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Un fallo judicial ordena al Iosper brindar cobertura integral por un caso de dislexia

Se lo condenó a hacerse cargo de 55 sesiones de Psicopedagogía y de 35 traslados de un paciente con Dificultades Específicas de Aprendizaje

Un juez de Paz de San Jaime de la Frontera, en el departamento Federación, concedió un recurso de amparo que ordena al Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) a brindar la cobertura “integral y gratuita” a un afiliado que padece de Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), una patología más conocida como dislexia-disgrafía.

De esta manera la obra social deberá hacerse cargo de las siguientes prestaciones: 55 sesiones de Psicopedagogía, a un valor de 585,20 pesos por cada sesión; 35 traslados desde su domicilio de Los Conquistadores hasta los consultorios donde se atiende en Federal (la cobertura comprende desde junio a diciembre), siendo el costo por viaje de 500 pesos.

No es la primera condena por un caso de dislexia, pero como en este tipo de situaciones la obra social no suele apelar porque existen antecedentes desfavorables, la resolución quedará firme.

En el dictamen se fundamentó cuáles eran los reclamos puntuales de la familia del paciente. En primer lugar, el Iosper ante la solicitud de la cobertura integral del tratamiento “aprobó cinco sesiones mensuales y 55 anuales entre febrero y diciembre de 2019, pero solo con un reembolso de 105 pesos por sesión”. Entonces, la demanda surgió a raíz de la necesidad de contar con una cobertura integral, y en respuesta al pedido la obra social justificó su decisión porque el paciente no cuenta con Certificado Único de Discapacidad.

Según expresa el fallo los valores de las consultas “son los establecidos por la resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación para el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.

Por lo tanto la discusión de fondo se limitó a que por la falta del Certificado de Discapacidad, al paciente no le correspondía el tratamiento integral y gratuito, aunque la defensa sostuvo que el amparo está basado en la normativa nacional. Se argumentó que se encuentra vigente la Ley Nacional N° 27.306 que “declara de interés nacional el abordaje de la dislexia y la disgrafía, más precisamente el artículo 3, siendo el objetivo prioritario el de garantizar el derecho a la educación de las personas con DEA”.

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