UPM: Denuncian a funcionarios por negociar “de forma ilegal y clandestina”

El abogado Gustavo Salle denunció ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, al secretario de Presidencia, Miguel Toma, y a varios ministros por "hechos con apariencia criminal" dado que negocia con la empresa UPM un contrato de inversión. Dijo que lo hace de manera ilegal.La denuncia penal contra UPM y los funcionarios, fue presentada por el Dr Gustavo Salle. Se basó en la Constitución de la República Oriental del Uruguay en su artículo 47: "La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores".En el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal especializado en Crimen Organizado, Gustavo Salle expresó: "Vengo a denunciar al señor Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, al Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Miguel Ángel Toma, a las señoras Ministros de Industria, Energía y Minería y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ingeniera Carolina Cosse y Arquitecta Eneida De León y al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, entre otros, y a los Directores de la corporación privada extranjera UPM, con oficinas en Montevideo, por los siguientes hechos con apariencia criminal".Respecto de los presuntos crímenes, el denunciante enumera:1) Los mencionados funcionarios públicos vienen negociando con la empresa UPM un contrato de inversión.Lo vienen haciendo en forma directa, clandestina y al margen de toda competencia constitucional y legal.2) UPM es una corporación privada extranjera que gira en el rubro de una de las reconocidas industrias sucias del Orbe: la industria de la celulosa. Esta industria viene siendo obligada a desplazarse y radicarse en el hemisferio Sur a consecuencia del aumento riguroso, gradual y metódico de las exigencias ambientales establecidas y reguladas por la Unión Europea. Es la misma Europa que se desarrolló en el pasado a costo de un grave pasivo ambiental, que, habiendo arribado a ese grado de desarrollo y sin querer perder un ápice del mismo, no acepta más atmósferas, aguas y suelos contaminados o degradados ambientalmente. Por eso, favorece que sus industrias contaminantes vayan hacia los países subdesarrollados. Para que dicha fuga hacia ese patio trasero pudiera concretarse fue necesario elaborar una colonización no bélica". Contratos e industrias suciasLuego, el abogado denunciante expresa que "la previa negociación y suscripción de un contrato de inversión del Gobierno de Uruguay con UPM ha sido reconocida como una conditio sine qua non para la instalación de su segunda planta de celulosa en el territorio nacional. Fácil es comprobar que sólo se negocian contratos de inversión cuando de industrias sucias se trata".Y agrega: "adviértase que notoriamente ha sido el Gobierno uruguayo que en forma urgente y desesperada ha ido a buscar a UPM para que realice la instalación de su emprendimiento. Si ya era previsible una negociación leonina en la que UPM iba a imponer en forma aplastante sus condiciones, más lo será si lo hace con la percepción acertada de que el necesitado de la misma es el Gobierno". ¿El Gobierno negocia?Según la denuncia de Salle, "la negociación que se viene llevando a cabo por parte de los integrantes del Gobierno con los Directores de UPM es una negociación mano a mano con una empresa privada y para arribar a la suscripción de un contrato de inversión". Sin embargo, aclara que la Ley de Inversiones, 16.906, de 7 de enero de 1998, no habla de contratos de inversión, ni autoriza a que el Gobierno pueda negociar con empresas privadas un acuerdo directo de tal índole."Entonces, el Ejecutivo está actuando del margen de toda competencia constitucional o legal", opina.Asimismo, denuncia que no ha habido un llamado o una licitación pública internacional previa a la negociación de ese contrato de inversión con UPM.La exigencia de la licitación pública en materia de contratos del Estado está prevista, precisamente, para evitar las preferencias indebidas a favor de un contratante privado. Infidelidad En otro fragmento de la denuncia, el abogado se pregunta "¿por qué realmente el Gobierno desarrolla esta negociación con UPM en forma clandestina? ¿Qué es lo que quiere esconder?" y se responde: "Las negociaciones secretas de un Gobierno son como las infidelidades conyugales: avergüenzan y causan un daño. En el caso, entrañan un atentado de la Constitución de la República y, por consecuencia, un daño al Pueblo".