Transporte público local: ¿barajar y dar de nuevo?

El transporte urbano de pasajeros en Gualeguaychú no pasa por un buen momento. Las empresas reciben subsidios para funcionar, en un contexto donde el servicio parece sobrepasado por la demanda social.Por Marcelo Lorenzo   En la última petición de aumento del boleto, allá por octubre el año pasado, las empresas de colectivo alegaron que no podían absorber costos, pese a que el servicio está subsidiado.Ergo: la compra de gas oil a precio diferenciado y una compensación tarifaria para cada unidad en servicio, los subsidios que instrumenta el gobierno nacional para el sector, no parecen alcanzar.Se sabe, por otro lado, los empresarios locales se vienen quejando de que este esquema beneficia más al transporte público de Buenos Aires que al del interior.Como sea, la actualización tarifaria que el Concejo Deliberante autorizó en 2008, y que obviamente impactó en el bolsillo de los usuarios, plantea algunas  dudas.Los quebrantos invocados por las empresas, ¿muestran una real falta de rentabilidad? Si los números no cierran aún con los subsidios, ¿qué pasaría si estos últimos no existieran?Por tratarse de un servicio público concesionado, el municipio debe conciliar siempre, sobre todo ante los pedidos de suba del boleto, la supervivencia económica real de las empresas con la necesidad comunitaria de transporte.La pregunta es: ¿el transporte urbano de pasajeros local es sustentable económicamente y a la vez presta un servicio acorde con las necesidades de una ciudad como Gualeguaychú?En este tipo de discusión siempre se cuela una sospecha: que se sacrifique el servicio a la rentabilidad empresaria. Y por tanto que la tarifa se alinee menos al bolsillo de los usuarios que a los balances de las firmas.Aunque podría plantearse una objeción contraria: el servicio que existe, subsidiado y todo, es el posible en un contexto de depresión del salario de la familia trabajadora, que es la que usa preferentemente el colectivo.¿Se puede tener un transporte urbano de pasajero del primer mundo, con unidades modernas y equipadas, con usuarios que cobran salarios del tercer mundo? El tema, como se ve, es peliagudo.A este cuadro hay que sumarle la explosión de los remises, que aunque formalmente no son un servicio público, se han convertido en un competidor de los colectivos.Conviene recordar un dato de la coyuntura: hay líneas de colectivos con concesiones vencidas o por vencer en el corto plazo. Algunos problemas 
¿Acaso Gualeguaychú debe darse un debate sobre el modelo transporte público? Algo de eso cree el encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano, para quien el servicio de colectivos ha ido a la zaga del crecimiento de la ciudad, en los últimos años.El entrevistado, al que le llegan quejas de los usuarios, enumeró algunos problemas inherentes al servicio, en diálogo con este diario, que sucintamente podrían resumirse así:- El mal estado de las unidades (no en todas las líneas).- Se debe mejorar el control sobre los horarios, recorridos y limpieza de las unidades.- Existen numerosos sectores de la comunidad que no se encuentran alcanzados por el servicio. En su recorrido, las líneas no cubren a toda la ciudad. No llegan, por ejemplo, a algunos de los nuevos barrios.- Horarios: hay quejas de los usuarios porque algunos colectivos dejan de circular temprano, incluso antes de la finalización de las jornadas escolares de las instituciones educativas nocturnas.- Infraestructura: unidades no aptas para personas con problemas de movilidad, deficientes muebles urbanos (paradas, etc.), incumplimiento de normas que protegen a las personas con discapacidad. La cuestión de la discapacidad 
En septiembre de este año, Pablo Recchia, titular de la Fundación Incluir de Gualeguaychú, una entidad civil orientada a defender a las personas discapacitadas, envió una carta a la municipalidad recordándole la necesidad de que el transporte de pasajeros de la ciudad se adecue a la Ley N°22.431, que regula la temática.La entidad aprovechó la ocasión de que hay líneas de colectivos con concesiones vencidas o por vencer en el corto plazo. "Sugerimos ante esta situación tener en cuenta también en nuestra ciudad estas recomendaciones, a fin de evitar futuros y eventuales reclamos de este sector (discapacitados) ante la falta de condiciones humanas y constitucionales para el uso del transporte público de pasajeros, de las personas con discapacidad", refiere allí Recchia.Por ejemplo, la Ley 22.431, en su artículo 22, regula el tema de las "barreras" en los transportes que impiden el acceso de personas con movilidad reducida.Allí se lee: "Los vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas."Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas (...)"Y se añade: "Las empresas de transportes deberán incorporar gradualmente en las plazas y proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida". Llegada a los barrios"Nos preocupa no sólo el costo del boleto de colectivo, que afecta el bolsillo de los empleados públicos, que tiene el mismo sueldo desde hace 15 meses. También nos inquieta el tema del recorrido y la frecuencia del colectivo a barrios alejados como el nuestro", explicó a este diario el titular del gremio de ATE Gualeguaychú, Alejando Ceballos.El transporte urbano de pasajeros básicamente está pensado para trasladar a gente de los barrios periféricos al centro de la ciudad. El problema, a veces, es que algunas unidades no hacen el recorrido transversal, con lo cual hay que tomar dos colectivos para ir a equis lugar. Hacia otro modelo
Según Luciano el esquema de funcionamiento del transporte público de pasajeros, que se viene aplicando desde hace décadas, entró en un punto en el que debe ser replanteado."Quizá éste sea el momento de debatir sobre quién y cómo se va a prestar el servicio para los próximos años, en función de lo que la comunidad necesita", opinó.Esto puede abrir la chance, por ejemplo, de redefinir recorridos, costos, bonificaciones para determinadas categorías de usuarios, la inversión necesaria, los requisitos de los prestadores, las formas de control, la adecuación de la infraestructura urbana, entre otros.Ahora que la ciudad ha abierto el debate sobre su Carta Magna Municipal, que permite definir el Estado municipal que se quiere, en la agenda se podrá incluir la cuestión del transporte público.