
Juan Veronesi se convirtió en el primer vecino en declarar ante Gustavo Pimentel, Juez Federal de Concepción del Uruguay, en el marco de la denuncia contra 25 ciudadanos de Gualeguaychú por los cortes de la ruta Internacional 136 en el mes de septiembre.Por Rubén Skubij
Llegó a los tribunales junto a sus abogados defensores Ana Angelini y Luis Leissa; lo aguardaban su esposa, Gilda Bilinsky, uno de sus hijos -Francisco-, el asambleísta Jorge Fritzler y un grupo de ambientalistas de La Histórica.Ingresó cerca de las 11 al despacho del juez y estuvo alrededor de 15 minutos tiempo en el que escuchó la imputación; luego tomó la palabra, rechazó los cargos en su contra, entregó un escrito y se abstuvo de seguir declarando.El Día y Radio Cero, únicos medios presentes, habló con Veronesi. "El juez primero me aclaró que estaba la libertad de declarar o no. La imputación está relacionada con el corte de la ruta el día 5 de septiembre, mencionó a otras 10/15 personas, acusándonos de haber interrumpido el tránsito y por la cual hay denuncias de dos personas de afuera, desconocidas".Después que se le leyó la imputación por parte del Secretario del Juez "yo rechacé todas las imputaciones y le dije que me iba a abstener de declarar y le dejaba por escrito una defensa que presentamos con mis abogados".Son varios puntos, "por ejemplo que en Gualeguaychú a los reclamos lo hacemos en defensa de la vida. Lo hemos hecho con los medios legítimos y respetuosamente en todos los casos, y que no hubo nunca cortes permanentes de ruta sino que han sido circunstancias que se dieron dada la afluencia de cantidad de gente".- ¿Pimentel qué le dijo?Me informó que estaba en mi pleno derecho. Firmé delante de él escrito. El acepta que así sea el proceso y seguirá adelante si le parece, o no.Posteriormente, fue convocado a firmar la eximición de prisión otorgada por el juez federal. "No me metieron en cana, me vuelvo a Gualeguaychú", señaló y se abrazó con su emocionada esposa.Mientras declaraba Veronesi, expresó: "estamos con mucha ansiedad, un poco de angustia y bronca pero con la esperanza de que Gualeguaychú seguirá con el firme propósito de denunciar permanentemente a Botnia y a las estrategias que está haciendo el gobierno del Uruguay".La Dra. Ana Angelini comentó que en el escrito "manifiesta su razón y descargo ante esta causa que se le imputa. Hubo muy buen trato y receptividad por parte del Juzgado. Esto irá pasando a medida que vayan presentándose todos a declarar".Enfatizó que Juan Veronesi "pide su sobreseimiento, sostiene que no hay corte de ruta ni causa alguna que justifique esta imputación".

Qué se le imputaA Juan Veronesi se le imputa el delito reprimido por el art. 194 del Código Penal que dispone: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".De acuerdo a lo consultado por El Día, dicha normativa penal no puede estar por encima del "derecho a la protesta" que es una consecuencia del derecho a peticionar a las autoridades (en forma individual) y del derecho de reunión (en forma colectiva), garantizados por nuestra Constitución Nacional.Autores como Eduardo Zaffaroni, Raúl Gustavo Ferreyra -argentinos-; y Roxin -alemán- sostienen que las permisiones constitucionales (como el derecho a la protesta, por ejemplo), no pueden quedar enervadas por la normativa penal de rango inferior. Esto, siempre que la protesta sea pacífica y no haya daños a bienes o a la integridad física de personas.Descargo por escritoEn el escrito entregado a Pimentel, Veronesi dejó sentado su rechazo a "la existencia de motivos bastante para que se pueda sospechar que haya participado en la comisión de algún delito y menos de la figura incriminada en el art. 194 del Código Penal". "Es cierto que se realizó una 'protesta social' organizada por la "Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú" el día 5 de septiembre de 2010, pero en ningún momento se interrumpió el tránsito ni se cortó la ruta".Acotó: "puedo afirmar que en ningún momento el tránsito estuvo interrumpido sino que solamente se produjeron demoras porque se repartían volantes que los automovilistas recibían. Ese "derecho a la protesta" que resulta del de peticionar a las autoridades y del derecho de reunión, jamás puede dar lugar a un delito".Dijo que "los motivos de la protesta fueron los que movilizaron a 300 personas como informó Gendarmería Nacional. En consecuencia, promover una instrucción formal respecto de quince personas resulta una de una selectividad irrazonable, absolutamente caprichosa, porque prescinde de determinar niveles de autoría, participación o instigación, lo que no puede admitirse"."Los motivos de la protesta subsistían hasta el 5 de septiembre. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no cerró el conflicto ni ha sido un cauce institucional que la deslegitime porque el carácter contaminante de la empresa Botnia-UPM -cuya radicación ilegal da origen al conflicto desde hace siete años- ha sido públicamente reconocido por el Gobierno Nacional".Aseguró que existen razones existenciales "que interesan al común de la población que excluyen la existencia de cualquier reproche penal, dado que está involucrado un colectivo de ciudadanos; se actúa en base a una preocupación por el bien común; está identificado el destinatario de la protesta; jamás se ha atentado contra la democracia; y la infracción es absolutamente insignificante como lo demuestra el escaso tiempo que se habría producido el 'corte de ruta' y el desinterés evidenciado por los propios 'perjudicados'".Por último le pidió que "al resolver mi situación procesal, decrete el sobreseimiento ante la evidencia que el hecho investigado no encuadra en una figura penal".