirse servicios profesionales. Conviene remarcar una diferencia: la relación de dependencia está marcada por la exclusividad. El empleado tiene que ser exclusivo, tiene que tener cierta dedicación, y en este sentido no puede ser reemplazado por otra persona, para la prestación de un mismo servicio. Éste no es el caso de la contratación de locación de obra. Aquí el Estado contrata una obra o un servicio equis, y sólo lo puede brindar la personas física o jurídica contratada. Es decir, aquí no hay relación de dependencia alguna, del tipo que caracteriza a un empleado. - ¿Qué control tienen este tipo de contrataciones? ¿Quién las audita?R.N.:- El Concejo Deliberante, por supuesto. Una de las funciones del cuerpo legislativo es controlar las acciones del Ejecutivo. Por lo demás, el Ejecutivo hace consultas necesarias con las áreas correspondientes para hacer este tipo de contrataciones. No las hace en el vacío. Y acá tenemos que distinguir lo "discrecional" de lo "arbitrario". Porque lo discrecional hace a la función pública, remite a todas aquellas conductas que la administración toma, siguiendo un criterio de razón, mérito u oportunidad. Por tanto, generalmente la conducta del poder administrador es discrecional. Ahora, se producirían arbitrariedades cuando hay algún vicio que corrompe esa actividad, cuando algo no ha sido merituado convenientemente. Hecha esta distinción, hay que decir que las contrataciones o locaciones de las que estamos hablando, entran dentro de la facultad discrecional propia de la administración. Es decir, acá no hay nada oscuro. Cuando hay un trabajo equis a realizar, entonces la municipalidad contrata a alguien para hacerlo. Por ese trabajo, lógicamente, debe haber una retribución económica por parte del fisco. El Concejo puede controlar: ¿por qué no lo hace?
 - Parece obvio que en una contratación de este tipo, otros organismos dependientes de la administración opinen. Pero ¿quién más controla estos actos?R.N.:- El Concejo Deliberante hace las veces de órgano de control. La nota periodística de este diario el domingo pasado llama poderosamente la atención. Porque ahí tanto el concejal Eugenio Bourlot como el concejal Marcos Henchoz, manifiestan que ellos no tienen esa posibilidad de controlar. Cuando todos sabemos que los decretos del poder Ejecutivo son remitidos periódicamente a cada bloque legislativo, y éstos los reciben en consecuencia. En todo caso, lo que yo veo aquí es que falta comunicación entre esos concejales. - ¿Ellos tienen el poder de impugnar estos decretos? R.N.:- Por supuesto. Tienen las herramientas que les da la Ley N°3.001 para hacerlo. Además de los pedidos de informe, tienen otros institutos legales previstos para cuestionar este tipo de contrataciones. - ¿No será que los decretos son tan abundantes que resulta difícil auditarlos?R.N.:- No, está dentro de los límites razonables. Por eso insisto: no le encuentro mayor explicación a lo manifestado por los ediles de la oposición. - El concejal Marcos Henchoz dice que el proyecto oficial para regular el ingreso de personal al municipio lo único que busca es que el Concejo refrende la incorporación a planta de cerca de 100 contratados. ¿Qué opinan de esto?R.N.:- La autorización para pasar a planta permanente a contratados figura en el artículo 3 del proyecto. Ahí se habla de que antes de definir la incorporación hay que evaluar, como corresponde, la idoneidad y conducta de esos trabajadores. Por otra parte, la Constitución de la provincia establece que a partir del año de contrato, esos trabajadores adquieren el derecho a la estabilidad, algo que puede cristalizarse a través de un acto administrativo puntual. Lo que este artículo 3 instala es la posibilidad de que se analice la situación particular de cada contratado y se establezca así quiénes pueden pasar a planta permanente y quiénes no. L.P.:- En este punto cable aclarar que si bien la norma prevé ciertos derechos subjetivos, a través de sus fallos el Superior Tribunal de Justicia ha marcado una tendencia. En este sentido, el último fallo indicó que más allá del tiempo transcurrido como contratado, ya sea un año o más tiempo, no habría derecho adquirido sin una autorización del Ejecutivo o del Concejo Deliberante. El verdadero leit motiv
- ¿A qué apunta, básicamente, el proyecto oficial? ¿La clave está en el punto uno, que habla de que todo cargo de planta permanente debe ser aprobado y autorizado por una ordenanza municipal?R.N.:- Por cierto que ese punto es importante. Pero la idea general es transparentar la situación del personal de la municipalidad. Dar un marco que regule el ingreso de personal presente y futuro. - ¿No está el Ejecutivo auto-limitándose en los nombramientos?L.P.:- No precisamente. La clave está en instalar un criterio para fundar debidamente la creación de nuevos puestos en la administración pública local, donde se entienda que los recursos de la comunidad tienen que ser orientados hacia un mejor servicio hacia ella. - ¿No existe ya una legislación que regule este ingreso?L.P.:- La legislación en vigencia le da facultades de algún modo a la Junta de Admisión Calificación y Disciplina, que entiende en materia de ingresos. Lo que sucede es que esa Junta no tiene facultad vinculante con los dictámenes que emite. Cumple una función más bien consultiva. R.N.:- Probablemente la Junta de Calificación va a seguir teniendo actividad en este sentido, en lo que hace a determinar la idoneidad de los empleados. Pero lo nuevo es que va a ser el Concejo Deliberante quien, a propuesta del Ejecutivo, va a crear el cargo y la partida presupuestaria correspondiente. L.P.:- En este momento hemos puesto en marcha un procedimiento que está fijado por las normas del año '75, y que nunca ha sido aplicado en las gestiones anteriores. Me refiero al concurso interno de oposición de