Una pérdida millonaria para el Estado provincial

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos pudo determinar, cinco años después, que la quema de alimentos destinados a planes sociales, ordenado por la ex ministra de Salud y Acción Social, Graciela Degani, en junio de 2005, supuso un perjuicio al Estado provincial de 2.485.984,73 pesos.No pudo, sin embargo, determinar el volumen de la mercadería que se incineró, por cuanto buena parte de la documentación no fue hallada. La quema había sido ordenada por el Instituto de Control de Alimentos, cuando estaba dirigido por el hoy responsable de Lucha contra las Adicciones, Mario Elizalde, en razón de que buena parte de los productos estaban vencidos o, peor aún, habían sido invadidos por las ratas en el depósito ubicado en el predio del Ejército, donde se guardaban.La mercadería había sido comprada con una inversión superior a los 6 millones de pesos, aportados en su mayor parte por la Nación, en el marco del plan "El hambre más urgente". Según el Tribunal, de la documentación reunida en cinco años de investigación y de los testimonios recogidos, se pudo deducir "que no medió un adecuado plan de recepción y entrega programada de mercaderías, no obstante el importante monto invertido, entendiendo que primó la imprevisión, negligencia en quienes tenían la responsabilidad, control y distribución de las mercaderías", por lo cual, agrega el dictamen, se acreditó el "nexo causal entre la negligencia y el daño producido al fisco".Aquel escándalo le costó a López de Degani el cargo de ministra en el gabinete de Jorge Busti, y de coordinador del depósito general a Hugo Musto, pero ninguno se quedó sin empleo: la ex funcionaria continuó con su función de instructora de residentes en el Hospital San Martín, y Musto fue reubicado en la Cámara de Diputados.Un pormenorizado informe producido por Alicia Mariela Gamarra, abogada del Tribunal de Cuentas, sigue en detalle cómo fue que ocurrió aquel escándalo de la quema de alimentos que habían sido adquiridos por la Provincia con fondos nacionales por un valor de 6.912.000 pesos y destinados a "familias de mayor vulnerabilidad socio-sanitaria", según el texto del decreto N° 2.706 del año 2004 por el cual se aprobó el convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.El texto contiene un dato clave: antes de que ocurriera la incineración de alimentos que se dejaron vencer o que fueron dañados por roedores, un equipo de auditores del Tribunal de Cuentas había alertado, ya en marzo de 2005, respecto de las deficiencias en el depósito ubicado en Alvarado y Avenida Ejército, en Paraná. Esas anormalidades fueron puestas en conocimiento del entonces gobernador Jorge Busti, y también se notificó a la ministra de Salud y Acción Social, Graciela López de Degani. En junio ocurre lo anunciado: mucha mercadería se daña, y debe quemarse, por orden de Bromatología.El hecho se conoció el 14 de junio, y luego las autoridades debieron reconocer lo sucedido, lo que dio lugar a la presentación de una denuncia en la Justicia por parte del entonces diputado provincial radical Osvaldo Fernández. La causa, caratulada "López, Graciela Delia - Musto Hugo Alberto s/Incumplimiento de deberes de funcionarios públicos", sin embargo no prosperó: el 8 de octubre de 2008 el Superior Tribunal de Justicia sobreseyó a los dos involucrados, López de Degani y Musto. El Once Digital