Riganti, Hassell y compañía por ahora sin juicio: fue suspendida la elevación

Carlos Riera La figura central de la discusión fue Sergio Avero, el actor civil que fue designado durante la intendencia de Darío Benedetti para representar los intereses de la Municipalidad. El problema que se suscitó ahora es que, tras el cambio de gobierno, Avero renunció a su trabajo pero por una disposición legal debía seguir presentándose al proceso. Miguel Ángel Cullen, el defensor del empresario Néstor Hereñú, que realizó la obra de asfaltado en supuesto sobreprecio, fue el que tiró la piedra y que el resto de los defensores recogieron. Este abogado, en el inicio de la audiencia de elevación a juicio, propuso la suspensión de la audiencia porque Avero “carece del mandato conferido por el municipio de Larroque”. “No es el abogado que el municipio y el Concejo Deliberante quieren designar para que esté en este juicio. Representa a un Intendente y a un cuerpo legislativo que le han dicho que no quieren que sea su abogado”, indicó Cullen mientras reafirmaba la necesidad de suspender la audiencia de remisión. Incluso cuestionó al juez de Garantías, Tobías Podestá, en que no puede decidir –con el consentimiento de seguir con la audiencia – quién va a representar al municipio de Larroque. Fabián Otarán, el defensor del ex secretario de Hacienda de la gestión Riganti, Norberto Marchesini, también adhirió a los dichos de Cullen, y remarcó “la gravedad de la situación”. “Vemos con preocupación la intención de incorporar la figura del actor civil al proceso”, mencionó el letrado, que afirmó que “ni el doctor Avero quiere estar porque ha renunciado”. “Suspenda la audiencia y reconozca los tiempos políticos que tiene la causa”, requirió. Estos tiempos políticos a los que hizo mención Otarán tiene relación con la designación de un nuevo abogado, que reemplace a Avero. El actual intendente, Leonardo Hassell, se excusó de designar a un representante de la Municipalidad por estar involucrado en la causa y dejó esa responsabilidad en manos del Concejo Deliberante, que este miércoles por la noche realizó una sesión extraordinaria para nombrar una persona que represente los intereses comunales en un futuro juicio. Daniel Garbino, representante legal de Riganti y Hassell, adhirió a sus antecesores y trató de comprometer a la Fiscalía en su rol de “custodio de la legalidad” para que también pidiera la suspensión de la audiencia. El representante del Ministerio Público, Lisandro Beherán, no recogió el guante y elegantemente cintureó: “se me piden atribuciones que no tengo por lo cual ninguna opinión puedo verter porque excede mi competencia”. El Fiscal sólo cuestionó que una nueva suspensión iba a dilatar nuevamente la causa y por ello requirió mayor celeridad. También criticó a Garbino que trató de meter a la política en el proceso judicial argumentando que la presencia de ElDía era para poner en primera plana las imágenes de Riganti y Hassell. Sobre ello dejó en claro que se ha sido permisivo para que los tiempos judiciales no entorpecieran a los políticos antes de las elecciones. Avero también se metió en el barro y dejó bien en claro su oposición a seguir con el proceso. “Me sorprendió la resolución que me obligaba a comparecer en esta audiencia” y “en lo personal me genera violencia moral estar aquí”. “Se me produce una situación de conflicto y sólo estoy presente por respeto”, agregó. Fueron estas palabras las únicas suficientes para que el juez Podestá resolviera luego de un cuarto intermedio suspender la audiencia. Los alegatos del resto de los abogados no tuvieron la fuerza suficiente para que se tomara esta medida porque la renuncia ya había sido discutida en otra audiencia, pero sobre lo expuesto por Avero, Podestá declaró que “me encuentro ante una muralla legal”, en referencia a la violencia moral que esgrimió el actor civil. Ahora todo continuará el jueves 13 de febrero de 2020. Se dictó un cuarto intermedio hasta entonces y se retomará la audiencia desde este punto que se discutió hoy, ya con la presencia de un nuevo abogado que represente a la Municipalidad de Larroque. La causa El municipio de Larroque celebró con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación un Convenio Único de Colaboración y Transferencia a través del cual la Municipalidad recibió de ese organismo nacional asistencia financiera para la construcción de 14 cuadras de pavimento. Previo concurso de precios, la obra fue adjudicada a la empresa OIC SA. La auditoría realizada sobre dicha contratación dio origen a la denuncia penal realizada en 2017 por el entonces Intendente Benedetti por Fraude a la Administración Pública Nacional ante la Fiscalía de Gualeguaychú. El caso tuvo amplia repercusión nacional porque Benedetti decidió devolver el aporte de la Nación, ya que la obra se contrató por 14 millones de pesos, pero que el costo real era de 5 millones, por lo que la sobrefacturación era del 180%. También se dijo que se habían facturado cordones cuneta y badenes construidos por anteriores administraciones municipales. Los imputados por la Fiscalía fueron Raúl Riganti (exintendente de Larroque y actual diputado provincial), Juan Carlos Rochelle (exsecretario de Obras Públicas del municipio), Leonardo Martín Hassell (exsecretario de Gobierno y electo Intendente) y Norberto Miguel Marchesini (exsecretario de Hacienda) y Néstor Hereñú (directivo de OIC SA).