Según una encuesta local, familias con hijos con discapacidad no pueden pagar las terapias

A través de la ONG TGD Padres TEA Gualeguaychú, que nuclea a familias de personas con autismo de diversas zonas de la ciudad y de distintos estratos sociales, Ahora ElDía accedió a datos reveladores acerca de las situaciones que atraviesan en la actualidad. De una encuesta que realizaron, se desprende que en la gran mayoría de los casos quienes padecen una discapacidad son niños y que, en algunos casos, hay dos hijos con discapacidad dentro de la misma familia. Además, lo preocupante es que a la mayoría de los consultados nunca le otorgaron la pensión por discapacidad o directamente no la tramitaron producto de los filtros para poder cobrarla.

Carina Leonardi, referente de la ONG, detalló en profundidad la situación actual a raíz de los testimonios recogidos de varios padres de la organización: “El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad atraviesa una situación crítica debido al desfasaje sostenido entre los valores del nomenclador y el aumento general de costos (inflación)”.

En este aspecto, recordó: “Entre enero y septiembre, no hubo aumentos (nueve meses consecutivos), lapso en que los precios subieron de manera constante. En tanto, de octubre a diciembre se obtuvieron aumentos parciales, con un total anual aproximado del 30%, pero al haber estado congelado durante tanto tiempo, el incremento no fue significativo, más bien pareció un chiste: fue tardío, insuficiente y concentrado en el último trimestre”.

Y este año lejos de recomponerse la situación, según Lonardi, sigue empeorando: “En lo que va del 2026, en enero no hubo aumento, mientras que en febrero, marzo y abril sí los hubo, pero fueron bajos, lo que da como resultado un total acumulado del 12%. Ahora, las actualizaciones son más frecuentes, pero insuficientes frente a la inflación, ya que es mínimo lo que aumenta. El atraso continúa, se profundiza y repercute con un gran impacto en el sistema, ya que el desfasaje genera consecuencias directas: dificultad para sostener servicios y equipos profesionales, reducción o interrupción de tratamientos, pérdida de prestadores, sobrecarga de las familias, deterioro en la calidad de atención y falta de medicamentos. Las personas con discapacidad no pueden desaparecer del mapa”. Y agregó: “Los prestadores que estaban sosteniendo el sistema, es decir esperando 60, 90 y hasta 120 días o más para cobrar su trabajo, ahora no pueden hacerlo sumado que a las familias no les alcanza el dinero para pagar las terapias. Además, muchos están perdiendo sus empleos. Esto afecta directamente la inclusión educativa y social, como así también la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Otro inconveniente que marcó Leonardi involucra a las obras sociales: “Los prestadores que esperan el pago de la obra social más de una vez se encuentran con que deben guardar la documentación de un mes a otro porque el nomenclador subió menos de 1.000 pesos la hora, por ejemplo. Pero como el importe es mayor al del mes anterior, la obra social no recibe la documentación, respondiendo que el importe es mayor al autorizado y modifican los valores después del 10, que es hasta cuándo se puede cargar la información. El sistema presenta un atraso estructural que compromete su funcionamiento. Hay centros que ya no pueden sostenerse. La política de actualización arancelaria no logra acompañar la inflación y necesitamos que garanticen la sostenibilidad del sistema y que aseguren el acceso efectivo a las prestaciones. Hoy en día, hay familias que aún están esperando que les autoricen los planes de prestaciones presentados en febrero, lo que implica que no cuentan con los apoyos solicitados, ya sean tratamientos o acompañamientos escolares, porque hasta que no tienen la autorización no pueden acceder, aunque la obra social dispone de un tiempo de cinco días hábiles para responder, si la familia no presenta una intimación o recurso de amparo en muchos de los casos la falta de respuesta es indefinida. También hay quienes han dejado de contar con obra social por haberse quedado sin trabajo. En nuestro grupo pedimos que existan estadísticas claras, reales, pero los números no aparecen, siempre son aproximaciones y según la conveniencia del Gobierno, así que decidimos hacer una consulta para saber quiénes cuentan con pensión, porque parece que la mayoría o todas las personas con discapacidad tienen este beneficio y la realidad no es así. Nuestro trabajo nos da que la mitad de las familias no ha iniciado el trámite para adquirir la pensión, un 23% lo hizo hace 3 años o más pero no ha tenido respuesta. Y un porcentaje muy bajo ha recibido pensiones estos últimos años”.

Finalmente, sobre las modificaciones que presentó el Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad que no está cumpliendo, Leonardi cuestionó: “Uno de los grandes desequilibrios que persigue el nuevo proyecto es erradicar el nomenclador nacional, con lo que cada provincia y cada obra social podría poner su valor a las prestaciones y obviamente que siempre es a menos, no se reconoce el valor de los servicios de prestaciones básicas. Toda vida es valiosa fue el lema para el 2 de abril por la OMS y más aún si esta vida necesita apoyos. La discapacidad no está para ser vulnerada e ignorada, sino para humanizar a las personas y a la sociedad”.