
El proyecto de ley que reglamenta la actividad de la seguridad privada, comunmente denominados "patovicas" sigue en comisión. Su autor, el senador Oscar Arletazz (PJ-Colón), confirmó a
RecintoNet que hubo avances en su redacción, aunque el texto no llegó aún al recinto.Para el legislador "es pertinente pensar en su sanción para que Diputados pueda tratarlo. Queremos tener la certeza de que está regulado un sistema que está relacionado con la seguridad de nuestros hijos", precisó el senador y no descartó que en las próximas semanas haya un pronunciamiento del cuerpo sobre su propuesta.Recordó que el objetivo de su iniciativa es "regular y registrar la actividad de los patovicas, entendiendo como tales al personal civil que desempeña tareas de seguridad". El proyecto busca ponerle un coto a la violencia injustificada en los espectáculos públicos y privados, en especial en los boliches, donde los jóvenes son víctimas del accionar de personas, que a pesar de estar encargadas de la seguridad, en la mayoría de los casos no cuentan con la preparación necesaria.También intenta regular la actividad de los patovicas, con la consecuente creación de un registro y la implementación de un curso de capacitación obligatorio para quienes trabajen o deseen trabajar como guardia de seguridad.En caso de avanzar el proyecto, los patovicas tendrán que presentar certificado de antecedentes penales, no ser personal activo en una fuerza de seguridad y acreditar aptitud psicológica. También se anotarán en un registro único, capacitarán en derechos humanos y estarán identificados con una credencial. Además no podrán portar armas, deberán ser mayores de 21 años y empleados bajo relación de dependencia laboral directa de la persona o empresa titular del lugar de entretenimiento o, en su caso, de una empresa prestadora del servicio. Asimismo, los custodios deberán contar con dos años de residencia efectiva en la provincia y haber cumplido con la educación obligatoria. Por último, entre las prohibiciones se establece que no podrán desempeñarse en la actividad personas condenadas por delitos de lesa humanidad o exonerados de las fuerzas de seguridad.La ley obliga a los locales a contar con un controlador cada 80 personas, a contratar un seguro que cubra los eventuales daños ocasionados a los concurrentes y a terceros, y tener un libro de novedades rubricado por la autoridad de aplicación. De la misma manera, los locales que cuenten con sistema de grabaciones deberán conservar las cintas por 90 días, en tanto que las causales de admisión y permanencia que se fijen deben ser colocadas en un lugar público.El proyecto de ley prescribe que las personas podrán ser retiradas de los lugares cuando tengan actitudes violentas, provoquen disturbios, estén alcoholizadas o con evidentes síntomas de haber consumido sustancias alucinógenas o estupefacientes. Si el concurrente está ebrio, los custodios deberán alertar a personal municipal en el lugar para evitar situaciones que pongan en riesgo su persona o la de terceros, como por ejemplo que se retire del lugar conduciendo un vehículo. También podrá ser retirada una persona por portar armas, pirotecnia o símbolos de carácter racista o xenófobo.