
Alertan que estamos respirando partículas nocivas imperceptibles. Dicen que esto está afectando la salud de la población. Y se quejan de que el gobierno hace poco y nada. "Gualeguaychú tiene que resolver si sigue resistiendo o se resigna a tolerar la contaminación de Botnia", disparan al graficar el momento crítico que se vive. Augusto Goldaracena, Osvaldo Fernández, Martín Alazard y Luis Leissa, en diálogo con EL DIA. Gustavo Carbone y Marcelo Lorenzo El aire que se respira en Gualeguaychú está viciado por las emisiones químicas de la pastera. Por tanto hay un peligro latente de que se puedan producir episodios de contaminación severa.En principio las condiciones atmosféricas de la región indican que los vientos soplan desde Uruguay hasta el sur entrerriano durante la mayor parte del año. Llegan hasta acá 280 de los 365 días, es decir un 70%.

Eso vienen advirtiendo los miembros del equipo técnicos de la Asamblea. No es una simple conjetura, sino algo probado por Inés Camilloni, la doctora en Ciencias de la Atmósfera y docente de la UBA, que aportó pruebas ante La Haya.La especialista evaluó la calidad del aire antes de que Botnia entrara en funcionamiento. Los trabajos comenzaron en 2007. Se tomaron muestras en la ciudad de Gualeguaychú y en zonas próximas a ese emprendimiento.En esencia se determinó que las condiciones de calidad del aire eran muy buenas. Pero cuando llegó Botnia el cuadro cambió. Empezaron a detectarse concentraciones de sulfuro de hidrógeno (sulfhídrico), sustancia asociada al olor a "huevo podrido" vinculado a la industria de la celulosa.Esas concentraciones se ubicaron por encima de los parámetros de detección de olor que indica la OMS, el umbral que Uruguay estableció para su monitoreo de la pastera.En nueve meses de mediciones continuas se encontró que ese umbral de detección de olor fue superado en 78 días. Hasta donde se sabe los servicios profesionales de Camilloni terminaron en mayo de este año.

El bioquímico Augusto Goldaracena, del equipo técnico de la Asamblea, pidió que este tipo de estudios sobre el aire continúen. Para él,
"hoy el principal riesgo para la salud de la población", son los contaminantes que largan las chimeneas de Botnia.Aparte de ese
"gas tóxico" que es el sulfhídrico, consecuencias de que la pastera situada en Fray Bentos trabaja con el método Kraft, señaló que hay una serie de partículas contaminantes,
"material particulado", que no se perciben mediante el olfato o los sentidos externos.Pero que la gente no los advierta no significa que no los incorpore al organismo, no lo inhale, aclaró.
"Estamos hablando de partículas muy pequeñas, menores a 2,5 micrones, que contienen componentes tóxicos: dioxinas, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles. Eso es lo que estamos respirando. Y es lo que nos va a producir una toxicidad crónica", alertó.Para Goldaracena la población de Gualeguaychú viene recibiendo esta agresión ambiental directa, a través del aire, desde que Botnia empezó a largar tóxicos por sus chimeneas.Por tanto es un problema de salud pública para hoy. En el caso del agua, la contaminación ya tiene un efecto indirecto.
"Todos sabemos que biológicamente el río Uruguay ya está alterado por la presencia de Botnia, pero el efecto sobre la salud se dará en el tiempo", razonó.Pero mientras por el agua los daños a la salud se verán en el mediano plazo,
"ahora el problema que ya estamos sufriendo son las emisiones atmosféricas". Según el bioquímico, está harto probada la presencia del sulfhídrico en la zona, a partir de los estudios de la doctora Camilloni.Recordó que dichos estudios verificaron la detección de esta sustancia en el balneario Ñandubaysal varias veces, cuando la OMS considera que la presencia de sulfhídrico en un área recreativa tiene que ser cero.
"Pero lo que no se ha medido es el material particulado, y no se ha estudiado qué es lo que tiene adentro ese material, es decir su composición. Esto es mucho más complicado. Pero la Argentina está perfectamente en condiciones de hacerlo", reflexionó Goldaracena.Según dijo, la dirección, velocidad y altura de los vientos en la región favorecen la presencia de esta nube invisible contaminante sobre Gualeguaychú.A eso se le suma la baja altitud que provoca que haya escasa disolución de esos tóxicos en el aire.
