“Uruguay se comportó como un bribón”

Dicen que, dado que La Haya probó la ilegalidad de la pastera, hay argumentos para seguir reclamando por su relocalización. Advierten, al respecto, sobre la política del "borrón y cuenta nueva". Eso explicaron a este diario Luis Leissa y Osvaldo Fernández, asesores legales de la Asamblea Ambiental. Por Guillermo Navarro y Marcelo Lorenzo- La Corte de la Haya dice que Uruguay ha violado aspectos formales pero no de fondo del Estatuto de 1975. ¿No le da ese pronunciamiento legalidad a Botnia?Luis Leissa:- Hay partes del fallo que revelan cierta incoherencia interna. Hace un corte en lo que significa la violación al procedimiento de información y consulta, que son los Artículos 7° al 12° del Estatuto, y después es como que Uruguay empieza a hacer las cosas bien en cuanto a la construcción. Sorpresivamente hay un giro: lo que era ilegal se transforma en legal. De pronto, no habría inobservancias o incumplimientos por parte de la República Oriental del Uruguay, en lo que hace al proceso de construcción. Eso en principio colisiona con un entendimiento integral del Estatuto de 1975. Porque la información y consulta previa, hacen a la habilitación. No es que la CARU, donde se debe dar esa información y consulta previa, opere como una especie de mero buzón, donde uno va, deja las cosas y se desentiende.- Es decir, es clave el proceso de entendimiento previo entre las partes.L.L.:- Exactamente. Si no se hace una interpretación integral del Estatuto, el Artículo 1° del mismo, cuyo objetivo y espíritu es el de velar por la salud de las aguas del río Uruguay, carece de sentido. Entonces, directamente se deja caer el Estatuto y cada país puede hacer lo que quiere en su propio lado del río. No nos podemos desentender, precisamente, del concepto sustancial que acá está en juego que es esto. Estamos hablando de un curso de agua binacional, de un recurso compartido, que se regula a través de este Estatuto de 1975. - ¿No hay dudas en esto? ¿El Estatuto dice que ninguna parte puede avanzar sin el consentimiento de la otra?L.L.:- Creemos que la lógica de interpretación, con un sentido integral, del Estatuto de 1975 establece pasos. Y esos pasos no pueden ser obviados graciosamente, diciendo que basta con informar al otro. Aparte eso carece de sentido jurídico. Y carece de coherencia en relación al espíritu de quienes se sentaron para regular un proceso de aprovechamiento del río y de preservación de la calidad de las aguas. - Si esto es así, no se entiende que no se castigue al que está en una situación de ilegalidad.Osvaldo Fernández:- Ésa es una de las incoherencias de las tantas que tiene el fallo. En una mirada general, podemos decir que es un fallo malo que no soluciona el conflicto. Y que por otro parte reconoce paradigmas más cercanos al derecho clásico del Siglo XIX que lo que hoy se espera en función de la normativa ambiental actual en un mundo que necesita precisamente fuertes decisiones para que se preserve la naturaleza agredida por la acción del hombre. Cuando se habla de cuestiones formales, debemos señalar que estamos hablando de cuestiones de procedimiento que en el Estatuto son claves. Porque no nos olvidemos que la Corte ha sido muy enfática en decir que los Estados deben cooperar. Y esto es un mandato. Un mandato hacia el futuro en función de las facultades y deberes que le reconoce y otorga a la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU). Pero por encima de esto, la cooperación es la nota característica del mandato del fallo de la Corte. Si la Corte dice: 'hay que cooperar', las cuestiones de procedimiento son esenciales. Y cuando se habla en el fallo de 'obligaciones sustantivas', tiene que ver básicamente con el Art. 41° del Estatuto, que está vinculado al impacto ambiental sobre el medio acuático. Aquí hagamos una aclaración: la Corte no ha dicho que acá no existe contaminación visual o que no existe contaminación sonora o que no existe impacto sobre el aspecto socio económico (concretamente sobre el turismo). Ha dicho que no es competente en estas cuestiones, porque el Tratado del Río Uruguay tiene que ver con el medio acuático, con el agua. Y sí es competente con aquellas cuestiones que impactan sobre el medio acuático, como por ejemplo