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Sacerdotes, abogados y estudiantes, entre los testigos a declarar en el juicio a Rivas

El lunes 1 de abril, y durante 12 audiencias, se desarrollará en los Tribunales de Gualeguaychú uno de los juicios más esperados por la opinión pública. El abogado, periodista, historiador, dirigente deportivo y hasta excandidato a Gobernador y a Intendente, Gustavo Rivas, será enjuiciado por la acusación de 12 presuntas víctimas.   Carlos Riera   Gustavo Rivas no es un hombre común en Gualeguaychú. Debe haber muy pocas personas que no lo conozcan. Es que este hombre de 73 años estuvo vinculado a muchas instituciones a lo largo de su vida y se preocupó por nunca pasar inadvertido. Fue dirigente de la Federación Entrerriana de Básquet, en el club Neptunia, miembro del Concejo Deliberante, ex candidato a Gobernador por la Ucedé en 1987 y a intendente de la ciudad por un partido vecinal en 1991, integró durante años la Comisión de Carrozas Estudiantiles y escribió un libro sobre el Carnaval del País en sus orígenes, entre otras tantas cosas. Tiene uno de los estudios de abogados más reconocidos de la ciudad y durante su actividad jurídica actuó en varios casos relevantes. Uno de los más conocidos fue la causa Tesorería municipal, donde defendió la actuación del contador Pedro Pomés, quien resultó absuelto. Pero ahora le toca estar del otro lado de la mesa, imputado de 12 hechos de corrupción de menores y promoción de la prostitución, supuestamente ocurridos en las últimas cuatro décadas. Estas presuntas víctimas de Rivas eran menores de edad al momento de los hechos y hoy muchos de ellos son padres de familia que decidieron acompañar la denuncia que realizó la revista Análisis bajo el título “Los abusos del doctor” a fines de julio de 2017. “Los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2 mil adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010?, escribió el periodista Daniel Enz en la publicación, que en cuestión de horas quedó agotada en los kioscos de Entre Ríos. Fue sin dudas una bomba periodística. Pero para el Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú se convirtió en un problema. En primer lugar se debió actuar de oficio, porque no había denuncia de ninguna víctima, por lo cual se tuvo que investigar para localizar a las presuntas personas que se sintieron vulneradas por Rivas. Esta fue la tarea más ardua de los fiscales Lisandro Beherán y Martina Cedrés, porque habían transcurrido muchos años de los hechos y cuando dieron con las personas, que habían sido mencionadas o aparecían en las fotografías o videos secuestrados en la casa del imputado, muchas prefirieron no hablar y continuar con sus vidas. En una publicación de ElDía, en marzo del 2018, titulada “Las secuelas psíquicas no fueron tan dañinas como la publicación”, se expuso sobre esta problemática. Muchas de las personas que fueron llamadas por la Fiscalía “prefirieron mantenerse en el anonimato, porque han naturalizado la supuesta situación que vivieron sólo por su rol de activos. Incluso han admitido que la denuncia pública y la mediatización los perjudicó más que el hecho en sí, porque quiénes sabían que eran habitués en la casa de Rivas, los señalan con el dedo y hasta se burlan”. Como la conducta abusiva no era agresiva y no había sometimiento, sumado a la concepción de la sociedad que no condena “porque iban los que querían”, muchos no se reconocieron víctimas del accionar denunciado. Por eso, no fue una tarea fácil para la parte acusadora llegar a contar a 12 presuntas víctimas de las “más de dos mil” que señalaba la publicación de Análisis. De todas formas, sólo un caso basta para llevar a juicio a una persona acusada de abusos. Lo que ahora se deberá tratar de demostrar es si los supuestos hechos cometidos “entre 1970 y más allá del 2010” no están prescriptos.   Las 12 audiencias El juicio que comenzará el 1 de abril volverá a captar la atención de todos los medios de comunicación del país. Sucedió cuando salió a la luz el caso y cuando bajó la espuma mediática todo volvió a la normalidad en Gualeguaychú. Incluso, el caso Pastorizzo eclipsó este otro hecho, a tal punto que las caminatas diarias de Rivas por la plaza San Martín pasaron desapercibidas para muchos periodistas que montaban guardia en los Tribunales a la espera de cualquier novedad en el caso que terminó con la condena de Nahir Galarza. Ahora volverá la efervescencia de los medios nacionales por el caso que conmocionó a la opinión pública nacional, por la magnitud de la denuncia y los gigantescos números de víctimas. Las audiencias fueron programadas para el 1, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril. Será un juicio extenso y de mucha carga probativa. Para acelerar los pasos, ya habría acuerdo entre las partes para el primer día de incorporar por lectura diferentes informes que fueron requeridos para confirmar la participación de Rivas en instituciones, guarderías de lanchas, línea telefónica fija y la titularidad de los inmuebles que