"El problema es la altura de la capa de dispersión que se llama altura de la capa-mezcla. Esto es un poquito técnico. Digamos que cuando más alta sea esa altura, más posibilidades de dispersión tienen los contaminantes. Pero resulta que esta capa, por las condiciones atmosféricas de la zona, es muy baja. Son apenas 500 metros. O sea, más para arriba no van los contaminantes", explicó el bioquímico.Conclusión: la atmósfera tiene una baja capacidad para diluir los contaminantes en esta zona, y esos contaminantes provienen de la pastera porque la dirección del viento dominante es desde Uruguay hacia la Argentina.Pero también juega otro factor contra Gualeguaychú: la cercanía con la pastera.
"El radio de dispersión de esas emisiones atmosféricas involucra los 45-60 Km. O sea, casi todo ese material atmosférico está sobre Gualeguaychú", apuntó Goldaracena.
"Por eso nosotros queremos que se estudie realmente el material particulado y su composición tóxica. Porque sabemos que lo estamos respirando", insistió.Si se llegara a comprobar, por ejemplo, que hay compuestos orgánicos clorados, vale recordar que éstos son
"cancerígenos, inmunotóxicos y afectan la reproducción", graficó.Goldaracena cree que hay que encarar ya un estudio epidemiológico entre la población cercana al río Uruguay, para averiguar si ha sufrido afecciones respiratorias, de ojos o de piel. ¿Qué hacer? El asesor legal de la Asamblea, Osvaldo Fernández, dijo que el control de las emisiones atmosféricas sobre Gualeguaychú está fuera del programa de monitoreo sobre el río acordado con Uruguay, pero algo tendrá que hacer el gobierno argentino.Así describió el problema:
"La sentencia de La Haya se refirió a la aplicación del Estatuto del Río Uruguay y dijo: 'La Haya es incompetente para pronunciarse sobre temas vinculados a la contaminación aérea; sólo nos vamos a pronunciar respecto del agua'. A partir de esto el acuerdo de ambos gobiernos avanza en un control que tiene que ver con el agua y solamente con la contaminación atmosférica que proviene de la chimenea de Botnia y que cae sobre el Río Uruguay. Ahora bien, todo lo que caiga sobre territorio argentino ya es competencia exclusiva de la Argentina".
Según dijo, el hecho de que La Haya no se haya pronunciado sobre la contaminación atmosférica, no significa que este fenómeno no viole varias normas internacionales, y de hecho se puede acudir a los tribunales en ese ámbito.
"Pero esto no depende ni de la CARU ni del estatuto del río Uruguay", reiteró el letrado.¿Qué es lo que está faltando, entonces?, se le inquirió el entrevistado.
"Pues la decisión política del gobierno argentino para que este conflicto tenga un camino de solución a través de la justicia o a través de la vía política o a través de la vía diplomática", respondió Fernández.
"De este tema -agregó-
hemos hablado con el canciller Timerman. Él se comprometió a formular una queja ante el embajador uruguayo en la Argentina o ante el canciller uruguayo Luis Almagro. Pero no hizo ninguna de las dos cosas; actitud que ha repetido en otras cuestiones".Según contó Fernández, se acordó con Timerman el aporte de los abogados de la Asamblea en este frente. Días atrás los letrados locales fueron a la cancillería con ese propósito, y allí se hallaron con una sorpresa.
"Nos encontramos con la absoluta disposición personal de la Dra. Ruiz Cerrutti (consejera legal de Cancillería) y también de su equipo. Pero nos dijeron que no había instrucción política para avanzar. De modo tal que en definitiva no pasó nada", señaló.
"Lo que allí se analizó fue que era conveniente constituir una separata ambiental respecto de las pruebas que ya se habían colectado y fueron presentadas en la Corte de La Haya", sostuvo.Al respecto Fernández se mostró preocupado por la interrupción en mayo del Plan de Vigilancia Ambiental, en cuyo ámbito la doctora Camilloni evaluó el componente aire, de donde surgieron las pruebas que se presentaron ante La Haya.
"El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, nos viene prometiendo el plan de vigilancia ambiental. Y al día de hoy no tenemos noticias de que este plan continúe", se quejó.Fernández dijo que si ese plan estuviera en acción
"nos permitiría entonces tener esa prueba actualizada sobre la calidad del aire", lo que daría más fundamento para un reclamo ante el Uruguay.En su opinión, esta situación amerita una queja diplomática.
"La Dra. Ruiz Cerrutti nos decía que esta problemática podía ser parte de la agenda bilateral entre Argentina y Uruguay, surgida de la reunión de Anchorena del 2 de junio de este año", dijo Fernández.En esa agenda, comentó, hay en danza alrededor de 20 temas, pero la mayoría son pedidos del Uruguay.
