Transportistas de la ciudad y de todo el interior del país reclaman medidas urgentes

Por la pandemia, el sector del transporte del interior del país está en jaque, y unos 40.000 puestos de trabajo están en riesgo, según advirtieron desde FATAP. En Gualeguaychú, casi la totalidad de empresas del sector no ingresaron dentro del beneficio del ATP (que abona el 50% de los sueldos de los empleados) pese a la caída estrepitosa de su facturación. "El Transporte del Interior ha sido excluido, sin causa ni norma que lo justifique, de los beneficios establecidos en el Dto. N°332/20 (ATP), ni se ha accedido a declarar la Emergencia del Transporte del Interior", señalan en un comunicado de FATAP al que accedió ElDía. "Como si se tratara de países diferentes, con usuarios, empresas y trabajadores de diferentes categorías, se mantiene una injusta e inaceptable discriminación que se traduce en que, a diferencia de la región AMBA, al Interior no se le ha compensado la pérdida de recaudación causada por la dramática disminución de pasajeros transportados que, comparado con los mismos períodos de 2019, alcanzó, en 2020, un 87% en abril, el 84% en mayo, un 78% en junio y el 73% en lo que va de julio", agregaron desde la Federación. Como ejemplo de ello en nuestra ciudad, la cantidad de pasajeros en los colectivos de la empresa Delcausse Hermanos (Buses Gualeguaychú), que brindó sus números a ElDía, cayó un 94% en junio de este año comparado con el mismo mes del 2019. El mes pasado se subieron a los vehículos de las líneas 1 y 4 tan solo 7581 personas, mientras que en junio del año pasado fueron 117.286. Esta crítica situación de las empresas deja de manifiesto las dificultades para afrontar el pago de los sueldos, que llevó a los trabajadores a tomar medidas de fuerza la semana pasada. "En Gualeguaychú se levantó el paro este lunes", contó Luis Loustalet, representante de UTA en la ciudad. "Pagaron el 50% y el subsidio nacional para completar el sueldo", detalló, y adelantó que "falta tratar las deudas y aguinaldo". Paro en Paraná y en muchas localidades del interior El nuevo encuentro entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), empresarios y el ministerio de Transporte de la Nación que se llevado a cabo este jueves volvió a fracasar. Es que según indicaron desde el gremio que representa a los choferes de colectivo no hubo una propuesta de pago, por lo que decidieron continuar con la medida de fuerza, al menos, hasta el próximo lunes, oportunidad en la que volverán a reunirse. Vale recordar que hasta el momento los trabajadores solo cobraron el 50 por ciento del sueldo de junio. También les adeudan el aguinaldo y otras cifras correspondientes a 2019. Además, desde UTA local confirmaron que ese mismo día se llevará adelante una movilización en la capital entrerriana y en otros puntos del país, en donde también se replica el conflicto que ya lleva más de 15 días. El comunicado completo de FATAP Una lamentable conjunción de factores está destruyendo sistemáticamente el capital y el trabajo de cientos de empresarios y miles de trabajadores argentinos a lo largo y ancho del País, ante la pasividad de quienes tienen en sus manos la posibilidad de evitarlo. En efecto, resulta sencillo concluir que un sector que ha experimentado una dramática reducción de sus ingresos desde el mes de marzo de 2020, que mantiene valores tarifarios de diciembre de 2019 y aportes provinciales establecidos en base a costos del año 2018 no podrá subsistir en una economía que afronta la mayor crisis de su historia, con una inflación rampante y el precio del dólar en niveles históricos. A pesar de la claridad de la situación y de las febriles gestiones que en todo nivel y jurisdicción hemos realizado, el Transporte del Interior ha sido excluido, sin causa ni norma que lo justifique, de los beneficios establecidos en el Dto. N°332/20 (ATP), ni se ha accedido a declarar la Emergencia del Transporte del Interior. Como si se tratara de países diferentes, con usuarios, empresas y trabajadores de diferentes categorías, se mantiene una injusta e inaceptable discriminación que se traduce en que, a diferencia de la región AMBA, al Interior no se le ha compensado la pérdida de recaudación causada por la dramática disminución de pasajeros transportados que, comparado con los mismos períodos de 2019, alcanzó, en 2020, un 87% en abril, el 84% en mayo, un 78% en junio y el 73% en lo que va de julio. Ello ocasiona que la regularidad y continuidad de los servicios, así como la calidad de las prestaciones se vean garantizadas en una porción de la Argentina, pero no en la mayor parte de su territorio, lo que se traduce en la mutación de la demanda hacia otra alternativas que muchas veces el propio Estado estimula, sin advertir los resultados de sus acciones tales como el encarecimiento y demora en el traslado de las personas, la anarquía en el tránsito, el aumento de la siniestralidad y el consecuente incremento en los costos de los de los sistemas de salud y la pérdidas humanas. Por su parte, los poderes concedentes municipales y provinciales no han logrado establecer políticas que permitan sostener las prestaciones que ellos mismos exigen y mantienen sin modificaciones en los contratos de concesión, resultando claramente insuficientes los aportes que en algunos casos realizan. Lamentablemente, nuestra actividad sufre las consecuencias de malas decisiones del pasado que no han sido revertidas y generan hoy que las jurisdicciones nacional, provincial y municipal disputen quién debe hacerse cargo de la cuestión, mientras las prestadoras asumen las nefastas consecuencias económicas y financieras, que destruyen la cadena de pagos generando graves efectos colaterales en la comunidades del interior que se nutren de la actividad prácticamente paralizada que ve lejana la posibilidad de su reactivación. Resulta paradójico que, en momentos en que el país intenta evitar la quiebra de su sistema productivo y la situación que describimos amenaza con tornar estériles inversiones que superan los $56.000.000.000 y generan 40.000 puestos de trabajo, poco se hace para evitarlo. En este marco, a las empresas les queda la defensa de sus inversiones hechas en el ejercicio de una industria lícita amparada por la Constitución Nacional, frente a poderes concedentes que, por acción u omisión, en algunos casos actúan de modo confiscatorio, al hacer correr con las consecuencias de la situación solo a las prestadoras, sin asumir la responsabilidad contractual que les cabe de mantener la ecuación económica financiera del sistema. La FATAP apoyará de modo incondicional, en todas las instancias y ante cualquier poder, a las empresas del Interior que vean peligrar su capital y el esfuerzo de generaciones enteras de colectiveros por naturaleza que, apostando a la actividad y sin especulaciones, invirtieron, asumieron riesgos y dan trabajo digno a 40.000 familias, apostando siempre por el País.