Tierras, parches y políticas

A los gobiernos nacional y provincial se les reprocha con frecuencia la carencia de políticas y por consiguiente de planes. El método de actuar en el momento sobre un problema determinado poniéndole un parche, se ha impuesto como un hábito. A veces aciertan, en buena hora. Otras no. Y a reclamarle a Mandinga.Mario Alarcón Muñiz
Esto sucedió con la ley provincial 10.092, de concesión de tierras fiscales (unas 200.000 hectáreas, la mayoría del  Delta) por 99 años a una empresa, sin contemplar el riesgo ambiental, entre otros delicados asuntos. El gobierno reaccionó a tiempo. Frente al aluvión de protestas propició y obtuvo la derogación de la norma a un mes y días de haberla promulgado.Tal actitud es correcta -ya lo hemos destacado-, pero revela que el proyecto no fue sometido al estudio y las consultas aconsejables en estos casos, en especial cuando lo que se negocia pertenece al patrimonio común de los entrerrianos. Ni siquiera pasó por las comisiones respectivas de la Legislatura. En consecuencia, borrón y cuenta nueva.Después vemos...¿Y cuál es la cuenta nueva?  Muy simple: la revisión, el estudio y las consultas. El gobierno inició las conversaciones tendientes a elaborar una nueva ley. Participaron por separado algunos legisladores, inclusive opositores, autoridades de Santa Fe (sobre el Delta existe desde 2008 un programa conjunto firmado por Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la Nación) y una entidad ambientalista. Resta consultar a decenas de entidades ambientalistas, agrarias y profesionales, además de universidades, de modo que el asunto llevará varios meses.Mientras tanto nadie sabe si rige o no la ley 9.603, de fines de 2004. La norma autorizó la concesión de tierras fiscales a privados por tres años, estableció un régimen de explotación ganadera, apícola y de turismo en el Delta y prohibió en esa zona las fumigaciones y el uso de agroquímicos entre otras medidas de protección ambiental. Esa ley fue derogada por la 10.092 que a su vez quedó sin efecto a principios de este mes. ¿Entonces?            Lo apuntado evidencia la carencia de planes. Y en este caso concreto la falta de una política agraria determinada. Se actúa sobre caliente. Total, después vemos...Si existieran una política y los planes consiguientes, el margen de error y tropiezos sería mínimo. Y no habría usurpadores en las islas, como los hubo y los hay. Y no existirían los terraplenes sin precauciones hidrológicas y ambientales. Y no se sancionarían leyes sin estudio a las que hay que tirar al cesto a los 40 días.La nueva ley  Además de las necesarias consultas con la mayor amplitud posible, conviene tener en cuenta los compromisos. En septiembre de 2008 los gobernadores Urribarri, Binner y Scioli   admitieron que el Delta "alberga una diversidad biológica, cumple múltiples y críticas funciones en materia de recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regularización del clima, proveyendo una extensa lista de bienes y servicios al hombre". Y firmaron el programa estratégico del Delta arriba mencionado.No es descabellado plantear que esta puede ser la base de la nueva ley pensando en la preservación de uno de los mayores humedales del planeta. Dentro de ese marco cabrá el diseño de actividades productivas de tecnologías apropiadas, seguramente distintas de las que utilizan las grandes empresas montadas sobre el modelo del capitalismo salvaje: arrasar con todo para sacarle a la tierra la máxima rentabilidad.El campo de YedroPor separado está avanzando un interesante proyecto de adjudicación y explotación del llamado "campo de Yedro". Se trata de 2.164 hectáreas situadas en Raíces Norte, departamento Tala, decomisadas al ex senador por Concordia, Mario Yedro, a quien la Justicia condenó por enriquecimiento ilícito.La sentencia data de fines de 2005 y es una de las muy escasas producidas por denuncias de corrupción. La enorme mayoría se enreda, prescribe, va al tacho. Y todo fenomenal. Yedro se negó a entregar el campo y 1.189 cabezas de ganado, lo que motivó un nuevo juicio, esta vez por usurpación, concluido en agosto pasado cuando el ex senador debió abandonar la propiedad y las vaquitas pasaron a ser ajenas.El gobierno proyecta adjudicar el inmueble a 100 familias rurales. A cada una le corresponderá entonces un poco más de 20 hectáreas. Serán minifundios. Pero así comenzó la Colonia San José en 1857, ideada por Urquiza y dirigida por Alejo Peyret, con predios de 26 a 28 hectáreas.Se ha pensado en promover la explotación porcina, para lo cual la superficie de  los lotes sería suficiente. Es auspiciosa la iniciativa, bienvenida sea, pero no alcanza porque responde a la atención aislada de una cuestión determinada. ¿Por qué no pensar y realizar un gran plan agrario para que la gente vuelva al campo? No es inalcanzable. Ya lo veremos.