Telecom continúa una demanda contra la provincia

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de declararse incompetente para resolver la demanda de Telecom contra el Gobierno ante el intento de la administración provincial de cobrarle diferencias por el impuesto a los ingresos brutos durante 1994 y 2000, deja en manos del Superior Tribunal de Justicia la resolución del caso.o

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que retoma consideraciones hechas por la Procuración General, devuelve a la jurisdicción provincial la causa armada por Telecom contra la Provincia ante el intento gubernamental de cobrarle diferencias en el cálculo del impuesto sobre los ingresos brutos.

El origen del caso hay que rastrearlo en las resoluciones de la Dirección General de Rentas y del entonces Ministerio de Hacienda (que ratifica lo actuado por el ente recaudador) del año 2002, en las que se dispuso comprender actividades de la telefónica como alcanzadas por el tributo, además de rever criterios contables.

En las normativas “se determinó de oficio una presunta deuda en concepto de impuesto a los ingresos brutos correspondiente al período que se extiende desde enero de 1994 a diciembre de 2000 más los intereses resarcitorios”, recuerda el dictamen de la Procuración General.

Tras los pasos administrativos, el diferendo terminó en la sala en lo contencioso – administrativo del Superior Tribunal de Justicia, que componen los nueve integrantes del cuerpo. APF

Registro Civil: la UCR rechazará el veto

Los legisladores de la Unión cívica radical (UCR) rechazarán el veto del poder Ejecutivo a la ley sancionada por unanimidad por ambas Cámaras, regularizando la situación de trabajadores del Registro civil e insistirán en la aprobación integral del proyecto.

Se indicó que “el radicalismo seguirá actuando responsable y coherentemente, ya que en su momento analizó y estableció su posición que luego trasladó a su voto en la Legislatura”.

Los diputados Alcides López, Jaime Benedetti, Mirta Alderete, José María Miser, José Artusi, Oscar Cardoso, y el senador, Rubén Ruiz, valoraron el hecho de “normalizar la situación de trabajadores entrerrianos que ya estaban prestando funciones y la jerarquización de un servicio público que junto con el Registro de la propiedad merecieron igual consideración de la UCR en la convención constituyente”.

Lamentaron que “otra vez, la interna peronista es prioridad para los legisladores de ese partido” y consideraron que “proporciona al pueblo entrerriano, y sobre todo a los trabajadores, otro triste espectáculo: diputados que luego de haber analizado medularmente su posición levantan la mano para corregir una injusticia laboral y a los pocos días –una vez conocida la posición del poder Ejecutivo- se lanzan al vacío de la pérdida de credibilidad para aparecer en la vereda opuesta”. AIM.