las emisiones atmosféricas, en tanto tengan efecto negativo sobre el agua. - En ese aspecto la Corte se pronunció a favor de Uruguay...O.F.:- Con respecto a los reclamos de contaminación en relación al medio acuático, dijo que no se probó la vinculación de Botnia con esos episodios, a los que consideró aislados. Admitió la presencia de sustancias contaminantes, pero estableció que no está probado que provengan de Botnia. Hay que analizar el fallo en su conjunto. En este contexto, el mandato de cooperación entre las partes es sustancial. Por eso, incumplir las obligaciones de procedimiento, esencial en la cooperación, importan una grosera y flagrante violación que transforma en ilegal a la etapa de autorización para la instalación, construcción y funcionamiento de la planta. - A uno lo deja perplejo, según esta lectura, que el máximo tribunal mundial caiga en esta inconsistencia. ¿No está acaso legitimando, así, la teoría de los hechos consumados? O.F.:- Nosotros creemos que, efectivamente, la sentencia deja un mensaje preocupante. Todavía queda mucho por extraer del análisis en detalle de la sentencia. Pero hay una cuestión que tiene que ver con los principios ambientales: el deber de prevención. Resulta que la Corte no lo aplicó. Pero hay una disidencia en el fallo, del juez Antonio Cançado Trindade, el cual dijo no estar de acuerdo con el voto mayoritario, diciendo que precisamente la corte no toma el "principio precautorio". Por eso decimos que éste es un fallo más cercano al Siglo XIX que al Siglo XXI. Podemos tacharla o, como bien ha dicho Luis (Leissa) de un fallo conservador. Otro juez, Leonid Skotnikov, también votó en disidencia, señalando que una vez que los dos países fracasaron en sus negociaciones, Uruguay no debió seguir adelante con la instalación. Y que en todo caso debió recurrir a La Haya para pedir autorización. En cuanto a las disidencias de los jueces Bruno Simma y (Shawkat) Al-Khasawneh, en 9 páginas critican que la Corte se haya manejado con pruebas aportadas por las partes y no con pruebas propias. Es decir, censuran que la Corte no haya llamado a peritos independientes, de modo tal de tener pruebas fehacientes respecto de la cuestión sustantiva. La Corte no tomó pruebas propias, sino que se basó en las presentadas por las partes. Y respecto de las partes valoró las uruguayas y descartó las argentinas. L.L.:- Esto tiene que ver con el famoso Art. 41°, si se hace un análisis integral y racional del  Estatuto. Es decir, más allá de las atribuciones de la CARU, que es la autoridad de cuenca para analizar los impactos trans-fronterizos de algún emprendimiento, dicho artículo establece que las partes deben prevenir la contaminación de las aguas. Lo que quiere decir que el criterio de prevención está establecido en el propio texto del Estatuto de 1975. O.F.:- La corte le dice a la CARU que ahora debe prevenir. Sin embargo, la Corte pudo prevenir ante la cautelar argentina presentada en 2006. Y ordenar en ese caso la suspensión de la construcción. O pudo haber dicho en este fallo que cese o al menos se suspenda la actividad industrial de Botnia. No lo dice en ninguno de los dos casos. Pero ahora le dice a la CARU: 'para adelante ustedes deben prevenir, ustedes deben actuar'. Como sea, vemos en ese mandato hacia la CARU posibilidades muy importantes. Se cayó el mito del Uruguay respetuoso de la legalidad
- ¿Qué implica acatar este fallo para el gobierno y los ciudadanos? ¿Acaso ir hacia un monitoreo conjunto de la planta?L.L.:- Desde una mirada jurídica, Argentina no debe acatar nada porque ha cumplido todos los pasos. La Corte le ha dicho: 'usted todos los pasos que dio, los cumplió'. El concepto de acatar el fallo está impregnado de una mirada política (...) En principio tenemos que entender que lo que la Asamblea decía era cierto, en el sentido de que había un procedimiento ilegal. Acá ha quedado absolutamente aclarado esto, y no es poca cosa. El dato es que Uruguay se comportó como un bribón. Se burló de las normas y salteó todos los pasos. Esto desmiente esa mirada a veces idílica, ingenua, o simplista que se tiene de los uruguayos. Pero es un pueblo que tiene las mismas contradicciones que tiene cualquier pueblo (...) Por lo pronto ha quedado desmitificado el