se mencionan en la causa. Pero además de las 12 supuestas víctimas, habrá un gran número de personas que serán convocadas a declarar como testigos. Hay personal y exestudiantes del Instituto Agrotécnico que habría concurrido a la casa de Rivas, y personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) que habría visto actitudes de menores que años atrás pasaron por alto. “Se ha citado gente que si bien no fueron presenciales directos sabían que iba con el auto lleno de chicos a su casa de Pueblo Belgrano y los hacia esconder. Cuando vivía en la calle Urquiza los hacia subir por 3 de Febrero a un auto, esconderse para que no los viera la Policía y los llevaba a Pueblo Belgrano. Tenía una situación de ingreso similar a la casa de la calle Mitre, para no despertar tantas sospechas”, contó la fiscal Martina Cedrés. “Hay sacerdotes, que por su trabajo en los barrios tenían conocimiento de situaciones particulares de chicos que volvían con mejor ropa y decían que era porque iban a lo Rivas. Eran chicos de bajos recursos, con grandes falencias intrafamiliares, en esa época eran los padres quienes debían realizar las denuncias. Toda esa gente, que tiene conocimiento porque vio a los chicos o porque alguien les contó, no supo qué hacer. Una mamá que declara como testigo víctima fue a ver un abogado a que lo asesorara para hacer la denuncia, después ella habló con otra persona y decidió no hacerla para no exponer a su hijo”, agregó la encargada de la investigación penal. Los sacerdotes son dos y oriundos de Gualeguaychú, y si bien actualmente no están en la ciudad en aquellos años realizaban catequesis y asistían a las familias carenciadas. “En ese ámbito tomaban conocimiento de que había chicos vulnerables social y económicamente,  que adquirían ropa nueva y ellos mismos les comentaban que iban a lo Rivas y mantenían relaciones; y sus padres por estar en situación de calle no daban importancia a lo que les sucedía a sus hijos”, relató Cedrés.   Mirar para otro lado Alfredo Vitale es uno de los dos querellantes –junto a Estela Esnaola– que actuará en el juicio en representación de una de las doce víctimas. “Sufrió un daño inconmensurable en su salud. Actualmente tiene problemas psicológicos y eso le ha impedido muchas veces desarrollar su vida con normalidad. Ha sido contenido por su familia y debe estar asistido por profesionales de la salud”, indicó sobre el hombre que decidió radicar la denuncia en Nogoyá ante el fiscal que llevaba adelante la investigación por lo ocurrido en el monasterio, para evitar ser identificado en Gualeguaychú. “Es bueno que se llegue a juicio en una causa así, porque independientemente de que debe haber un Tribunal que juzgue, condene o absuelva al acusado –estará presidido por Alicia Vivian–, para las personas que son víctimas en este tipo de delitos es bueno ver que la Justicia funciona”, comentó el querellante. “Muchos preguntan por qué tardaron tantos años en hablar y contar, y yo digo que hay que ponerse en el lugar del otro, en situación, porque hay estudios que dan cuenta que las personas víctimas de Trata o de este tipo de delitos tardan años en poder sacarlo a la luz. Incluso muchos mueren y nunca lo dicen porque les resulta un tema muy difícil”, agregó. “A esta persona le llevo muchos años de su vida. Es terrible lo que le sucedió, pero es sano para la sociedad empezar a ver otras cosas y no ser hipócritas, de meter la basura debajo de la alfombra y solo preocuparse por delitos patrimoniales. Porque hay mucha gente que se desespera y hace causa propia cuando se roban una vaca, pero por cuando se habla de Trata de personas o corrupción de menores no hacen nada y miran hacia otro lado”, cuestionó Vitale.   Las partes involucradas El Ministerio Público Fiscal, que tendrá al coordinador de fiscales Lisandro Beherán sentado en el juicio, buscará que el acusado sea condenado por la máxima que establece el Código Penal de 25 años para los delitos que se le imputan. Mientras que por el otro lado, el abogado defensor Raúl Jurado aducirá que los hechos endilgados a su cliente ya están extintos y por lo tanto deberá ser absuelto. La lucha de intereses estará centrada en cada una de las pruebas que serán presentadas en el debate, que la defensa tratará de poner en crisis para derribar la acusación. Por lo pronto, Rivas llega al juicio en libertad, en la misma condición por la que transitó toda la etapa investigativa. Fue citado a declarar como imputado en siete ocasiones y en cada una de ellas siempre refirió lo mismo: que se abstenía de declarar por no conocer la identidad de las 12 personas que lo acusaban. Fue recién en la audiencia de elevación a juicio que su abogado le solicitó al juez de Garantías Tobías Podestá conocer los nombres de aquellos que habían declarado bajo identidad reservada, con la excusa de que era de vital importancia para la estrategia que la defensa utilizaría en el juicio. Esta petición le fue concedida y es clave para su defensa en el debate.

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