Tensa situación: toma de rehén en la cárcel de Uruguay

Por Verónica Toller
Finalmente, el interno liberó al celador tras cinco horas de tensión.
Todo comenzó a las 9 y media de la mañana, cuando Antonio Gómez Urbine (27), oriundo de Misiones, explotó. Tiene SIDA y problemas familiares, por lo que quería hablar urgentemente con el juez de Ejecución Penal de la costa del Uruguay, doctor Carlos Rossi. Así que decidió tomar como rehén al agente penitenciario Ramón Báez. Lo encerró con él en su celda del Pabellón 1, le ató las manos y reclamó por el juez.
Gómez Urbina mantuvo reducido a Báez con una faca de más de 30 cm (arma blanca que fabrican los reos con distintos elementos. En este caso, habría empleado un elástico de la cama). El hombre reclamaba una solución para su situación familiar: su mujer vive en Villaguay, y Gómez había solicitado el traslado a dicha ciudad ya tiempo atrás. Pero allí no hay cárcel sino solamente comisarías, hecho que obstaculiza el cumplimiento del pedido. La ansiedad de Gómez subió de grado cuando a su quebrada salud le sumó problemas de relación con su pareja.
Para Gómez, la solución pasaba por el juez de Ejecución de la zona, Carlos Rossi. Exigió por eso la presencia del magistrado para deponer su actitud. Pero Rossi respondió que no. No podía viajar a Concepción y no negociaría con un preso armado escudado tras un rehén.
La dura posición de Rossi derivó en un agravamiento de la situación. Gómez –condenado a prisión perpetua por homicidio- amenazó entonces con matar a Báez y hacer volar una garrafa de gas que tenía dentro de su celda.
Tomaron intervención entonces las juezas de Instrucción de Concepción del Uruguay María Cristina Calveyra y Estela Natal de Rebossio (ésta, de turno), con la secretaria Melisa Ríos. Se presentaron en la UP y dialogaron con el subdirector, alcalde mayor Javier Bossi. Pidieron en reiteradas oportunidades al juez de Ejecución que negociara: “se está jugando una vida”, le decían. Tanto las magistradas como la prensa y el sacerdote Rubén Melchiori ingresaron al Pabellón 1, frente a la celda de Gómez.
“La respuesta de Rossi fue lamentable”, dijeron ambas, muy enojadas con su par de la Justicia. La gota que rebalsó el vaso fue la disposición que emitió el juez desde Gualeguaychú de tomar como plazo máximo la media noche de ayer, y que –en caso de que la situación persista- se arbitraran “los medios humanos y materiales” para hacer “deponer de la actitud” al detenido.
Rebossio rechazó la orden.
“Vamos a negociar todo lo que sea necesario”, habría dicho la jueza, “para preservar la integridad de los protagonistas”. Lo mismo pidió el fiscal Fernando Lombarda, presente en el penal.
En tanto, la jueza Calveyra dialogaba con el preso y procuraba mediar en la situación. La dirección carcelaria dispuso mantener a toda la población de internos en sus celdas, y fue necesario calmar los ánimos con el almuerzo (fideos, pan y huevo duro para los más de cien reos).
Otra de las negociadoras fue María Elina Flores Lena, delegada de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, Regional Uruguay. “Se me informó que el interno solicitaba mi presencia, un representante de los Derechos Humanos, pedido que elevó al doctor Pablo Bur (Delegado del Superior Tribunal de Justicia) y a la doctora Cristina Calveyra”, dijo a El Día
Flores le pidió que depusiera su actitud. Que con lo que hacía estaba trabando toda posible solución. Le aseguró que ella misma y la oficina de Derechos Humanos le daban la garantía que necesitaba, siempre que se mantuviera dentro de las normas procesales. “Ya me había tocado hablar con Gómez en otras dos oportunidades”, explicó.
Rebossio, por su parte, insistía con el juez Rossi. Le pedía que se hiciera cargo de la situación: “Todos tenemos trabajo que hacer y si yo fuera la encargada de intervenir, ya habría ido”, dijo a la prensa muy disgustada. Calveyra, más conciliadora, pidió a su colega de Gualeguaychú que los ayudara a superar la difícil situación, especialmente, porque había dos vidas en peligro.
Finalmente, Rossi aceptó hablar con Gómez. Se le entregó al preso un celular oficial. Llamativamente, dado que Gómez no tiene gran facilidad de palabra, fue el propio Báez el que tuvo que hablar por él con el juez.
“A posteriori, solicitó nuevamente mi presencia, y me comunicó que entregaría la faca, liberaría al celador pero quería garantías de que no le romperían sus cosas en la celda y no lo tocarían”, dijo Flores, que le dio tales garantías, lo mismo que las juezas Calveyra y Rebossio.
Luego, la delegada de DDHH acompañó al reo hasta el despacho del Director del penal. Fue allí medicado con tranquilizantes. La mujer de Gómez había llegado a esa altura desde Villaguay y se le permitió ingresar a la celda.
Las juezas destacaron ante la prensa el gran trabajo desarrollado por el personal penitenciario.
“Las actitudes del interno penitenciario y la situación de las Unidades Penales no escapan a la realidad argentina, donde el Servicio Carcelario acarrea falencias severas que dificultan sobremanera la integración social de los internos”, dijo ayer a El Día María Elina Flores Lena. “La demora en la sentencia, la falta de juicio oral, el no tener condena efectiva, representan una pena per se. Las condiciones edilicias y lo prieto de los presupuestos abonan dificultades”, agregó.
Es menester, dijo, estar, escuchar, atender y entender este sensible y difícil ámbito, detrás de rejas y ante rejas.
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