En los primeros nueve meses del año, Defensa al Consumidor de la provincia recibió 922 denuncias por presuntos incumplimientos a las leyes que protegen a los consumidores. Comparado con 2015 se destaca un incremento en el rubro bancos y financieras, como así telefonía celular los cuales crecieron en un 20 por ciento.Las operaciones con tarjetas de crédito y débito en un pago deben ser realizadas al mismo precio que de contando y no según los denominados precios de lista, denuncias que tuvieron que ver con sobrefacturación y seguros no solicitados, seguida por promociones engañosas, la imposibilidad del consumidor de rescindir el contrato y cuestiones vinculadas al cobro de servicios no autorizados.Sobrefacturación, promociones engañosas, incumplimiento de ofertas, servicios no solicitados y contratos abusivos son algunos de los temas que han ingresado en denuncias a la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos. Una vez que reciben los reclamos, la repartición cita a audiencia de conciliación a las partes para resolver este tipo de controversias."Los vecinos han obtenido una solución en el 75 por ciento de los casos", afirmó el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Juan Carlos Albornoz. Desde el sector bancario generalmente en las audiencias se aduce que "la cantidad de reclamos, con relación a la cantidad de tarjetas emitidas, no es de mayor importancia", y agregan que el aumento se explica por la cantidad de tarjetas emitidas y en circulación.En Argentina, hay unos 55 millones de tarjetas de crédito en circulación. Según explicaron, se trata de una cantidad de usuarios sólo equiparable con las telefónicas, otro rubro que suele liderar los ranking de reclamos."Es importante que los vecinos se informen", explicó Albornoz, pues de acuerdo con sus estadísticas "quienes tienen éxito en el reclamo son los que están bien documentados y conocen al detalle el contrato y revisan sus resúmenes de cuenta". Como contrapartida, los casos que no prosperan suelen ser aquellos en los que el consumidor aceptó condiciones que desconoce y por ende reclama la devolución de un importe que podría estar bien facturado.