antecedentes para acceder a cargos de mayor jerarquía. Es un dispositivo que existió siempre, pero que nunca se usó. La actual Junta de Admisión Calificación y Disciplina -obviamente que con el acuerdo del Ejecutivo-, ha puesto en marcha este procedimiento (...) - En la respuesta que el Ejecutivo mandó al Concejo, sobre la situación del personal, da a entender que quienes incorporaron más gente al municipio fueron los gobiernos anteriores. ¿Eso no es reconocer que hay exceso de personal? R.N.:- No diría eso. Esto no es 'dos más dos son cuatro'. Hay que evaluar muchas variables. - Sin embargo, hay exceso si uno ve que con el cobro de tasas no se puede financiar la partida de personal... L.P.:- Hay que ir un poco más allá en este análisis. En principio tendríamos qué ver que tipo de servicios y qué prestaciones se le quieren dar a la comunidad. El dato es que la comunidad de Gualeguaychú ha ido creciendo enormemente en los últimos 10 o 15 años. Y el municipio, por tanto, ha debido acompañar de algún modo este crecimiento, en lo que hace a la prestación de servicios básicos elementales. R.N.:- Servicios que por otra parte no se han delegado a terceros o privados. La municipalidad ha entendido que los puede prestar, en forma eficiente y bien, con su propia estructura. - Estamos de acuerdo en eso. Pero mientras las necesidades sociales son ilimitadas, los ingresos son limitados. El gasto debería expandirse mientras haya cómo financiarlo. No es razonable que el gasto en personal, como ocurre hoy, se lleve el 70% de los recursos ordinarios (tasas y coparticipación). L.P.:- Bueno, en su momento se instaló a nivel público el tema de la des-actualización de las tasas. Era un debate muy rico, que creo que por ahí se politizó demasiado. Y entonces no se avanzó a fondo en el mismo. Pero el problema subsiste: mientras el costo de producción de los servicios que presta la municipalidad crecen progresivamente, las tasas no lo hacen en esa proporción, quedándose rezagadas. Pero hay un rezago que lleva años, que no es imputable a esta gestión. Acá ha habido una política de des-actualización sistemática de las tasas, lo que a la larga desfinancia los servicios. R.N.:- Por otra parte, la oposición no acompañó el último pedido de reajuste de tasas del gobierno. Indudablemente, esto ha resentido en cierta forma al erario municipal. No obstante, creo que se ha llevado una política de equilibrio fiscal. Y no se puede decir que la municipalidad dejó de ser sustentable. - La oposición dice que no puede acceder a la información sobre la gente que trabaja en cada área.L.P.:- Que exista esa información es una cosa; que ellos no hayan accedido es otra. En realidad, no es lo que pidieron puntualmente en el Concejo. R.N.:- La respuesta del Ejecutivo se ajustó al pedido de los concejales, pese a que ellos hablen de que no es satisfactoria. Por otra parte, no conozco que en las gestiones anteriores se haya dado una respuesta del Ejecutivo a pedidos de informe de esta naturaleza. Creo que es la primera vez. L.P.:- Pero vayamos más allá de los pedidos de informe. No digo que no los hagan, pero bien podrían traspasar esta formalidad y acercarse al funcionario que está en posesión de los datos. En este sentido, hasta el momento no he recibido en mi oficina la visita de los concejales de la oposición. Y es una lástima que así sea. Porque así podrían sacarse todas las dudas. Y llegado el caso discutir personalmente las cosas. - ¿No creen que todos estos datos deberían estar al alcance de todos los contribuyentes, ya que la tecnología hoy hace posible esto?R.N.:- El acceso a la información pública es un derecho ciudadano. L.P.:- Es interesante este planteo. Y es cierto, algo se puede hacer para mejorar lo que hoy tenemos... R.N.:- Al margen de esto, hay que decir que los decretos del Ejecutivo aparecen publicados en la página web de la municipalidad. L.P.:- Digamos que este servicio no existía antes. Pero hay que mejorarlo. A veces los tiempos y los recursos prácticos son perversos para la publicación de la información. Pero decir que ésta no existe y que a ella no se puede acceder es falaz. R.N.:- Hablamos de una publicación de datos dentro de lo que permiten el sigilo y la prudencia. Porque me parece que en algunos casos se impone una reserva lógica. Ya que no todo puede estar a la vista del público. - ¿Creen que hay plafón político para que salga el proyecto de regulación de ingreso de personal? R.N.:- Por supuesto. Nosotros aspiramos al consenso. Si el proyecto de ordenanza del Ejecutivo puede ser enriquecido, mejor. Incorporaremos lo que haga falta. Podremos disentir con las opiniones que los concejales han vertido públicamente. Pero esto no significa que del intercambio no se logren denominadores comunes (...) Por lo menos ya tenemos un proyecto sobre el cual poder discutir y eso es ya un gran avance. Nosotros no queremos mirar tanto hacia atrás. Tenemos que poner la mirada hacia adelante. Y avanzar en una cuestión tan sensible. Y queremos saber la opinión que el Sindicato de los trabajadores tiene sobre este tema (...) Estamos hablando de diálogo en procura de consensos. No de imposición de ningún proyecto (...) La idea es sacar el debate de la discusión política partidaria. Como dice  Borges en El Aleph, del laberinto se sale por arriba. Y en este caso, de lo que se trata es de poner el bien común de la ciudad por encima de cualquier otro interés. L.P.:- Querría agregar, por último, que cuando discutimos sobre la relación gasto de personal-ingresos, no debemos quedarnos con la foto del momento. El Estado es una continuidad en el tiempo.  Su actual perfil es además resultado de políticas anteriores. La municipalidad no se inventó en diciembre de 2007. Por tanto sería prudente tener una mirada más global e histórica -que incluya la autocrítica- sobre esta institución.