"Tenemos una sentencia favorable desde el punto de vista de la declaración de ilegalidad de Botnia. Esto implica una fortaleza que la Argentina no ha utilizado en este conflicto", criticó.
"Por eso yo digo que el gobierno pretende presentar como triunfo algo que es un agónico empate. Y me refiero al acuerdo de los estados", apuntó.
"La contaminación atmosférica no se puede seguir tolerando porque es lo que respiramos todos los días. Esto amerita la ejecución inmediata del Plan de Vigilancia para colectar las pruebas que nos están faltando", agregó el profesional.Simultáneamente debe venir
"la decisión política de llevar adelante primero la queja diplomática, instalar la controversia y finalmente ir a un tribunal internacional planteando la violación de normas internacionales", señaló el letrado.
"Pero nos encontramos con que esta decisión no existe. El gobierno no está actuando. ¿Cómo puede entenderse que deba la Asamblea ir a trabajar a la Cancillería, cuando hay un Estado organizado, que tiene sus funcionarios competentes, para realizar este trabajo?", cuestionó Fernández.Al ser consultado sobre las reuniones que los miembros de la Asamblea han mantenido con el canciller, el entrevistado dijo que Timerman dice una cosa y después se desdice o hace otra.
"Le dijo al periodista de La Nación en rueda de prensa -y soy testigo- esto que se publicó: 'si Botnia contamina se cierra'. Algo que ya nos había dicho a nosotros. 24 horas después se desdijo. Y 48 horas después continuó contradiciéndose no solo respecto de ese tema, sino de otros", relató. Cuestión de salud pública El doctor Martín Alazard, en tanto, conectó la recurrencia de síntomas orgánicos entre algunos vecinos y el material particulado presente en la atmósfera.
"Ya se ha empezado a notar. Mucha gente dice: 'yo nunca tuve tantas reacciones alérgicas', sobre todo conjuntivales. Le lloran los ojos. Se les irritan las fosas nasales, eso que se le llama rinorrea, esa agüita persistente en la nariz que se daba solamente en períodos primaverales a causa del polen", describió.
"Además las afecciones bronquiales han aumentado", dijo al afirmar que si bien no hay una estadística que recoja estos síntomas,
"colegas médicos dicen que se está viendo cada vez más". Aseguró que la Asamblea hace tiempo viene advirtiendo sobre este fenómeno sanitario.
"Primero hicimos los planteos de una guía de elementos tóxicos, una guía internacional de elementos químicos peligrosos para tomar las precauciones en caso de algún incidente", afirmó.
"Se sabe que hay probabilidades de muchos incidentes por diferentes gases y demás. Por eso la Asamblea hizo una guía de seguridad química internacional que acercamos a las fuerzas vivas del pueblo: gendarmería, policía, bomberos. Aunque hubo gente que no participó de esto", refirió.Alazard recordó que la Asamblea viene pidiendo llevar un registro y hace un chequeo sobre la población más expuesta a las emisiones atmosféricas de Botnia.
"El área sensible involucra a gente que trabaja en la CARU, Aduana, Gendarmería; personas cercanas al puente. Además todos los alumnos de Costa Uruguay Sur. Toda la región de El Potrero, cuyos campos lindan con la costa del río Uruguay", graficó.En su opinión, se trata de una población de riesgo que debería tener cobertura sanitaria especial.
"Primero necesitamos un chequeo, para saber dónde estamos parados. Segundo esa gente tiene que estar segura; es decir debe saber a quién dirigirse y tener libertad".Al respecto, señaló:
"Porque hay hechos que fueron publicados y luego quedaron borrados. Nunca más se habló del tema. Es porque hay temor en lo que puede llegar a pasar si hay denuncias".Alazard dijo que no es función de la Asamblea hacerse cargo de la prevención y de las medidas precautorias en esta materia.
"La posta la tienen que tomar las autoridades", sostuvo.También opinó que hay que
"darle mucha importancia a ese relevamiento epidemiológico de los 1.000 chicos llevado adelante por el Hospital Centenario"."Desconozco la evolución y los resultados de eso", respondió ante la pregunta de si estaba al tanto de ese estudio.Según explicó, llevar un registro de todos los casos anómalos tiene una importancia estratégica.
