Así lo confirmó el contador del ente local, Alfredo Darré. En diálogo con ElDía, aseguró que si la Justicia da marcha atrás con los incrementos en la tarifa, "la provincia entraría en una emergencia energética". Las pérdidas serían millonarias.
Mónica Farabello Tras los aumentos en la tarifa eléctrica, comenzaron los pedidos en la Justicia para retrotraerlos. De esta manera, se aprobaron dos incrementos: el primero, aprobado y frenado desde el 2014, y en segundo lugar, la suba aprobada por el gobierno actual, tras la quita de subsidios.Actualmente, la Justicia analiza seis amparos que fueron interpuestos para no asumir el pago de las nuevas tarifas. De concretarse y masificarse este freno, el impacto económico podría complicar las cuentas de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad y de las demás cooperativas de la provincia. Las cooperativas reunidasElDía consultó al contador de la Cooperativa Eléctrica, Alfredo Darré, quien representó al Departamento Gualeguaychú en la reunión del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).El encuentro se realizó ayer en Paraná y contó con la presencia de representantes de las 18 cooperativas de Entre Ríos.Darré, contó que se dialogó sobre dos amparos que dieron favorable para frenar el aumento de la energía.El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia es el espacio donde se analizan los demás pedidos, mientras que desde el EPRE aseguran que "hay costos demostrables" y además ofrecieron "demostrar ante la Justicia el motivo de los aumentos".Al respecto, Darre detalló que el "EPRE sostiene que es suficiente con la autorización del Gobierno Nacional. Ahora hay siete amparos: dos con resolución y cinco sin resolución y todos son sobre la Costa del Paraná". "Todos de acuerdo"El contador de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, aseguró que "en la reunión de Paraná estaban todas las cooperativas. No faltó ninguna. Estaba ENERSA la empresa provincial, estaba el sindicato de trabajadores, estábamos todos de acuerdo. Es una barbaridad que se frene; inclusive estamos de acuerdo en que si se frena, se va a generar una emergencia eléctrica. Si prosperan los amparos, vamos a caer en una emergencia", resaltó Los números de GualeguaychúAlfredo Darré, manifestó que "con la responsabilidad que asumo como administrador, puedo contar que estamos intentando pagar las deudas", y detalló:" la Provincia va a perder aproximadamente 400 millones de pesos por mes si no se autoriza este aumento".En cuanto al impacto económico que esto generaría en Gualeguaychñu, Darré indicó que "en términos económicos y sin grandes facturaciones perderíamos 7 millones de pesos. El problema no es sólo que dejaríamos de percibir esa suma, es que la energía eléctrica que compramos se actualizó con una incidencia del orden del 100%"."A nivel provincial estamos hablando entre 300 y 400 millones de pesos. Es una situación bastante complicada. Nos tiene preocupado desde el Gobernador y para abajo, a todos los funcionarios. Estos amparos se tienen que resolver a la brevedad, no más de cinco o diez días para concluir con el tema". Acta acuerdoAl finalizar el encuentro de cooperativas, se redactó un acta acuerdo en la que los presentes expresaron su respaldo a las resoluciones N° 146/15, 150/15 y 12/16 del EPRE, las cuales entienden que "responden en su totalidad al cumplimiento estricto de lo previsto en el Marco Regulatorio Provincial y a los Contratos de Concesión de cada una de las distribuidoras".Remarcaron también que el objetivo final es "garantizar a los usuarios/consumidores del servicio eléctrico la prestación del mismo y evitar el colapso del sistema energético provincial".Fueron categóricos al descartar la posibilidad de que se dé marcha atrás con el incremento. "No se va a retrotraer la suba. No se puede, porque sería colapsar el sistema eléctrico y la ruina de la provincia, cosa que no vamos a permitir", aseveraron.Qué dice la JusticiaLa Justicia entrerriana volvió a reprochar el mecanismo utilizado por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) al aplicar una suba promedio del 137% en la tarifa eléctrica sin antes haber convocado al mecanismo de audiencia pública, tal cual lo ordena la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico.
