Dos legisladores del peronismo mantuvieron un contrapunto antes de la votación
Diputados fijó un tope del cinco por ciento en los intereses que cobran las financieras, al sancionar, luego de un debate interno del PJ, que alcanzó a poner en peligro la sesión, el proyecto de ley que propone ese techo.El dictamen que se aprobó fue una síntesis de dos iniciativas: una impulsada por el PJ y la otra por el FAP, informó RecintoNet.Sin embargo, el dictamen, que logró comprimir estos textos, no pudo disipar el malestar que traslució el oficialismo momentos antes de sesionar. La bancada salió del recinto como una estampida para saldar sus diferencias internas en la presidencia. Es que el tope que sancionaron toca de cerca varios sectores y tampoco conformaba a todos el espíritu de la ley por lo que no descartan ir por otra norma superadora.El diputado Juan José Albornoz (FpV) fundamentó su proyecto y al hacerlo afirmó que el descuento por códigos "es una operatoria bastante difundida" aunque admitió que con ella "se extorsiona" a los trabajadores con los que hay una alta tasa de cobrabilidad. También acusó a las financieras de impulsar descuentos excesivos que desvirtúan la razón social del crédito" ya que "los supuestos beneficiaros son rehenes de un sistema", por lo que afirmó que el proyecto "pretende evitar prácticas abusivas que terminen viabilizando con la anuencia de la administración publica, estas extorsiones".El contrapunto lo planteó el diputado Rubén Almará, quien opinó que de lo que se trata es de "legalizar lo ilegal" y alertó que eso es así "para beneficiar a alguna empresa", evaluó, aunque sin dar nombres.Su flamante compañero de bloque, Hugo Vásquez, precisó que estos préstamos deben estar garantidos por los bancos y aprovechó el tema para criticar, con dureza, la gestión municipal de Blanca Osuna a la que responsabilizó por no pagar durante medio año los descuentos y no hacerse cargo, luego, de los intereses "que ahora tienen que pagar los trabajadores", denunció tras adelantar el voto negativo "para no perjudicar a los empleados públicos".José Allende, en cambio, defendió desde una banca el proyecto pero admitió que hay sectores que aplican "intereses usurarios" y que "se aprovechan del sector asalariado que es pagador, y un pagador voluntario", destacó al tiempo que abogó por buscar "una verdadera solución al problema" para que "nadie cobre cero pesos".Allende, fue el único que planteó claramente en el recinto la situación de la tarjeta estatal Sidecreer la que -propuso- "no puede permitir a las entidades financieras penetrar como comercios porque es imposible establecer cual es el interés", dijo y puso sobre la mesa una serie de ejemplos luego de los cuales pidió "encorsetar" a los prestamistas. Y, lanzó: "Ojalá esto lo tomen lo fiscales que toman notas e investigan", enfatizó en elíptica alusión a la causa que se abrió tras la denuncia periodística sobre su enriquecimiento ilícito.Desde la UCR, Fuad Sosa responsabilizó al gobierno porque "no hace nada" frente a los descuentos ya que "el agente financiero y Sidecreeer son un tema del gobierno", acusó.La veredaAl cierre del debate, Albornoz acusó a Almará de estar "un día en una vereda y otra en otra" y aseguró que "lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que el proyecto plantea que es la defensa del salario".Almará recogió el guante y fue para enrostrarle que a diferencia de otros, él no fue de los que "borraron en los tiempos difíciles, en los que en esta provincia había persecución. Fuimos de los pocos que ayudamos a salir a (Sergio) Urribarri por una ventana para que no lo linchen", reveló.En la votación, Vásquez y Almará lo hicieron por la negativa al igual que varios legisladores de la oposición. La mayoría, en cambio, acompañó el proyecto.
