24M: Cómo vivió Gualeguaychú el inicio de la dictadura más cruenta de nuestra historia

En la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, la Junta Militar compuesta por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea interrumpió el orden constitucional y democrático haciéndose con el control total de la República Argentina. El Congreso quedó disuelto, las autoridades gubernamentales derrocadas y las instituciones intervenidas. Así lo anunció el Comunicado Nº1, transmitido por primera vez alrededor de las 3.15 a.m. por Cadena Nacional de radio y televisión:

“Se comunica a la población que a partir del día de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanan de la autoridad militar, de seguridad o policial; así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación". Lo firmaban los jefes de las tres fuerzas: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

Pocas horas después, a las 8.30 de la mañana, autoridades militares del Escuadrón de Exploraciones de Caballería Blindada de Gualeguaychú ingresaron al palacio municipal de nuestra ciudad y relevaron de su cargo al intendente Leoncio Otero y a su gabinete, a la par que disolvieron el Concejo Deliberante. Según los diarios locales El Argentino y Noticias, el Mayor Juan Miguel Valentino y el Capitán Gustavo Martínez Zuviría, quien asumiría ese mismo día como “intendente interventor interino” o comisionado, reunieron a los trabajadores municipales en el hall de entrada a las 10 de la mañana para transmitirles los objetivos de la intervención militar:

“(…) el Ejército Argentino ha tenido que salir a la calle para luchar contra un flagelo, el flagelo subversivo (…) Así como le expresé a los delegados de gremios, este no es un golpe militar, no es un “golpe” que pretende ir contra un partido político. Esto que hemos realizado es un movimiento de reorganización nacional, en el cual tienen que tomar participación todos aquellos que se consideren argentinos", les indicó el Mayor Valentino, según fue transcrito de manera textual en los periódicos.
 

Luego, en diálogo con la prensa, Valentino aseguró: “La situación actual en la ciudad de Gualeguaychú es de completa normalidad y hemos encontrado la mayor de las disposiciones a los efectos de continuar el proceso de reorganización nacional que se ha iniciado en el día de la fecha”. Consultado sobre si existían detenidos políticos, el Mayor expresó que “no podría decirles detenidos políticos”, ya que su lucha “es la lucha contra la subversión”, y que “por consiguiente, los allanamientos y las detenciones que se han producido son producto, y valga la redundancia, de operaciones que estamos realizando contra la subversión”. Después, respondió a la pregunta por los nombres de los detenidos indicando que los darían a conocer “a posteriori, cuando sea oportuno”.
 

Tras el paso del Capitán Martínez Zubiría por el gobierno local, le sucedieron Isidoro Etchebarne (1976-1980), Raúl Esnaola (1980-1981), Emilio G. Vitale (1981-1983) y Damián Denardi (1983), quien con el retorno de la democracia entregó el mando al intendente electo Ricardo César Taffarel.

En tanto, a nivel provincial, el Gobernador de Entre Ríos depuesto por el Golpe fue Enrique Tomás Cresto. Fue desplazado por el coronel Juan Carlos Trimarco, quien después de una breve intervención, dejó la provincia a cargo del brigadier Rubén Daniel Di Bello (1976-1978). Le siguieron el comodoro Pablo Federico Jávega (1978), el general de brigada Carlos Enrique Aguirre (1978-1981), el doctor Jorge Washington Ferreyra (1981-1983) y el ingeniero Mario César Bertozzi (1983). Este último, le entregó el poder al doctor Sergio Alberto Montiel, quien ganó las elecciones democráticas del 30 de octubre de 1983.

En línea con los grandes medios gráficos como La Nación o Clarín, los periódicos locales también retrataron el golpe como si se tratase de un evento natural, haciendo alusión a una “normalidad” y “tranquilidad” reinantes. “Las FF.AA asumieron el gobierno. Reina tranquilidad en todo el país”, anunciaba la tapa de El Argentino, mientras que Noticias afirmaba: “Fin de la crisis. Asumió el teniente Gral. Videla”. El editorial de este último, titulado “El país vuelve a la normalidad”, decía: 

“(...) la ciudadanía espera ansiosa las medidas que las autoridades militares tomarán para adecentar la administración pública, sin caer en exceso, pero con el rigor que sea necesario y que exigen las actuales circunstancias. El pueblo trabajador no perderá las conquistas sociales ya adquiridas, pero tanto la actividad gremial y política tendrá que ser desterrada de cuajo, para evitar males mayores a la República”.

Luego, refiriendo a los comunicados y proclamas de la Junta Militar, agregaba: “La ciudadanía confía plenamente en esos propósitos inspirados en el bien común, y no habrá ningún argentino de bien que no esté consustanciado con los textos dados a publicidad”.

En todo el país, la Dictadura contó con la complicidad de civiles, de los medios de comunicación y de una parte de la Iglesia y del Poder Judicial, así como también con la colaboración de grandes empresarios, quienes ayudaron a pergeñar el Golpe y, en algunos casos, dispusieron de sus fábricas para el secuestro y detención ilegal de trabajadores y líderes sindicales. Su interés estaba alineado al plan de la cúpula militar y sus aliados: imponer, un modelo económico ligado al naciente neoliberalismo, basado en la distribución desigual de la renta, el desincentivo de la industria nacional, el fomento de la especulación financiera y la desintegración de toda forma de organización de la clase trabajadora.