apotegma del Uruguay apegado a las normas internacionales y a la legalidad. Algunos de sus funcionarios, incluso, llegan al cinismo. Como el ex canciller Opertti, al decir en el diario El País que ellos no debieron comunicar nada y que debían saltar a la CARU, porque sino este proyecto no salía. Lo cual es de una gravedad inusitada desde el punto de vista político. Por el lado político, en el buen sentido de la palabra, nosotros tenemos que decidir como comunidad qué hacer de aquí en adelante. Porque acá, a partir de la próxima reunión entre los presidentes Fernández de Kirchner y José Mujica, parecen perfilarse dos caminos: o tomamos en cuenta que acá hay una ilegalidad y como tal actuamos; o decimos 'borrón y cuenta nueva, vamos todos juntos para adelante. No pasó nada'. En este último caso, habrá una víctima (el río, el ecosistema y una comunidad) que seguirá dañada y perjudicada, mientras el victimario seguirá indemne, sin ningún tipo de reproche. O por el contrario, insistimos en la primera opción. Y antes que nos empiecen a preguntar por el corte de ruta, preguntarle a la otra parte qué pasa con la declaración de ilegalidad. Tenemos que decirle claramente al Uruguay: ¿Qué pasa con esta hija de una violación que es Botnia? En el derecho penal se habla del fruto del árbol venenoso. Creemos que esto no puede quedar como está. No podemos avalar la política de los hechos consumados, por abulia o pereza intelectual de quienes tienen poderes de decisión. Tenemos que reclamar firmemente. ¿Cómo procesa Uruguay, para su interior, esto que es una profunda declaración de ilegalidad, de la cual debe hacerse cargo? - Da toda la impresión, a juzgar por declaraciones oficiales, que está prevaleciendo la tesitura de ser más prolijos para adelante, sin revisar lo hecho...L.L.:- Ése es el criterio que tenemos que combatir. Esperemos que el gobierno diga: 'Uruguay, hágase cargo de la ilegalidad'. Que no que diga: 'borrón y cuenta nueva, somos todos hermanos, y ahora vamos a comer chivitos uruguayos'. En esta postura tenemos que actuar con equilibrio. Tenemos que ser responsables y adultos y no alimentar fobias, no alimentar antagonismo inútilmente. Pero a la vez entender, definitivamente, que acá hubo una violación muy fuerte de un tratado internacional. Los tratados internacionales no son flores de papel que se pueden tirar de un día para otro, y que nos desobligan. O.F.:- Tampoco hay que confundir. Quienes acatan un fallo de la Corte son los Estados, no las personas ni tampoco los pueblos. De modo tal que nosotros no vamos a objetar el acatamiento por parte los Estados. Como personas, como pueblo y como construcción colectiva que es la Asamblea, tenemos las manos absolutamente libres para continuar nuestra lucha en los modos y los tiempos que resolvamos. Pero cuando el Estado -y cuando digo Estado me refiero tanto a la Argentina como al Uruguay-, deba implementar los mandatos de la Corte, hay que ser muy exigentes desde el punto de vista ciudadano. Porque con la puerta abierta que dejó el fallo respecto de la CARU, hay posibilidades. El control y monitoreo en esta esfera es una obligación del Estado, no de los ciudadanos. Lo que sí tenemos que exigirle al Estado es que haga las cosas bien. Con respecto de las pruebas que presentó la Argentina, en el fallo hay párrafos que son muy duros. Y como bien se ha dicho en la Asamblea, necesitamos una explicación. Alguien tiene que rendir cuentas. Esto es importante para que confiemos en cómo actuará el Estado, a través de la CARU, de aquí en más (...) Y esto no significa una etapa terminada. El fallo de la Corte ha sido un episodio en este proceso. Vienen nuevos episodios, seguramente en una lucha que tiene como objetivo lograr que Botnia se vaya de la cuenca del río Uruguay. - El fallo es inapelable. Sin embargo, ¿es posible reunir pruebas que confirmen la contaminación, a través de un monitoreo? En ese caso, ¿se puede abrir otro juicio?O.F.:- Se puede ir nuevamente a la Corte de La Haya con un nuevo juicio donde Argentina reclame, con nuevas pruebas, la existencia de contaminación. La ilegalidad ya está probada, partimos de ese escalón. Partimos de un escalón bien ganado, que legitima por otra parte la lucha de la Asamblea en la región y en el mundo. Vamos por