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Weimberg sobre la causa contra Amarras: "Le ganamos a un poder económico importante"

El abogado dijo que era un fallo que esperaba con mucha ansiedad y que "es una reivindicación para todas las luchas ambientales que ha tenido la ciudad".

“Esto nos permite decir que no todas las luchas ambientales se pierden, también están las que se ganan, como es el caso Amarras, pese a que se trató de una causa con muchísimas adversidades y mucho poder económico en contra”, afirmó el abogado Juan Ignacio Weimberg, el letrado que llevó adelante el proceso legal que finalmente concluyó con el cierre del barrio naútico que se había comenzado a construir en Pueblo Belgrano.

“Este fallo se ha esparcido por todo el país y seguramente dejará un precedente, además de ser objeto de comentarios en medios especializados en ambiente, ubicando a Gualeguaychú en el lugar nacional que corresponde como la cuna del derecho ambiental”, agregó sobre la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) que declaró ilegal el mega emprendimiento inmobiliario y que ahora está obligado a ser desmantelado en 180 días.

La causa la inició con un amparo el abogado y ex senador provincial Julio Majul en el juzgado de Marcelo Arnolfi, magistrado que entendió que “había que colectivizar e involucrar a toda la comunidad”. Fue así que, en menos de tres días, se juntaron más de 1700 firmas que pedían que no se realice este proyecto, siendo este el puntapié inicial para instalar el proyecto.

“El STJ decidió condenar al Gobierno de la provincia y al municipio de Pueblo Belgrano por haber sido, durante la gestión de Jacinto Chesini, la que permitió que se iniciara la obra de un barrio náutico ilegal y que continuó durante la administración del intendente Mauricio Davico, quien no le impidió a la empresa Altos de Unzué S.A., la que realizó la inversión, a detener la obra”, explicó en declaraciones a ElDía.

La condena ordena, en principio, desmantelar el barrio náutico, destacándose en un párrafo que la sentencia es solidaria, es decir que cualquiera de los tres actores se ve obligado a ejecutar las obras, y pone en cabeza una modificación que hizo el STJER, y es que el Gobierno provincial deberá supervisar las obras de desmantelado.

“A la empresa técnicamente le quedaría interponer un recurso extraordinario y de esa manera llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el caso de una denegatoria un recurso de queja”, sostuvo Weimberg, quien agregó que “es muy difícil que la Corte modifique algo, teniendo en cuenta que hay que privilegiar el recurso pro nature y pro agua, que no se podía construir en ese lugar, que la Provincia había dictado una ley,9718, que prohíbe construcciones y decreta reserva a la zona de humedales en el departamento Gualeguaychú e Islas de Ibicuy, además de existir un artículo en la Constitución provincial que señala que todos los recursos hídricos son responsabilidad de la Provincia”, informó.

“El que debió pedir un estudio de impacto ambiental, previo a cualquier movimiento de suelos y a cualquier hueco en la bahía, era el Poder Ejecutivo de Pueblo Belgrano y la Gobernación. No es ni era responsabilidad del Poder Judicial, que mira hacia el pasado y dictamina si algo se hizo bien o mal”, manifestó.

Indicó que el “paso inicial que nunca se dio fue el de la no realización de un estudio de factibilidad y del impacto ambiental que podía ocasionar la obra que no siquiera contó con la firma del pseudo estudio que presentó la empresa en su momento”.

Weimberg calificó al Concejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), dependiente del gobierno de la provincia, de “nefasto” debido a que si el organismo aplicara el reglamento, todos los emprendimientos en el delta entrerriano deberían ser declarados ilegales porque afectan los recursos naturales. “Desde que Eduardo Asueta es coordinador del Corufa, todo anda mal. Debe entender que soy estúpidos si piensa que le voy a creer que van a modificar el puente y hacer una obra fabulosa”, reprochó el abogado.

Por último, advirtió que “es factible que la empresa presente quiebra y esto es algo que todas las personas que de buena fe confiaron en una firma que vendió espejitos de colores, gente que firmó boletos de compra-venta, terminarán frustrados en sus derechos. Lo más seguro es que quiebren, porque pagar no van a pagar”. En relación a este punto, recordó que el abogado de Altos de Unzué S.A., Daniel Garbino, había dicho hace un tiempo que “esta sentencia es el decreto de quiebra” de la empresa sancionada por la Justicia. “No tienen el capital para hacer frente al aluvión de demandas que se le viene, además de las costas legales y las tareas de desmantelamiento”, concluyó.

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