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Se reanuda el juicio a los dos médicos acusados por la muerte de un bebé

El 13, el 14 y el 24 de junio se realizaron las tres audiencias por donde pasaron los diferentes testigos convocados por la Fiscalía y las defensas de los médicos Mario Cesar Pralong y Marta Charadía. Por disposición de la jueza Alicia Vivian, se fijó para este lunes la última audiencia con la realización de los alegatos de clausura, donde se conocerán los pedidos de pena por parte de la Fiscalía y querella.

Este hecho llegó a juicio sucedió en el 2012, y es uno de los últimos casos denominados “residuales” que se instruyó bajo el anterior sistema de justicia. Para esta última audiencia está previsto que arriben familiares y amigos de los padres del bebé Camilo Benicio Alva, que se manifestarán desde temprano frente a Tribunales.

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La familia de Camilo pidió justicia en la puerta de los Tribunales de Gualeguaychú
La familia de Camilo pidió justicia en la puerta de los Tribunales de Gualeguaychú

El caso

El 22 de junio de 2012, una joven madre llevó a su hijo de 18 días de nacido al consultorio de Pediatría del Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain para que la médica pediatra lo diagnosticara. Al revisarlo, la profesional les indicó a la mujer y a la abuela del bebé que el niño presentaba un problema respiratorio. La pediatra le da una medicación y varias señales de alerta para que regresaran en caso que el paciente dejara de tomar la teta o si se agravaba la situación respiratoria.

Durante el resto del día, el bebé reaccionó bien a la medicación, pero el sábado dejó de tomar el pecho y comenzaron a notar que estaba agitado. El abogado querellante, Darío Carrazza, relató lo sucedido posteriormente: “Se lo llevó al hospital, lo atienden en la guardia de una manera muy escueta (Pralong), le hacen una nebulización y la mandan a la madre a la casa con la medicación que le había dado la pediatra. A la noche el bebé empieza ponerse azul en momentos que lloraba mucho, seguía sin tomar la teta y esto alarmó a la familia. Llamaron a la pediatra (que lo había atendido en un primer momento y medicado) pero en ese momento estaba con su hija convulsionando y le dice a la madre que se vaya a la guardia (del Hospital) porque era un caso grave y que la iban a tener que derivar a neonatología en Gualeguaychú”.

Carrazza contó que para despejar dudas, “una tía de la mamá del bebé llamó al médico de sus hijos, un pediatra que atendía de manera privada y en un centro de salud barrial y le dice exactamente lo mismo, que era un caso grave, que vayan a la guardia porque los iban a tener que derivar a Gualeguaychú”.

“Ellos concurren a la guardia y allí lo atiende otra profesional (Marta Charadía) y después de examinarlo un rato largo, de hablar con la madre y la abuela, le diagnostica una otitis y gases intestinales y le dice que le den Factor AG, y que sigan con la medicación de la pediatra. Ellos insistieron y comentaron la charla con los dos pediatras, pero la médica les dijo que se quedaran tranquilas. Fueron a la casa, trataron de dormirlo y después de un rato lograron que se durmiera. Al otro día, a las 7 de la mañana, la abuela se levanta a ver cómo estaba y lo encontró fallecido”, relató el querellante.

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La familia de Camilo pidió justicia en la puerta de los Tribunales de Gualeguaychú
La familia de Camilo pidió justicia en la puerta de los Tribunales de Gualeguaychú

Los padres concurrieron con su hijo fallecido al Hospital y les indicaron que se había tratado de una muerte súbita. Este diagnóstico no convenció a los padres porque el niño había concurrido tres veces al nosocomio y presentaba una patología. Ante ello decidieron realizar una denuncia y por consecuencia se ordenó realizar una autopsia para despejar dudas.

El examen forense lo realizó el jefe del servicio Luis Moyano, quien dictaminó que una bronconeumonía había sido causal de una falla multiorgánica y del paro cardiorrespiratorio. “Se concluye que no fue acertado el diagnostico ni el tratamiento que se le dio al chico”, indicó Carrazza.

Pralong y Charadía enfrentan una imputación de Homicidio Culposo, por una violación del deber de cuidado de los profesionales. Esta acusación prevé penas que van desde uno a cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión de cinco a diez años. Generalmente, cuando ocurren este tipo de hechos, la Justicia aplica condenas de ejecución condicional menores a los tres años.

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