A 32 años de un atentado sin justicia: el imperativo ético de no olvidar

El calendario nos vuelve a situar frente a una fecha que se siente como una herida abierta en el cuerpo y en el alma de nuestra nación: el 18 de julio. Han transcurrido ya 32 años desde aquel fatídico lunes de 1994 en el que la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires fue destruida por un brutal ataque de un coche bomba. Tres décadas y dos años de un silencio judicial ensordecedor, de preguntas sin respuestas definitivas y de una impunidad que, lejos de diluirse con el tiempo, se consolida como una de las deudas más dolorosas y flagrantes de la democracia.

Desde la Asociación Unión Israelita de Gualeguaychú, participamos una vez más con el más hondo pesar de este doloroso aniversario. Pero este pesar no es un ejercicio de melancolía pasiva; es un grito activo, una demanda innegociable de justicia que se renueva con cada amanecer del mes de julio.

A menudo se tiende a centralizar las tragedias nacionales, como si el horror vivido en la calle Pasteur de la Capital Federal no nos incumbiera de manera directa a quienes habitamos el interior de la patria. Nada más alejado de la realidad. El terrorismo no atacó únicamente a un edificio o a una comunidad específica: atacó la soberanía, la paz y la convivencia de toda la ciudadanía argentina.

Por eso, como vecina y como parte activa de nuestra comunidad, convoco de corazón a todos mis copoblanos a reflexionar, a detener la marcha cotidiana y a recordar junto a nosotros.

Quienes formamos parte de la comunidad judía local nos sentimos víctimas directas de esta barbarie y nos reconocemos en la obligación ineludible de custodiar la memoria colectiva. Pero esta no es una tarea solitaria. La memoria es un ejercicio comunitario, un lazo social que nos une a todos los ciudadanos que aspiramos a vivir en un país donde la vida sea sagrada y el crimen no quede impune.

¿Cómo se construye el futuro de una nación cuando sus cimientos toleran más de tres décadas de injusticia? Una democracia real, fuerte y saludable no se mide únicamente por la periodicidad de sus elecciones o el correcto funcionamiento de sus mercados. Se mide, fundamentalmente, por la solidez de sus instituciones y su capacidad para garantizar la verdad.

La impunidad persistente en el caso AMIA es un mensaje peligroso: es la dolorosa admisión de que el Estado ha fallado en su deber más básico de proteger a sus ciudadanos y de castigar a los culpables. Para edificar una República verdaderamente robusta, debemos entender que las instituciones no pueden permitirse el lujo del olvido. Cuando una sociedad olvida, o cuando decide mirar hacia otro lado para evitar la incomodidad del reclamo, se debilita colectivamente y queda expuesta a que la historia más oscura vuelva a repetirse.

Como bien ha manifestado recientemente Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA: “La memoria necesita instituciones y personas dispuestas a sostenerla en el tiempo. Cada aniversario del atentado nos vuelve a poner frente al paso de los días, la impunidad que persiste, la ausencia que no se llena. 85 víctimas fatales y 300 heridos son la marca de ese 18 de julio de 1994 y también la razón por la que seguimos año tras año exigiendo justicia”.

Estas palabras resuenan con fuerza en cada rincón del país y cobran especial relevancia en comunidades como la nuestra. Sostener la memoria en el tiempo requiere un esfuerzo deliberado. Implica:

● Educar a las nuevas generaciones que no vivieron aquel julio de 1994, transmitiendo el legado de que el terrorismo internacional nos golpeó a todos.

● Exigir de manera constante a los poderes del Estado que utilicen todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles para juzgar a los responsables materiales e intelectuales.

● Acompañar el dolor de las familias de las 85 víctimas fatales, cuyas vidas quedaron truncadas de un segundo al otro, dejando un vacío imposible de llenar.

No podemos acostumbrarnos a la impunidad. La resignación es el peor enemigo de la justicia. Mientras sigamos de pie, seguiremos exigiendo respuestas. No nos impulsa el rencor ni la sed de venganza; nos guía un profundo amor por nuestro país, una fe inquebrantable en los valores de la justicia y el respeto absoluto por la memoria de quienes ya no están.

A 32 años del brutal atentado a la AMIA, desde Gualeguaychú alzamos nuestra voz. Por las ochenta y cinco vidas truncadas, por los cientos de heridos cuyas secuelas físicas y emocionales perduran, por nuestro derecho a vivir en paz y por la salud de nuestra democracia: hoy más que nunca, prohibido olvidar y no dejar de perseguir justicia.