Un trabajo conjunto entre la Aduana y la Justicia recupera fondos para el Estado

El pago pone fin a un proceso penal con más de 20 años de antigüedad, centrada en diversos hechos de contrabando —principalmente, subfacturaciones con documentación apócrifa.

Eventualmente, las denuncias de la Aduana llevaron a un total de 18 causas acumuladas. La operatoria irregular involucró reproductores de DVDs, insumos de computación y autopartes, entre otros.

Un proceso penal con más de 20 años de antigüedad ha llegado a su conclusión, dado que los acusados pagaron la reparación integral de daño prevista en el Código Penal, afrontando la suma aproximada de 800 mil dólares.

Múltiples denuncias de la Dirección General de Aduanas integraban la causa caratulada “PUCHE Raúl, GADALETA Ignacio y otros s/ Infracción Ley 22.415” nro. 1477/2010, que tramitaba ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3. La misma tenía como eje diversos hechos de contrabando —principalmente, subfacturaciones con documentación apócrifa.

Las maniobras denunciadas habían involucrado reproductores de DVDs, insumos de computación, autopartes y repuestos automotores, entre otros. Las acciones legales de la Aduana —que comenzaron con una denuncia de subfacturación y, a lo largo de 20 años, acumularon nada menos que 18 causas— señalaban sustitución del sujeto importador y la utilización indebida de beneficios impositivos para no pagar tributos de la importación.

Así, luego de más de dos décadas de litigio y, con el riesgo de que los imputados no cumplieran la condena —dada su avanzada edad y los recursos procesales que pudieran presentar—, con el acuerdo de todas las partes (incluyendo el Ministerio Público Fiscal —que tuvo un lugar relevante en el proceso— y la querella), se aceptó la reparación integral del daño, logrando la recuperación de importantes sumas de dinero para el Estado Nacional. 

Cabe destacar, si bien esto obedece a institutos modernos de solución alternativa de conflictos en el ámbito penal, la posición de la Dirección General de Aduanas ante este tipo de soluciones sigue siendo sumamente restrictiva: tanto el control de los operadores del comercio internacional como la obtención de condenas por contrabando son uno de los bastiones más importantes del organismo que dirige Guillermo Michel.

En este sentido, y cumpliendo todos los pasos procesales, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 ordenó la transferencia de los fondos a la cuenta de la Dirección General de Aduanas-AFIP.