Trabajadores cesanteados del Frigorífico Rural pidieron que intervenga la justicia

Marcharon hacia Tribunales exigiendo solución al conflicto que mantienen con la firma, que adeuda 7 meses de salarios. "Nunca comunicaron si estamos echados, suspendidos o de vacaciones", dijo un operario.La totalidad de los trabajadores cesanteados del Frigorífico Rural de Gualeguaychú, marcharon ayer hasta los tribunales para pedir que la justicia intervenga en el conflicto que mantienen con la firma por los sueldos adeudados desde hace seis meses, cuando la planta dejó de operar.La movilización se inició en la sede del Sindicato de la Carne, San Martín y Pellegrini, y finalizó en el palacio judicial, Sáenz Peña y Rivadavia. La medida de fuerza había sido aprobada en la asamblea de la semana pasada, en la que los trabajadores rechazaron la propuesta efectuada por la empresa ofreciéndoles pagar la deuda salarial con el 41% de las acciones.El Frigorífico Rural dejó de operar en enero de este año pero nunca retomó la actividad y los empleados fueron cesanteados pero no despedidos, lo que impidió que puedan acceder al seguro de desempleo.Ante esa situación, y al no obtener respuestas por parte de los empresarios a los siete meses de salarios adeudados, los trabajadores decidieron profundizar el reclamo, movilizarse y advertir que podrían tomar la planta ubicada en ruta nacional 14, entre el Parque Industrial y la Sociedad Rural.Al respecto, el operario Mario Parra, con 22 años de antigüedad en la empresa, explicó a elDía que reclaman "una deuda de 7 meses con los trabajadores que no ha sido solucionada hasta ahora" y destacó que "reclamamos a la jueza (Civil y Comercial N° 1, Valeria Barbiero) que revea la situación porque ella avaló la convocatoria de acreedores hace dos meses y los empresarios no han retomado la actividad"."Mientras tanto, estamos en relación de dependencia pero sin goce de sueldos", dijo el trabajador cesanteado y detalló que pese a la convocatoria de acreedores "los empresarios nos pagaban como querían y no hicieron ningún tipo de aporte jubilatorio y a la obra social, o sea que nos estaban robando".Parra señaló además que "la jueza debería estar en conocimiento de esa situación porque tiene un síndico y una contadora para que controlara, pero los aportes no llegaron a destino y a nosotros nos descontaban".Al ser consultado por elDía sobre la posible conformación de una cooperativa de los empleados para poner en marcha el frigorífico, el operario descartó esa opción y se entusiasmó con la posibilidad que fuera adquirido por empresarios locales "que son los que la deberían hacer andar porque es una planta chica"."Trabajar con los dueños actuales sería más de lo mismo, lo mejor es que den un paso al costado", afirmó y aseguró que "la planta es rentable pero esta gente viene de Buenos Aires a hacer su negocio porque son matarifes, nunca tuvieron un frigorífico"."Todo muy desprolijo"En cuanto al desempeño de la jueza Civil y Comercial N° 1, Valeria Barbiero, que resolvió la convocatoria de acreedores de la firma, Parra manifestó que "ha sido bastante benévola con los empresarios porque esta convocatoria fue hecha para ellos", y pidió a la magistrada que "analice bien el expediente"."Depende de ella la posibilidad de que formemos una cooperativa para hacernos cargo del frigorífico, pero para eso tiene que decretar la quiebra porque de lo contrario no se puede hacer nada hasta que haya venta".Respecto a la situación de los 30 trabajadores que se encuentran con incertidumbre por su fuente laboral, Parra explicó que "nunca nos comunicaron si estamos echados, suspendidos o de vacaciones; directamente cerraron las puertas y quedamos en la calle"."Fue todo muy desprolijo, por eso estamos con todo el derecho de reclamar y de enviar cartas documento pidiendo los salarios, hasta en eso hemos sido cautos, cuidadosos, permisivos y ellos no reaccionan", sentenció.