Ciudad |

Sobretasa: Después de un año, se aplicó la norma y generó malestar entre los afectados

En diciembre del 2018 el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece aumentos de hasta 600 % para las tierras ociosas de la ciudad. Esta semana, las facturas de TGI llegaron con el recargo. Hubo colas en el Municipio para efectuar reclamos. Convocan a una asamblea para el lunes próximo.

Mucho se ha hablado del tema. Sobre todo, durante la campaña por la intendencia, el año pasado. La sobretasa para los terrenos considerados improductivos u ociosos (baldíos) generó una importante resistencia, no sólo de los afectados directos –el puñado de privados que ostentan la mayor cantidad de tierras en la ciudad– sino también del arco político opositor. El Ejecutivo apuntó contra la especulación inmobiliaria y, lógicamente, la medida no pasó inadvertida.

Pero fue a partir de este martes que el reclamo vecinal se hizo escuchar con fuerza y rompió el círculo político-mediático que lo contenía. Es que recién a partir de esta semana los miles de propietarios que cuentan con terrenos considerados ociosos recibieron la factura de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) con aumentos que en algunos casos superan el 500 %.

Nada de esto es nuevo. De hecho, la Ordenanza 12.281/18 estipula aumentos que llegan, en los casos de más de 5 hectáreas, al 600 % de lo pagado el año pasado. Pero, también es cierto, que hay muchos terrenos considerados “baldíos” por el Municipio que no lo son.

En diálogo con ElDía, un funcionario que sigue de cerca el tema aclaró: “Las 37 mil cuentas de TGI que hay en la ciudad recibieron un aumento del 40%, en línea con las subas de los últimos años (2015: 42%; 2016: 43%; 2007: 45%; 2018: 36%; 2019: 30%). Pero, entre esos 37 mil, hay cerca 8 mil que figuran como terrenos baldíos en el sistema municipal, y se calcula que cerca 5 mil ya no lo son”. El problema, según la palabra oficial, es que durante el 2019, año que se otorgó para que todos los propietarios regularizaran su situación, este trámite no se llevó a cabo. Es decir: “figuran como baldío y se les aplicó la sobretasa porque si construyeron los propietarios nunca actualizaron los planos, o si están en zonas no aptas para construir tampoco se acercaron al Municipio a blanquear esta situación”, indicaron desde Irigoyen 75.

“Todas estas personas, a las que les llegó un aumento de la sobretasa por baldío y en realidad no viven en un baldío tendrían que acercarse a la Municipalidad y regularizar esta situación en Rentas o Catastro”, agregaron.

Por otro lado, ElDía supo que el Ejecutivo se está ocupando del tema, avaluando cada una de las situaciones planteadas. Hay realidades extraordinarias o excepcionales que van a ser tenidos en consideración, como aquellos terrenos que por diferentes características no se pueden lotear.

Más de 2 mil metros cuadrados: se aplica un 150 % de aumento y, según el registro oficial, son cerca de 800 propietarios en toda la ciudad

Más de 5 mil metros cuadrados: la suba llega el 600 %, y son aproximadamente 900 titulares en Gualeguaychú

Tierras: De la “protección del ahorro” apuntar contra la especulación

Desde junio a diciembre de 2018, la ordenanza por la sobretasa a los terrenos sin construcción tomó el eje central. Desde Planeamiento Urbano aseguraban que se iba a proteger a quien tenga un pequeño ahorro en tierras.

El principal argumento para avanzar en esta norma que entró en vigencia esta semana son las más de 4 mil solicitudes que existen actualmente en el registro municipal de viviendas.

El oficialismo apuntó desde el primero momento a las 400 hectáreas que están, dentro de la zona de promoción urbana, en manos privadas, que fueron calificadas como “terrenos ociosos” pero que cuentan con iluminación, cloaca, agua u otros servicios prestados por el Municipio.

El proyecto planteaba, por un lado, subir los porcentajes que deben ceder al Ejecutivo (del 6% al 12% para el Banco de Tierras) y por el otro, pagar una sobretasa que en los grandes contribuyentes llegará al 1000%. La otra alternativa sería firmar un convenio para el desarrollo de algún proyecto comunitario en el lugar.

Una de las voces más fuertes que se oyó fue la del arquitecto Domingo Carrazza, quien se opuso fervientemente a la ordenanza, al igual que Damián Fisher, titular del Colegio de Corredores Públicos.

Fischer planteó la preocupación de su sector “por forzar al privado a vender”, ya que “no todos los terrenos son factibles y viables para desarrollar loteos, y no todas las zonas de la ciudad son requeridas”.

Finalmente, en diciembre de 2018, y tras varios meses de debate público y mediático se aprobó la ordenanza anunciando que su aplicación comenzaría a partir del ejercicio 2020.

Los concejales aprobaron por mayoría este proyecto que apunta a cobrar una sobretasa a los terrenos considerados ociosos. El objetivo explicado por el Ejecutivo es “terminar con la especulación inmobiliaria y destinar los lotes a viviendas sociales”.

Al momento de ser votada la ordenanza (diciembre 2018) contó con los votos de los siete concejales del Frente para la Victoria, acompañados por Daniel Berón y Micaela Rodríguez (Cambiemos), y Marcela Yedro (UNA).

Allí se confirmó que el cobro de tasas con recargo por terreno baldío se fijará en un 600% a aquellos que cuenten con más de 5000 metros cuadrados y comenzaría a aplicarse en 2020.

Dejá tu comentario