Urribarri, Báez y Aguilera expusieron las condiciones en las que están detenidos: continuarán en la UP9

En tres audiencias públicas desarrolladas este jueves de manera consecutiva mediante videoconferencia, la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, mantuvo las primeras “audiencias de conocimiento” con los tres condenados por el Megajuicio de corrupción de 2022: el exgobernador Sergio Urribarri (condenado a 8 años de prisión), el exministro de Comunicación Pedro Báez (6 años y medio) y Juan Pablo Aguilera (6 años y medio).

El procedimiento, que contó con la presencia de la fiscal de Ejecución de Penas, Fernanda Ruffatti, y de los abogados defensores —José Velázquez por Báez en el primer turno, y Miguel Ángel Cullen por Aguilera y Urribarri en los bloques posteriores—, no tuvo como fin resolver peticiones ni beneficios, sino dar inicio formal a la supervisión del cumplimiento de las condenas.

Durante su exposición, Urribarri manifestó su malestar por el aislamiento y las agresiones verbales que recibe por parte de otros internos al desplazarse hacia el área de visitas, asegurando sentirse “confinado”. Sin embargo, las autoridades judiciales e informes del establecimiento confirmaron que las condiciones del lugar son óptimas dentro del régimen penitenciario.

Actualmente, los tres detenidos ocupan en exclusiva el sector anteriormente destinado a Sanidad de la UP9, un espacio que cuenta con 14 celdas pequeñas de aproximadamente 7 metros cuadrados, cuatro baños y climatización centralizada. Al ser los únicos ocupantes de este pabellón, se han distribuido los ambientes para distintas funciones: adaptaron una de las celdas como comedor y utilizan uno de los sanitarios como lavadero.

Para preservar su seguridad y evitar cruces con la población común o registros no autorizados, el penal les otorgó un esquema de patio exclusivo entre las 12 y las 19, sector que comparten únicamente con el área administrativa. Asimismo, disponen de un teléfono habilitado exclusivamente para llamadas salientes y entrantes.

Ante los planteos de Urribarri sobre la falta de un “régimen especial” para un exmandatario, la jueza Bértora le aclaró que no existen regímenes de privilegio por estatus político o social, y le recordó que el aislamiento por motivos de seguridad o prevención de conflictos es una situación recurrente dentro del sistema carcelario.

Por su parte, Pedro Báez fue el único que planteó una exigencia operativa puntual durante la audiencia: debido a su condición de celíaco, solicitó garantías para evitar la contaminación cruzada en la preparación de sus alimentos.

El exfuncionario detalló que él mismo se encarga de cocinar sus comidas, motivo por el cual la Fiscalía requirió a la Dirección del penal que se resguarde adecuadamente su menú. Báez también destacó que ocupa su tiempo con una rutina de orden, limpieza y lectura mediante un dispositivo digital Kindle.

En contraste, a Juan Pablo Aguilera se lo notó de buen ánimo y conforme con el lugar de alojamiento. Concentrado en su rehabilitación formativa, confirmó que ya inició las gestiones ante el área de Educación del penal para continuar la carrera de Administración de Empresas bajo la modalidad a distancia a través de la Universidad Siglo 21.

Finalmente, la magistrada Bértora recomendó a los tres penados realizar abordajes psicológicos dentro de la institución para trabajar sobre los motivos de sus condenas, advirtiéndoles que la evolución subjetiva y la conducta serán aspectos determinantes cuando cumplan cuatro años de prisión y queden en condiciones de solicitar las primeras salidas sociofamiliares o laborales.