Urribarri no contestó preguntas, pero optó por presentar un escrito

Sergio Urrubarri, exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre estuvo este martes por segunda vez ante la Justicia, a través de la plataforma Zoom, en el marco de la causa en que se encuentra imputado por los delitos de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho. “Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana”, manifestó. Ello, en el marco de una declaración acompañada por un escrito en el que niega los cargos en su contra que se investigan en el Legajo de IPP Nº 65623, sosteniendo que todos sus actos de gobierno “contaron con la aprobación previa y posterior de los organismos de control” y negándose a responder preguntas de los fiscales. Si bien desde su aparato de prensa dijeron haber hecho llegar tal escrito a la Justicia, algunos medios periodísticos de Paraná difieren al informar que su presentación recién se haría efectiva en las próximas horas. “Voy a seguir estando siempre a derecho, dando todas las explicaciones que tenga que dar al respecto, y mientras tanto voy a seguir desarrollando con total compromiso y empeño la tarea que hoy tengo como embajador, que representa para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad”, acotó. ¿Qué dice el documento? En el escrito con que Urribarri decide acompañar su declaración, se sostiene que la intervención del exgobernador en la actividad administrativa que es objeto de análisis fue “regular y legal, y que toda la documentación respectiva fue preparada por las líneas técnicas del Estado provincial”, de acuerdo a lo difundido desde su equipo de comunicación. Asimismo, que “todo el gasto insumido fue erogado con la intervención de todos los órganos de control: Secretaría Legal y Técnica, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo al considerar la cuenta general del ejercicio”. Más adelante, indica que “las licitaciones analizadas concretaron actos regulares inscriptos en el marco más estricto de las competencias y funciones de gobierno y como tales son definibles como cuestiones políticas no judiciables”. “Las contrataciones fueron absolutamente legales y se dispusieron para atender los fines públicos legítimos fijados en los decretos que las ordenaron y las aprobaron, con los fundamentos sólidos que ellos explicitan”, asegura finalmente. Buena parte de ese mismo documento, dado a conocer por la prensa del propio Urribarri una vez concluida su declaración judicial, fue destinado a efectuar una suerte de informe de gestión referido a los dos períodos en que fue gobernador de Entre Ríos.