
El Canciller argentino, Héctor Timerman, recibe hoy martes a las 10, en su despacho, a diez integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Estará acompañado por el gobernador Sergio Urribarri, el intendente Juan José Bahillo y el senador nacional Guillermo Guastavino.En la oportunidad, el funcionario nacional brindará detalles de las conversaciones con el Uruguay para alcanzar un acuerdo -a través de la CARU-, ingresar a Botnia y controlar la actividad que esta despliega y los efluentes que larga al Río Uruguay, como lo ordenara el Tribunal de La Haya.Al mismo tiempo, el funcionario nacional escuchará planteos e inquietudes de los vecinos designados -por votación- en el club Frigorífico. Dos de ellos fueron denunciados por el gobierno nacional ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, aunque el Dr. Gustavo Pimentel rechazó citar a indagatoria a los mismos.Al salón de Timerman asistirán Carlos Goldaracena, Martín Alazard, Luis Leissa (95), Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Raúl Almeida, Oscar Bargas, Juan Veronessi, Roberto Marchesini y Cristina Limba.Por otra parte, el canciller argentino recibirá mañana a su par uruguayo Luis Almagro quien entregará la respuesta a la propuesta para el monitoreo del Río Uruguay que la Argentina presentó la semana pasada. El mecanismo de control de Uruguay abarcaría un monitoreo en todo el Río Uruguay, no incluiría a Brasil y estaría a cargo de las universidades de ambas márgenesEl funcionario mostró la contrapropuesta de monitoreo al presidente José Mujica para que la avale durante un Consejo de Ministros. Según fuentes consultadas por El Espectador, el mecanismo de control uruguayo abarcaría un monitoreo en todo el Río Uruguay, no incluiría a Brasil y estaría a cargo de las universidades de ambas márgenes.Además, se crearía un observatorio medioambiental en Gualeguaychú y se facultaría a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para que instruya una delegación técnica encargada de inspeccionar las fábricas a un lado y otro del río, incluida la pastera Botnia (ahora en propiedad de la empresa UPM). Sorpresa de un "denunciado"Osvaldo Fernández, uno de los asambleístas que dialogará con Timerman, y a su vez denunciado por el gobierno nacional, manifestó que le llama la atención sobre los criterios "seguidos para conformar esta lista y por qué hay algunos nombres y no hay otros. Esto es parte de una acción que viene llevando a cabo el gobierno criminalizando la protesta de Gualeguaychú, intentando judicializar un conflicto social".Sin embargo, acotó, "se ha destacado en los medios nacionales este fin de semana la existencia de más de cinco mil causas en todo el país frente a hechos generados por luchas sociales, ambientales o sindicales. Lo que ha llevado a que en el Congreso de la Nación se esté debatiendo un proyecto de ley para dejar sin efecto todo este tipo de causas penales, que evidentemente es la herramienta persecutoria que está utilizando este gobierno contra los movimientos sociales".Dijo que el fallo del Dr. Pimentel "pone de resalto lo que los jueces están resolviendo últimamente en la república y que tiene que ver con una decisión de rechazar esta instrumentación que viene haciendo el gobierno, que pretende utilizar el Código Penal para afrontar los conflictos sociales y ambientales. Hoy, la justicia está diciendo que no es el Código Penal la herramienta, ni tampoco la justicia sino que son los poderes políticos los que tienen que asumir su responsabilidad y darle solución a los reclamos de los distintos conflictos sociales".-¿El proceso culminó?En la medida que técnicamente no esté cerrada esta causa, dado que está corriendo el plazo para que el Estado pueda apelar aportando pruebas y mantener abierta la causa, uno se considera en una suerte de rehén.Mañana -por hoy- voy a estar sentado frente a un ministro de este gobierno -el mismo gobierno que nos ha denunciado-; voy con esa sensación de ser una suerte de rehén, estar sujeto en cuanto a una cuestión judicial a decisiones de tipo político.Evidentemente el gobierno está utilizando la Justicia y las leyes como una estrategia política para intentar disminuir las fuerzas de los movimientos sociales y para qué de alguna forma se acallen algunas voces.-¿Se va a poner un cartelito que diga: 'fui denunciado por el gobierno'?Es una propuesta que el miércoles pasado hizo el Dr. Alazard pero luego no se avanzó en esto. Así que no hay resolución al respecto. Este tema de la causa penal hay que tratarlo porque si bien no es resorte directo del canciller, tiene que ver en la medida que vamos a estar sentados frente a un ministro del gobierno nacional. Y que, obviamente, tiene que trasmitirle a la máxima autoridad de la república cuáles son los planteos de la Asamblea.Más allá de la consideración personal que significa estar denunciado por este gobierno en una causa penal, la Asamblea debe ser totalmente solidaria y fuerte en el sentido de rechazar esto que no es un episodio aislado.
Informe Rubén Skubij