El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) expresó su alarma por el anuncio de la presentación de una iniciativa que pretende eliminar el financiamiento estatal a las escuelas públicas de gestión privada.El gremio adelantó que realizará "todas las acciones que correspondan en resguardo de la fuente laboral de los docentes privados".Luego de la difusión en medios periodísticos sobre la inminente presentación de un anteproyecto de ley que elimina el aporte financiero del Estado a las escuelas públicas de gestión privada, Sadop expresó "su absoluto rechazo a la iniciativa".La entidad gremial sostuvo que "si la Educación es un bien público, el derecho a su acceso no puede entenderse restrictivamente" y que "fragmentar, dividir u oponer sectores del sistema educativo es ser funcionales a la idea de que no todos tienen derecho a educar o educarse"."Creemos en la libertad de enseñanza y en el trabajo digno para los educadores privados. Este proyecto de ley está pergeñado en contra de los docentes de escuelas públicas de gestión privada representados por Sadop", expresaron más adelante los miembros del Consejo Directivo Provincial, en un comunicado enviado a esta Agencia. En ese sentido remarcaron: "No permitiremos que se avasallen sus derechos ni los derechos de todos a un bien público como es la educación".Aclararon que "el aporte estatal a las escuelas públicas de gestión privada es una herramienta de inclusión, desde que supone un esfuerzo económico colectivo dispuesto en función de garantizar la libertad de enseñanza para los padres y alumnos, las instituciones y los docentes. En tal sentido no puede entenderse como un privilegio, ni administrarse de manera contraria al bien común"."Por eso creemos que el financiamiento público de la Educación de Gestión Privada es garantía de acceso a la igualdad de oportunidades. La obligación del Estado de garantizar la educación -que es un bien público en virtud de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 - con independencia del tipo de gestión (estatal o privada) implica la consiguiente obligación de disponer los recursos a tal fin, por lo que el proyecto desconoce o mal interpreta la legislación vigente y la propia Constitución", agregaron.
