INCERTIDUMBRE POR LAS MEDIDAS ECONÓMICAS
“Si no hay subsidios, no hay transporte”: Una vez más está en peligro un sector del que dependen 70 familias
Este domingo Javier Milei asumirá como presidente de la Nación. La quita de subsidios fue una promesa de campaña y parte del recorte que prometió el libertario. En Gualeguaychú, 70 familias dependen directamente del sector y cerca de 40 de forma indirecta.
La Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a las empresas de colectivos del interior, hizo público un comunicado en que advirtió sobre la situación crítica que el sector atraviesa y sobre las graves consecuencias que tendrán las quitas de subsidios en las que trabaja el gobierno electo.
En ese documento, se propuso definir una tarifa única para todo el país de $550 y se reclamó que el Estado asista a quienes no pueden pagar ese boleto mínimo, pero "asegurando que el subsidio se dirija a la demanda, mientras se permite que la oferta trabaje sin distorsiones".
En la misiva, la entidad advirtió que podría tomar medidas de fuerza, incluyendo paros progresivos que podrían afectar a más de 10 millones de personas. "Las decisiones políticas sin bases técnicas, ni sustento jurídico, han deformado el sistema en los últimos años, afectando gravemente a las empresas de colectivos del interior", sostiene el documento.
Ricardo Delcause es transportista hace 27 años y, aunque está jubilado, es gerente de Buses Gualeguaychú, la firma que heredó a sus hijos. También es parte de la Asociación Transporte Automotor Pasajeros de Entre Ríos (ATAPER), que conforma la FATAP.
Sobre la situación en la ciudad, el empresario dejó claro que “con estos costos operativos, si no hay subsidio no hay transporte” y respaldó el comunicado de la FATAP, federación que representa al interior del país.
En diálogo con Ahora ElDía, Delcausse habló de una situación extremadamente complicada y para graficarla citó un estudio realizado desde FATAP que expone la relación entre los subsidios y los ingresos por tarifa de los últimos ocho años.
“Mientras que en el 2015 la relación era 72% de subsidios y 28% de recaudación, en 2016 bajaron los subsidios al 62% y aumentó al 38% la recaudación”, según este estudio. Durante los años siguientes los valores fueron similares y desde el 2020, año en que comenzó la pandemia por el Coronavirus, “la relación se sostuvo en el 87% de subsidios contra el 13% de recaudación”, indicó el transportista de la ciudad.
“En esta situación es muy complejo pensar en que pueda continuar el transporte público sin los subsidios. Porque no sólo aumenta todo, nos pasa que no conseguimos insumos ya, porque están en valor dólar y son importados”, cuestionó. Y abrió la posibilidad a que, ante el anunciado recorte a nivel nacional, sea la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Gualeguaychú las que se hagan cargo de sostener el servicio público de pasajeros.
Esta situación se torna aun más compleja con el valor del boleto. Días pasados, el Concejo Deliberante aprobó el aumento que llevó la tarifa de los $130 a los $200. Pero, luego del aumento del precio del gasoil esté “quedó atrasado otra vez”, expuso el entrevistado. Quien, además, indicó que, de quitarse el subsidio al transporte, la tarifa debería ser de $810.
En la actualidad, las tres empresas de colectivos que funcionan en la ciudad -Buses Gualeguaychú, El Verde y Santa Rita- emplean a 70 personas aproximadamente en forma directa. A este número de familias hay que agregarle cerca de 40 trabajadores que son empleados en forma indirecta, como los mecánicos, vidrieros, etc.
“Las compensaciones tarifarias y las asistencias mediante atributos sociales simulan la realidad de ingresos insuficientes a causa de contratos incumplidos, recayendo sobre las empresas los riesgos, los costos y las responsabilidades legales, sin que el Estado asuma las suyas, distorsionando los valores de los ingresos (tarifas) que resultan necesarios para el cumplimiento de los compromisos propios de la actividad”, indica el comunicado de FATAP. Y cuestiona el “esquema de ficción”, por el cual “las empresas no pueden cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios, aguinaldos y demás costos laborales, así como tampoco pueden atender la compra de combustibles a causa de los sucesivos incrementos en sus precios”.
“Ni siquiera durante la crisis del 2001 estuvimos como ahora. Durante muchos años y en todo el país se hizo política con el transporte, hoy la situación es insostenible”, resumió Delcausse.