el otro escalón, para lograr finalmente la condena de Botnia y su retiro de la cuenca. Puede abrirse una nueva instancia en La Haya u otra en los tribunales europeos de derechos humanos. - Se diría que el planteo sobre lo jurídico fue mejor que el que debía probar la contaminación...O.F.:- La verdad que sí. En principio las autoridades deberán dar explicaciones. Porque la verdad es que nosotros como Asamblea hasta el día de hoy no hemos visto ni una sola prueba de las 1.300 fojas que se presentaron. Nosotros lo reclamamos, pero siempre nos opusieron la confidencialidad. De modo tal que deben rendir cuentas. Más allá de esto, hacia adelante se plantea el desafío de cómo recogemos pruebas. Un camino es el de la CARU, a través de lo que el Estado argentino haga con sus funcionarios allí. Esto implica actuar directamente sobre la planta de Botnia. - ¿Eso es monitoreo o vigilancia?O.F.:- No importa el término, la cuestión central es realizar un control permanente que permita recoger nuevas pruebas. Y si como dice el fallo eso supone meternos en la plante, mucho mejor. Por ese lado, tanto la Asamblea como otros organismos del Estado pueden actuar recogiendo pruebas. No es un solo camino el que tenemos; tenemos varios. Explorémoslos. Lo que tenemos que hacer como Asamblea, me parece a mí, es exigir que todos esos caminos se transiten con eficacia, con seriedad, con profesionalidad y con transparencia. Porque más allá de la discusión jurídica, sobre si las pruebas convencen o no, quienes estamos expuestos a los efectos de la contaminación, somos nosotros, los que vivimos acá. "La lealtad de los dirigentes es con sus representados" - Abrir un nuevo juicio supone una decisión política. Y el país va a un proceso de recambio de autoridades. Lo que uno ve, es que gran parte de la dirigencia política considera que esto es un caso cerrado. Luis Leissa:- El fallo ocurrió hace poco. Me da la impresión que en algunos ha habido apresuramiento. Lo digo con dolor porque tengo respeto intelectual por ellos, pero las declaraciones de Elisa Carrió y del diputado Juan Carlos Vega son lamentables. No habían terminado de leer nada y ya estaban criticando al gobierno. Acá se confunden los planos. Entonces creo que esto merece un análisis más profundo, un mayor detenimiento. El problema nuestro, más allá de la crítica al gobierno, es saber cómo nos paramos ante la nueva situación. Y ver qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Lo que tenemos que ver es qué medidas son susceptibles de tomar por parte de la Asamblea, desde este umbral que es la declaración de ilegalidad. Tenemos que decir: cómo reclamamos los otros pasos que se deben dar para el objetivo final y demostrar que efectivamente Botnia contamina. Para que se ordene su desmantelamiento, paralización o relocalización. Es cierto, acá algunos insinúan que esto es cosa juzgada. Por eso va a depender de nosotros -con inteligencia, sin petardismo, con mucha adultez- evaluar la actitud que toma nuestro gobierno. Porque acá el gobierno parece estar más preocupado por ver qué se hace con el corte que por reforzar la ilegalidad profunda en que ha incurrido nuestro vecino. Por un lado está preocupado, entre comillas, por la irracionalidad de los habitantes de Gualeguaychú, en torno al corte. Y en el otro extremo, parece postular una especie de resignación. Entre la resignación, a la cual adhieren sectores del gobierno y de la oposición, y la irracionalidad, hay un abanico amplísimo de posibilidades. Creo que con responsabilidad cívica, sin caer en demagogia, con adultez, hay que seguir activando este tema y reclamar. La Asamblea es un movimiento social -quizá el más importante de la Argentina en los últimos 40 años después de las Madres de Plaza de Mayo, como me consignó un amigo porteño-. Como movimiento social tiene mucha mayor agilidad, mucha mayor flexibilidad para reaccionar que los propios Estados. Esto es un fenómeno comprobado. Esto lo dice muy bien Ulrich Beck en su teoría de la "La sociedad de riesgo mundial". Reaccionan más fuerte las ONGs que los propios Estados. En consecuencia, hay cosas que dependen de nosotros. De nosotros depende que sigamos reclamando con inteligencia. Porque la firmeza no está reñida con la buena educación. El fallo