"Ante un caso de probable contaminación se ponen en marcha protocolos específicos. Hay que protocolizar para hacer la denuncia respectiva", explicó.Indicó que
"hay que facilitarle a la persona que viene con una afectación probable de contaminación todos los medios sanitarios. Para que sea contenida y atendida en forma inmediata. También para que no se dilate su denuncia. Que ésta quede debidamente registrada, para que después nos sirva de prueba". El médico no dudó en afirmar que Gualeguaychú
"es víctima de contaminación transfronteriza" y que está en riesgo la salud de la población. "Momento crítico" El abogado de la Asamblea, Luis Leissa, dijo que la lucha emprendida por Gualeguaychú contra la pastera se halla en un
"momento crítico" en el cual la verdad de la Asamblea Ambiental, abandonada a su suerte, parece
"transitar en el desierto".Según su análisis,
"Gualeguaychú tendría que replantearse a sí mismo si acepta de manera acrítica la instalación de esta pastera, su funcionamiento, su carácter evidentemente contaminante, o si sigue resistiendo".Trazó en este sentido un paralelismo con la inseguridad. En algún momento, comentó, nos dimos cuenta que no se podía dejar el auto o la casa sin cerrarlos con llave como antes, y que había que utilizar alarmas. Pero ese tránsito ocurrió irreflexivamente.
"Nunca nos preguntamos si esto podía pasar o no. Resulta que hoy lo aceptamos como una realidad. Mi temor es que con la contaminación nos pase lo mismo. De hecho les pasó a los vecinos del Riachuelo", reflexionó.Esta descripción de la situación empalma con una visión según la cual la lucha de Gualeguaychú atraviesa un momento de debilidad.
"Aunque en realidad es la debilidad de las democracias frente a las fuerzas económicas", teorizó.
"Es un momento donde la propia Asamblea tiene que hacer un enorme esfuerzo por buscar los motivos de cohesión internos y postergar aquellos motivos de separaciones y de diferencias", describió.
"Es un momento de resistencia, partiendo de la base que lo que predijo (la Asamblea) se fue cumpliendo: que Botnia es ilegal, que contamina, que no genera más puestos de trabajo en Fray Bentos ni es factor de desarrollo", indicó.El contexto de debilidad de Gualeguaychú incluye, agregó Leissa, la existencia de una
"fuerte embestida del gobierno" dirigida a
"desalentar la protesta".En este contexto detectó
"una escalada mediática para que la gente no opine". Al respecto comentó:
"Acá no se trata de si la palabra de mengano o fulano no me gusta, sino si lo que dicen es cierto o no". En su opinión, da toda la sensación de que el gobierno ha
"claudicado" en el reclamo esencial.
"Antes reclamábamos que Botnia se vaya. Ahora parece que el gobierno se conforma con que Botnia se quede; y si contamina, que contamine lo menos posible", gatilló.En este sentido, consideró que el monitoreo sobre la pastera no está animado por el espíritu de
"buscar pruebas para reabrir un nuevo caso", en orden a desalojar a Botnia de la cuenca, sino a instalar la idea de que
"el conflicto está cerrado".Leissa señaló la contradicción de un gobierno que pleiteó ante La Haya alegando que Botnia contamina y no puede estar en la región, y que ahora parece
"tolerar" la existencia de la pastera.
"Cuando uno plantea que el objetivo final es el desmantelamiento de Botnia, no digo que se rían, pero dan a entender que lo nuestro es utópico, casi una quijotada", sostuvo al describir la reacción de los funcionarios nacionales en las reuniones que han mantenido con la Asamblea.Al respecto, afirmó que en el gobierno domina la idea de que no existe un camino intermedio de presión sobre Botnia.
"Para él es ruptura de relaciones con Uruguay o resignación", indicó.
