"Sea el Estado o los privados quienes asuman el costo, el producto debe ser accesible para todos los pacientes"

El uso del producto de la planta de marihuana es cada vez más utilizado por pacientes que buscan, muchas veces sin ningún tipo de asesoramiento profesional, calmar dolencias o diversos tipos de afecciones. También es cierto que, en los últimos años, son muchos los médicos que empezaron a interiorizarse sobre esta creciente demanda social. Justamente a esto último apuntó la jornada realizada, este miércoles, en el salón principal del Instituto Magnasco, por la Faculta de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Marcelo Morante es coordinador de la capacitación médica de la Secretaría de Salud y profesor de la Facultad de Medicina de La Plata, y Patricia Saidón conforma la División Neurología del Hospital Ramos Mejía y es parte de la cátedra de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambos dialogaron con ElDía y, pese a tener cada uno su enfoque sobre el tema, coincidieron en la necesidad de generar un producto seguro, accesible y estandarizado, lo que, necesariamente, exige un mayor compromiso por parte del Estado. Más y mejor articulación “Promisoriamente, los productos con base de cannabis han demostrado efectividad en el dolor, en encefalopatías epilépticas y en el tratamiento de la espasticidad ligada a la esclerosis múltiples. Aunque, no tienen los mismos componentes, son productos diferentes según el caso”, aclaró de entrada Saidón, para delimitar el campo de lo científicamente probado del meramente experimental. “Debemos tener productos de la calidad necesaria y accesibles a la gente. Pero para llegar a algo de calidad hay una serie de factores que la fabricación casera no puede garantizar. Debemos tener estudios, desde las buenas prácticas médicas, que demuestren eficacia y seguridad”, remarcó la profesional, quien además demandó “mayor articulación” al Estado respecto a las instituciones que lo integran, como el INTI, el INTA, la ANTMAT, el Conicet y los propios médicos. “Si hubieran empresas, como cualquier farmacéutica, que desarrolla el producto, el Estado, a través de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, debe garantizar el control, como pasa en Inglaterra con el NICE (Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido), que es el organismo responsable de evaluar y definir si el mismo ingresa en el sistema de salud inglés”, ejemplificó. “Sea el Estado o los privados quienes asuman el costo, el producto debe ser accesible para todos los pacientes”, resumió Saidón, tras su ponencia. El médico capacitado Marcelo Morante también es médico y docente, además trabaja para la Secretaría de Salud de la Nación. En 2014 viajó a Canadá a capacitarse en el uso del cannabis medicinal, y desde entonces tiene una idea bien definida: “Capacitar al médico es la gran herramienta reguladora”. “La sustancia tiene que ser regulada, pero más allá de eso el gran regulador debe ser el médico, que es el que interpreta y define qué es el cannabis medicinal: un producto estandarizado y con calidad”, sintetizó. Pasados más de cinco años de aquellos primeros pasos, Morante considera que en la actualidad del Hospital Pediátrico Garrahan “es un sueño cumplido”, porque “es una institución pública, de excelencia para todo Latinoamérica, y tiene al mejor epileptólogo, el neurólogo Roberto Caravallo –que también fue parte de la jornada–, al frente de un proyecto de investigación en el que involucran el uso de cannabis medicinal estandarizado”. “Hay que tener en cuenta que el cannabis medicinal que hoy asiste a nuestros pacientes, vía trámite de ANMAT, cuesta en promedio 500 dólares el frasco. Es indudable que es muy difícil acceder a un antiepiléptico a ese valor”, indicó. “Argentina tiene que trabajar en un cultivo nacional para tener un producto a bajo costo. Pero es un proyecto a largo plazo, por lo que considero que lo inmediato, la respuesta primera, es garantizar el acceso”, insistió Morante. ¿Cómo acceder en la actualidad? “Hoy por hoy, si uno tiene epilepsia refractaria –es la única patología considerada por la ley– y cuenta con la indicación médica, tiene dos caminos posibles: el paciente paga lo que sale e ingresa el producto al país, previa autorización de la ANMAT; o, se puede incorporar a un registro que lo involucre en un proyecto de investigación, pero existen criterios de acceso que hacen que no sea tan sencillo, lo que termina siendo una barrera”, cuestionó el docente universitario. Y, por último, consideró “una urgencia” generar ese producto seguro y de calidad al menor costo posible. Para lo que “hay que rediscutir el marco legal, necesariamente”.