El Observatorio del Agua de la Universidad de Rosario denunció ante el Ejecutivo de Santa Fe casos de venta de agua a buques que operan en muelles de esa ciudad. Esa denuncia ya había sido realizada por el titular de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, quien dijo públicamente que las empresas agroexportadoras de la zona estarían percibiendo "4 millones de dólares anuales, sólo por la venta de agua a los buques que operan en los muelles locales". Pese a la denuncia del sindicalista, realizada el pasado verano; y a la presentación del Observatorio del Agua de la Universidad de Rosario, efectuada el 4 de febrero, el Estado santafesino no investigó el caso.Ante esa situación, director de la cátedra libre, Aníbal Fascendini, y el grupo que la compone, esperan que los reciba el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, arquitecto Antonio Roberto Ciancio."Todavía nos genera incertidumbre la respuesta a la nota que presentamos. Nos preocupa e irrita, además, porque el ministro telefónicamente nos aseguró que iba a reunirse con nosotros y esto no pasó", expresó Fascendini a Tiempo Argentino.Concretamente, lo que hicieron fue presentarse en el ministerio con fotocopias de las declaraciones del gremialista para pedir que se abriera una investigación. "Lo que nos motivó, desde la seriedad que corresponde, es plantear que el Estado, a través de la Ley 13.036, tiene la obligación de investigar. Lo que estamos pidiendo al gobierno provincial es que confirme o desestime esta denuncia, porque podrían estar vulnerándose leyes. Existe una apropiación indebida de dominio público, y se está violando un derecho humano, porque el agua no se puede vender", agregó.El artículo 1 de la norma invocada prohíbe "la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento o proceso de ningún tipo del dominio originario de la provincia, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que implique directa o indirectamente su exportación".Al margen de los dichos de Quiroga, en la zona se da crédito a la posibilidad de certeza sobre su acusación. Aunque no están probadas las transacciones, la venta sería para consumo y equilibrio de las bodegas de buques con líquidos.En la misma sintonía que el Observatorio se expresó el presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Muñoz, quien agregó que "no es la primera vez que se denuncia algo similar y creo que es necesario investigarlo. La verdad es que no sabemos si es una venta a granel o para consumo en navíos, lo que está permitido por la Ley 11.220. El gobierno debería fiscalizar porque el agua puede ser un negocio y siempre hay más de un pícaro para aprovecharlo."