"Creo que sin llegar a la ruptura de relaciones bilaterales hay un amplio campo de medidas que nunca se han adoptado", afirmó. Una de ellas, por ejemplo, es un reclamo formal ante el parlamento europeo, para cuestionar la imagen de inversor impoluto de Finlandia.Volviendo al cerco mediático del oficialismo, destacó:
"Resulta que cuando uno plantea algo distinto lo cuestionan porque es rubio, porque es hincha de River, y al otro porque está canoso, y al otro porque en el cuarto grado dejó previa una materia. Pero nunca discuten el eje central del problema". Representantes sospechados Un Comité Científico tendrá a su cargo el monitoreo de la planta Botnia-UPM. El gobierno designó al doctor Juan Carlos Colombo y el ingeniero Guillermo Esteban Lyons para que representen a la parte argentina dentro de ese organismo.Luis Leissa dio su parecer sobre estas designaciones:
"Mi opinión es a título personal, por tanto no quiero involucrar a nadie. Primero hay que decir que el gobierno le pidió a la Asamblea que sugiriera algunos nombres. Es decir, fue un ofrecimiento realizado por el propio Timerman. La Asamblea hizo la propuesta. Pero en concreto se nombraron otras personas".Y añadió:
"No abro juicios sobre la solidez científica de Colombo. Pero sí puedo decir que no ofrece garantías desde el punto de vista de la libertad espiritual, la distancia crítica y la independencia de juicio para opinar. ¿Por qué digo esto? Colombo ha dicho cosas importantes para demostrar el carácter contaminante de Botnia. Pero cuando le hemos pedido que venga a Gualeguaychú, automáticamente se subordina, argumentando que no puede venir en tanto y en cuanto tiene un mandato político que cumplir. ¿Qué garantías de independencia ofrece, entonces, si el día de mañana llega a encontrar un elemento contaminante? ¿Hará lo mismo que hizo Aníbal Fernández cuando habló de las 'algas blancas'?".Con respecto a Lyons, el letrado apuntó:
"Aquí el caso es más evidente. Lyons además tiene una contradicción muy fuerte con los intereses de Gualeguaychú. Digamos primero que es ingeniero en Construcciones. Él vino como asesor del Estado nacional en lo que fue el proceso de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales (...) Luego Lyons apareció desde una empresa privada oferente cuestionando muy fuertemente la licitación que hizo el municipio de Gualeguaychú (...) La obra se había iniciado, y él desde esa empresa seguía cuestionando el proceso. Hacía permanentes reclamos mediante cartas documento y entorpeciendo el avance de esa obra tan importante, cuando ya se había adjudicado. Es decir, ¿qué independencia crítica puede tener este hombre que tiene intereses contradictorios con Gualeguaychú? (...) Además, cuando surge la designación de Lyons nos enteramos que trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente. O sea que cuando descubra contaminación, lo primero que hará es reportar a sus superiores, subordinándose a ellos". "La persecución continúa" Osvaldo Fernández es uno de los 10 asambleístas denunciados y acusados de 14 delitos, entre los que se encuentran "atentar contra la democracia; homicidio culposo y sedición".Aquí su visión del problema:
"Esto se podría titular 'La persecución continúa'. De hecho en este momento la fiscal federal de Concepción del Uruguay tiene ya en sus manos las fotos y las filmaciones que se tomaron el domingo pasado en la ruta 136. Tenemos hoy una enorme cantidad de causas. Detrás de esto hay una decisión política que adopta formas jurídicas pero que busca amedrentar, amenazar, lograr una Asamblea mansa que baje los brazos, que no proteste. Y que en definitiva permita que se vaya aplicando el acuerdo de los presidentes y que pase el tiempo. Esto creo que es el objetivo".Esta acción judicial, recordó, fue
"originada por la denuncia de 56 vecinos de Gualeguaychú que han sido absolutamente funcionales a toda esta persecución que venimos soportando nosotros".El entrevistado mencionó además que los vecinos denunciados deberán presentarse el 15 de octubre ante la Cámara de Apelaciones de Paraná. A partir de esta noticia, alrededor de 1.500 vecinos ya se han
"autoincriminado" y se quieren presentar a esta audiencia.Fernández añadió:
"Argentina, como Estado parte de Naciones Unidas, en el juicio de La Haya, planteó como demanda concreta la relocalización o el desmantelamiento de Botnia. Y esto es lo que le exigimos al gobierno: que no se aparte un milímetro de esa posición. Que es posición oficial del Estado argentino. También la Argentina dijo que el método Kraft, que utiliza la planta de Botnia, es intrínsecamente contaminante".Tras cartón se preguntó qué persigue en realidad el monitoreo aprobado por el gobierno argentino.
"¿Para qué se van a implementar estos controles? Es esencial entender el para qué. Para nosotros es claro: para lograr las pruebas que nos faltaron en La Haya para demostrar la vinculación entre la contaminación y la planta de Botnia; y lograr una decisión que desaloje a Botnia de la cuenca del río Uruguay. Cualquier otra cosa no finaliza el conflicto". LAS FRASES"Todos sabemos que biológicamente el río Uruguay ya está alterado por la presencia de Botnia, pero el efecto sobre la salud se dará en el tiempo" (C. A. Goldaracena) "El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, nos viene prometiendo el plan de vigilancia ambiental. Y al día de hoy no tenemos noticias de que este plan continúe" (O. Fernández) "Hay que facilitarle a la persona que viene con una afectación probable de contaminación todos los medios sanitarios. Para que sea contenida y atendida en forma inmediata" (M. Alazard) "Es un momento de resistencia, partiendo de la base que lo que predijo (la Asamblea) se fue cumpliendo: que Botnia es ilegal, que contamina, que no genera más puestos de trabajo ni es factor de desarrollo" (Luis Leissa)