Volvieron a exigir medidas para frenar la violencia machista

Con cánticos y carteles, organizaciones sociales se manifestaron durante el mediodía de este lunes frente a Tribunales y en la explanada de Casa de Gobierno.Exigieron que se declare la emergencia por violencia hacia las mujeres y se implementen medidas urgentes que frenen los feminicidios, se informó."Primero fuimos a Tribunales con dos consignas muy claras, que tienen que ver con la necesidad de que se cambie la carátula de Ojeda y se utilice el agravante de femicidio; y que se esclarezca el caso de Jessica", comentó Nadia Burgos, integrante de la agrupación Juntas y a la Izquierda, en referencia a los dos últimos casos de femicidios ocurridos en Paraná. Orlando Ojeda es el suboficial de la Prefectura Naval que el sábado 5 de noviembre mató a dos ex parejas, Romina Ibarra y Lidia Milessi. En tanto, el cuerpo de Jessica Do Santo fue encontrado desmembrado el miércoles pasado en un descampado del Parque Nuevo Humberto Varisco, y aún se desconoce a los responsables de su asesinato.Además, Burgos apuntó que "a estos pedidos se suma la inmediata detención del femicida de Rosario del Tala", en referencia a Miguel Cáceres, quien esta mañana asesinó a Ana Ángela Bardelli y pasado el mediodía fue detenido en una zona rural cercana a Gobernador Echagüe."Lamentablemente tenemos que seguir sumando reclamos cada vez que nos acercamos a Tribunales", se quejó la activista en diálogo con esta Agencia."La declaración de emergencia es una necesidad que los hechos lo demuestran. Siguen matándonos por ser mujeres, necesitamos que haya un presupuesto acorde a la emergencia actual para que desplieguen medidas concretas para que esto se termine", subrayó.En Casa de GobiernoPosteriormente las manifestantes se trasladaron hacia la explanada de Casa de Gobierno, donde leyeron una carta dirigida al gobernador Gustavo Bordet. "Declaramos insuficiente la medida de relacionada con la portación de armas de los agentes de la Policía provincial que tienen denuncias por violencia de género", remarcó al respecto Burgos.Acotó que "ya hay una norma nacional, vigente desde 2012, que no fue eficaz" y sostuvo que "la portación de armas tiene que ser prohibida para todo agente que tenga antecedentes de violencia"."También tiene que haber sumario administrativo que investigue el accionar del agente dentro de la fuerza. Y, en caso de que se le haga retención del 50 por ciento del sueldo, exigimos que sea entregado a las víctimas y sus hijos", agregó Burgos. Otro punto que reclaman es que los agentes con antecedentes de violencia "pasen a tareas administrativas, para que no se exponga a la sociedad al peligro de violentos sueltos".Las activistas pretendían ser recibidas por Bordet, pero como éste se encuentra de viaje por Marruecos, según informó personal de seguridad de la Casa Gris, finalmente ingresaron la misiva a través de Mesa de Entradas.Luego Burgos subrayó, en diálogo con esta Agencia: "Pedimos la renuncia de la titular de la Subsecretaría de la Mujer, Myriam Bianqueri, porque no está a la altura de las circunstancia". Y apuntó además: "Desde Juntas y a la Izquierda también pedimos que el vocero del Gobierno no sea Mauro Urribarri, porque es un funcionario que está implicado en causas por trata de personas"La carta a BordetA continuación se trascribe el texto de la carta dirigida al Gobernador. "Quienes suscribimos, ciudadanas activistas de los Derechos Humanos de las mujeres, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra preocupación por la Resolución adoptada en relación a la portación de armas por parte del personal de seguridad en casos de denuncia de violencia familiar o de género.En virtud de lo anterior manifestamos que tales medidas son a nuestro entender insuficientes, pues el paso del tiempo ha demostrado que la Norma Nacional Resolución N° 1515/2012, la cual se adjunta, que legisla en igual sentido, a la luz del paso de los años y de los acontecimientos ocurridos desde su puesta en vigencia, ha quedado obsoleta. Claramente la restricción del uso de armas solamente en horarios de servicio, no ha impedido que integrantes de las fuerzas de seguridad sean protagonistas de hechos aberrantes, en donde la provincia de Entre Ríos no está al margen.Gobernador, desde nuestro lugar de ciudadanas expresamos nuestro rechazo a que alguien que es denunciado por violencia, se le conceda la posibilidad de portar un arma con la pretensión de llevar adelante un servicio público en horario de trabajo.Estamos convencidas que todas las medidas adoptadas en función de la violencia de género deben ser ejemplificadoras, por lo cual exigimos la prohibición de portación de armas a todo agente con denuncias de violencias de género, y que tales agentes mientras dure la acción judicial, pasen a realizar tareas administrativas o actividades que no implique el uso de armas, y paralelamente apertura de sumario que investigue el accionar del agente dentro del ámbito de trabajo. En el caso de que el sumario implemente retención de sueldo, exigimos que el porcentaje de sueldo sea puesto a disposición de la víctima y/o hijos del agente en cuestión". (APFDigital)