El objetivo expreso de la Dictadura era, entre otras cosas, lo que ellos llamaban “el exterminio de la subversión”, un concepto amplio y difuso que utilizaron como justificativo para ejercer el terrorismo de Estado. La idea de subversión excedía ampliamente a las organizaciones políticas armadas. La definían como un "virus" o "enfermedad" social, dentro de la cual incluían no solo a guerrilleros sino también a militantes políticos, sociales, sindicalistas, sacerdotes, intelectuales, artistas, docentes, estudiantes y cualquiera que cuestionara el orden establecido, considerándolos enemigos que debían ser aniquilados.

Así lo demostraron efectivamente en la práctica: la enorme mayoría de las personas secuestradas, detenidas, torturadas, ejecutadas y desaparecidas no tenían vínculo alguno con la violencia armada. Por otra parte, lejos de tratarse de una “guerra” o de la Justicia impartiendo su condena, la represión tuvo un modus operandi ilegal y clandestino. Si bien parte de este accionar ya estaba en marcha desde 1974, el Golpe implementó un plan sistemático de probada intencionalidad genocida, y los crímenes cometidos adquirieron el carácter de delitos de lesa humanidad. No se trataba de “excesos”.

Gualeguaychú vivió en carne propia el terrorismo de Estado, que secuestró, desapareció y/o asesinó a 37 jóvenes de la ciudad. Varias familias sufrieron la pérdida de dos de sus hijos o hermanos. Al día de hoy, se sigue buscando a quienes nunca fueron encontrados y a dos bebés que fueron apropiados: Pedro, hijo de Blanca Angerosa, y a otro/a hijo/a de Marta Bugnone. Por otra parte, el horror de la Dictadura también se impartió en la ciudad a través de los allanamientos, amenazas y estigmas sufridos por las familias y amigos de las víctimas, así como también mediante la privación de la libertad por motivos meramente políticos que vivieron muchos otros gualeguaychuenses.

El recuerdo de aquellos días de terror, en palabras de Patricia Savoy

La referente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú compartió con Ahora ElDía una mirada retrospectiva y personal sobre la atmósfera que se vivía en Gualeguaychú en los momentos previos al golpe de estado y durante el oscuro período que le siguió.

“No tengo un recuerdo claro de dónde estaba en el momento del anuncio, de aquel famoso comunicado de la Junta Militar, pero sí tengo muy clara la sensación de miedo, de terror, de decir ‘no nos puede estar pasando esto’. Ya se vivía un clima de mucha tensión para la militancia política y social. En el gobierno anterior habían comenzado las persecuciones, y en la unidad penitenciaria de Gualeguaychú ya había presos políticos, militantes sociales, como Enrique Guastavino, Daniel Yrigoyen o Siri Chacón, por nombrar algunos. Por otro lado, esto era una irrupción en la democracia, por lo que se sabía que iba a traer consecuencias serias: era un estado de sitio, con pérdida de garantías, toques de queda, y un montón de situaciones que hacían difícil prever qué es lo que iba a pasar hacia adelante”, relató Patricia Savoy.

La referente de Madres de Plaza de Mayo local, contó que en ese momento “estaba casada, tenía un bebé, un hijo pequeño, y estaba embarazada nuevamente. Con mi marido ya habíamos sufrido un allanamiento, en esta persecución que hubo durante el último tiempo del gobierno de Isabel Perón. El allanamiento fue dirigido por la Policía Federal de Concepción del Uruguay con el apoyo de la policía y del ejército local. Si bien no fuimos detenidos, no sé qué es lo que buscaban ni querían comprobar, y no lograron su objetivo, estábamos marcados en esas famosas listas que ellos tenían para perseguir a gente en Gualeguaychú”.

“Lo que se vivió después fue muy difícil porque a partir de ahí hubo muchas detenciones a nivel local: de amigos, compañeros de militancia, compañeros de colegio. La gran mayoría terminó en la unidad penitenciaria; algunos estuvieron algunos días desaparecidos y después fueron blanqueados y traídos al ejército local. Todos habíamos atravesado nuestra adolescencia, nuestra juventud, en un compromiso social fuerte. Muchos habíamos pasado por la Casa de la Juventud, que era una casa de la iglesia en la que teníamos nuestros grupos de trabajo, sobre todo los trabajos sociales, de contención social en los barrios”, detalló sobre el clima que se vivía hace cincuenta años.

Savoy dijo que la casa de sus padres fue allanada, “porque mi hermana estuvo detenida dos o tres días en Chajarí, con sus compañeras de trabajo. Ellas vivían en una escuela rural y trabajaban mucho con las ligas agrarias. Mi hermana quedó en libertad, pero perdió su trabajo, porque todos los que tenían antecedentes a partir del 24 de marzo quedaron cesantes en las actividades educativas. Sus compañeras quedaron detenidas y fueron llevadas a Paraná, donde estuvieron presas prácticamente durante todo el proceso que duró la dictadura. En Gualeguaychú desaparecieron dos de nuestros amigos: la Noni González y el Ruso Dezorzi. Eran amigos, de compartir un montón de vivencias y situaciones de la diaria. A fines de diciembre de 1976 desapareció mi hermana en La Plata”. 

A medio siglo del último golpe militar en nuestro país, Savoy reflexionó y reconoció que “todos estos hechos atravesaron la vida cotidiana de nuestras familias. Fue un proceso duro de atravesar, tratando de acompañar, y de vivir también preservándonos en algunas situaciones, porque a medida que iban avanzando los días íbamos sabiendo de los secuestros, de las desapariciones, de las detenciones. Era una situación que no pasaba lejos del entorno de uno, por lo tanto se hizo difícil. ¿Qué consecuencias me trajo a mí esto? Un cambio rotundo en mi vida, y creo que fue lo que me convirtió en lo que soy hoy: una militante de los derechos humanos”.