demostró que no teníamos ideas alocadas y temerarias (...) ¿Qué medidas se pueden explorar? Por ejemplo, reclamar en el Juzgado Federal; reclamar el derecho de información a la Cancillería (para que nos brinde pruebas); reclamar que se aplique el Código Aduanero. No nos olvidemos que la Cámara Federal de Paraná le ordenó al juez Quadrini que citara a prestar indagatoria a los directivos de Botnia. Quiere decir que había elementos de convicción suficiente para decir: 'señor, venga usted, diga qué es lo que sabe con respecto a este hecho que se le imputa' (...) Uruguay se ha abroquelado en violar el Estatuto del Río Uruguay; también viola el protocolo de San Luis, que es parte del MERCOSUR, por el cual cualquiera de los Estados signatarios debe suministrar las pruebas que se produzcan en su propio territorio. Esas cosas hay que denunciarlas con cuidado. La reconciliación deseada con Uruguay -como se habla en abstracto- no puede hacerse sobre la base de perjudicar a Gualeguaychú, dejando que una planta se meta en la cuenca sin su autorización, violando toda la normativa vigente (...) Osvaldo Fernández:- Frente a un fallo malo que no solucionó el conflicto, debemos adoptar las mejores estrategias. En función de nuestro objetivo, no del interés del gobierno o de algún grupo periodístico o de los intereses económicos que se mueven en torno a lo que significa Botnia. Está obviamente la sospecha de que se intente vaciar de contenido al fallo. Y esto significaría mirar para otro lado. Por eso, debemos exigirle al Estado que actúe bien. También exijámosle a la dirigencia política, del oficialismo y de la oposición, que asuman esto como una política de Estado (...) L.L.:- Por otro lado, tenemos que decir que del lado del gobierno tan mal no se actuó. Al respecto, tenemos que hacer un llamado a la reflexión, en el sentido de que deberíamos aliarnos con el gobierno municipal en este tema (...) Al mismo tiempo, quienes conducen tiene que saber distinguir sus lealtades. Y a veces eso significa enfrentarse con quienes ocasionalmente tienen mandatos provinciales o mandatos nacionales y pertenecen al mismo partido. Porque lo importante son las lealtades con las personas a quienes representamos. Hay una tendencia dirigencial a procesar las lealtades hacia arriba y no hacia abajo. Me gustaría, en este sentido, que de una forma respetuosa pero firme, nuestros intendentes, legisladores provinciales y nacionales, le estén reclamando por ejemplo a (Homero) Bibiloni sobre lo que pasó. Esto no significa  condenar de antemano. Significa: díganos qué es lo que pasó, y en qué podemos ayudar (...) Hay compañeros en la Asamblea que lo primero que hacen es una condena anticipada a todo lo que aparezca como poder público. Y eso no puede ser. El poder público existe. Por otra parte, seamos lo suficientemente humildes para entender que tampoco somos los depositarios de la verdad revelada y que como movimiento social a veces nos equivocamos. Hasta ahora parecería que la Asamblea ha acertado en la mayoría de las cosas que la Asamblea que denunció. Pero eso no significa que no tengamos cosas que corregir. - Y al gobernador, ¿qué es lo que hay que pedirle?L.L.:- Que acompañe este proceso. Que haga una reflexión serena sobre lo que ha pasado. Que entienda que la Asamblea no es un adversario. No queremos que haya políticas directas o indirectas dirigidas a socavar el reclamo. Deseamos que las autoridades argentinas se preocupen menos por el corte de la ruta que por la ilegalidad flagrante que ha hecho el Estado vecino. Los desbordes en que pudo haber incurrido la Asamblea son absolutamente excusables frente a lo hecho por Uruguay, que ha actuado verdaderamente de mala fe, como ha reconocido el fallo de La Haya. Uruguay se ha comportado en forma contraria al principio de la buena fe contractual. O.F.:- El fallo habla de cooperación y buena fe entre los Estados. En este sentido, hay que reclamarle al presidente Mujica que cumpla con nuestro derecho a la libre expresión en el Uruguay, como ciudadanos del Mercosur. Nosotros hoy no podemos ir al Uruguay a expresarnos, no podemos ir a una radio, no podemos dar una charla en una plaza para explicar nuestra posición. Y esto porque directamente nos amenazan con expulsarnos del Uruguay (...)