Una pícara deformación republicana

En esta campaña electoral no hay discurso opositor que no proponga suprimir los superpoderes del Ejecutivo Nacional y otros excesos, que se engloban en la promesa de recuperar la República.

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Incluso algunos candidatos oficialistas han llegado a reconocer que efectivamente, hay cosas para corregir.

Sin embargo, nadie parece advertir la forma elíptica con que el Ejecutivo entrerriano se ha venido haciendo de poderes que no le confiere la Constitución, ni le ha delegado ninguna ley. Ni siquiera se las ha autoatribuido en forma explícita, pero están desde hace tiempo y ahora empiezan a causar escozor. Es una grave desviación que conmueve las bases de la organización republicana. Y se ha afincado simplemente por falta de reacción de quienes debieron evitarlo.

Nos referimos a la corruptela inventada hace años en el seno del Ejecutivo, consistente en no reglamentar algunas leyes.  Suponemos que los demás poderes no han advertido su gravedad institucional, por cuanto las quejas que oímos, se refieren aisladamente a ciertas leyes, caso por caso. Pero nadie ha marcado la cuestión de fondo: por esa vía escapista y anómala, el Ejecutivo se ha ido haciendo en la práctica, de una novedosa forma de veto no autorizada por la Constitución.

La división de poderes implica que los tres –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se controlan recíprocamente. Una forma de lograrlo es compartiendo parcialmente las funciones: así como el Legislativo puede controlar al Ejecutivo mediante una interpelación, éste interviene en la formación de las leyes. Lo hace presentando sus propios proyectos; o al promulgar las leyes ya sancionadas, o bien, vetándolas, con lo que impide su entrada en vigencia.

Esta delicada facultad requiere ser ejercida con mesura y responsabilidad. Por ello, sus alcances no pueden interpretarse en forma extensiva, sino restrictiva. El decreto de veto debe dictarse fundado, dentro de los 10 días. De ese modo el Ejecutivo ejerce su control, corrige errores legislativos y en definitiva, asume las consecuencias por la no promulgación de una Ley que considera inconveniente.

Publicada la ley en el Boletín Oficial se requiere –no siempre- un acto más del Ejecutivo: el Decreto Reglamentario, en el que se suele individualizar la autoridad de aplicación, forma de implementación, previsiones administrativas presupuestarias, etc. con un límite constitucional: nunca  puede alterar el contenido de la propia ley.

Sin embargo, los ejecutivos entrerrianos han venido echando mano a la corruptela de no reglamentar, con lo cual numerosas leyes sancionadas por la Legislatura, permanecen inejecutadas; así consiguen por izquierda, los efectos de un veto. Es decir, una facultad que la Constitución no les confiere, trastocando todo el sistema de contrapesos y en definitiva, hiriendo a la República en su esencia: la división de poderes.

Entre las muchas leyes que están en esta grave irregularidad, algunas datan de 1988: ¡21 años sin reglamentarse! como la 8092  de Amparo de Bibliotecas Populares y la 8205 de Beneficios para el personal de Bomberos Voluntarios. En el primer caso, la ley fija la suma equivalente al sueldo de un maestro a remitir mensualmente a cada biblioteca. Como la ley no se ha reglamentado, estas entidades tienen que arrodillarse ante grandes señorones que cada tanto se dignan a abonarles parte del atraso. Cuando en realidad éstos debieran rendir cuentas por tan abusiva alteración del orden constitucional.

En el caso de los bomberos, la Ley 8205 de 1988 establece beneficios previsionales y acceso a la obra social, que les son de suma necesidad.

Sería interesante que los legisladores entrerrianos y el Superior Tribunal de Justicia, en los casos que le lleguen vinculados a esta pésima usanza, se planten con firmeza en defensa de la Carta Magna.

Mucho mejor hubiera sido que quienes no se cansan de loar la reforma constitucional con la que nos han colmado generosamente de tantos derechos, hubieran redactado con más amplitud el art. 62., fijando  penalidades explícitas para la demora en reglamentar, sin circunscribirla a casos de derechos personales, ni con el tan generoso plazo de año. Varios convencionales eran también, legisladores.

Cuán útil sería para toda la entrerrianía, que la burocracia del Ejecutivo, en lugar de tan exultante creatividad para hacerse de facto con mayores poderes que los legítimos, nos demostraran  más respeto por las instituciones fundamentales.

 

REPARTO CON REFLECTORES

En parte, una consecuencia de esa falta de reglamentación, es la transferencia de la voluntad original del legislador, a la discrecionalidad de los funcionarios, p. ej., en los casos de leyes que establecen aportes estatales. Porque al no aplicarse la ley,  reina la voluntad del burócrata, se mete la política por la ventana,  suele colarse la arbitrariedad y terminamos presenciando el espectáculo degradante de estos días: el reparto de cheques en actos con gran profusión publicitaria y asistencia obligatoria, a dos semanas de las elecciones. Lo peor es que acá ya no llama la atención; pero esto mismo sorprendería en cualquier país serio, donde las asignaciones que hace el fisco con el dinero de todos, se canalizan en forma normal sobre pautas legales neutras, todos los días del año y sin tanto cacareo.

 

¡PELODURO!

Una palabra parecida le dedicó Alfredo de Angeli a Néstor Kirchner y le han caído muchos reproches por el exabrupto. Pero todo es relativo: el supuesto ofensor representa a miles de productores que se están fundiendo mientras ven con qué holgura viven otros en las alturas de la corporación política.

Él integra una Federación cuya dirigencia la pasó muy mal durante la dictadura, mientras el ofendido en esos tiempos, hacía fortuna ejecutando hipotecas usurarias con “la 1050” de Martínez de Hoz. Ahora, provocador y vengativo como es, les dice a los productores que cambiaron los tanques  por los tractores.

Alfredo sólo cursó la primaria; el agraviado en cambio, es abogado, pese a lo cual tiene muy malos modales, que no lo habilitan a reclamar para sí mucha delicadeza. No está demás recordar a los más desmemoriados, lo que hacía con las manos siendo Presidente, cuando un antecesor en el cargo juraba en el Senado.

Menos hipocresía: ¡vamos Alfredo todavía!

Hasta el domingo. Si Dios quiere.