La discusión sobre la ley de glaciares no es, como muchas veces se plantea, un debate entre minería y ambiente. Ese enfoque es simplista y, en última instancia, equivocado.Argentina necesita desarrollar su potencial minero. Lo necesita para generar empleo, exportaciones y fortalecer sus economías regionales en un contexto internacional que demanda recursos estratégicos. El problema no es ese.La verdadera discusión es otra: quién define los límites de ese desarrollo y con qué reglas. Ese es el punto donde el proyecto de reforma no resuelve.En Entre Rios hay desarrollo minero no metalífero, centrado principalmente en la extracción de rocas de aplicación y materiales para la construcción (arenas y canto rodado). Pero no estamos discutiendo una actividad localizada en la cordillera o en una región en particular, sino el modo en que el Estado argentino regula recursos estratégicos.Además, no se trata de una discusión teórica. Hace pocas semanas impulsamos una acción judicial para prevenir un posible daño ambiental vinculado a la instalación de una planta de metanol sobre el Río Uruguay, en Paysandú, Uruguay. Es decir, cuando hay riesgos sobre recursos críticos, la intervención del Estado no es una opción: es una obligación.Por eso preocupa la posición adoptada por el Ejecutivo entrerriano que decidió acompañar expresamente la reforma impulsada por el Gobierno nacional. En el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, ese apoyo contribuyó a un empate de ocho votos a favor y ocho en contra, con varias abstenciones. No fue una decisión neutra: fue una toma de posición política clara.Pero más allá de la coyuntura, el problema de fondo es jurídico.La Constitución Nacional establece un equilibrio muy preciso. Por un lado, reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Por otro, asigna a la Nación la competencia de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental.Ese esquema no es contradictorio: es complementario. La Nación fija un piso común de protección y las provincias pueden elevar ese estándar, nunca reducirlo.La Corte Suprema ha sido categórica en este punto. En el caso “Barrick”, sostuvo que el establecimiento de presupuestos mínimos no es una declaración teórica, sino una facultad concreta para garantizar un ambiente sano. En “Salas”, afirmó que las provincias no pueden disminuir esos estándares. Y en “Mendoza”, que ante la duda debe protegerse el ambiente. El proyecto de reforma se aparta de esa doctrina.El régimen vigente es claro: el Inventario Nacional de Glaciares define las áreas protegidas y las prohibiciones son automáticas. Si está inventariado, está protegido.La media sanción del Senado cambia esa lógica. Transfiere a las provincias la definición de qué cuerpos tienen función hídrica, convierte la evaluación de impacto ambiental en el mecanismo central de decisión y vacía de contenido vinculante al inventario.En la práctica, la provincia interesada en un proyecto pasa a ser quien define los límites de la protección. Esto no es una reforma técnica. Es una reconfiguración del sistema.Además, introduce problemas técnicos serios. El criterio de “relevancia hídrica” es conceptualmente incorrecto: todos los glaciares cumplen una función dentro del sistema de cuencas. Pretender que cada jurisdicción determine su importancia con criterios propios elimina el estándar nacional.Y sin estándar común, el presupuesto mínimo deja de ser mínimo.A esto se suma un dato clave: las cuencas hídricas no respetan límites políticos. Lo que se decide en una provincia impacta directamente en otras. Por eso, la gestión de estos recursos no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales.El resultado es claro: mayor discrecionalidad, menor previsibilidad y más conflictividad. En lugar de fortalecer el sistema, el proyecto lo fragmenta.Y una mala regulación no sólo afecta la protección ambiental. También afecta las condiciones para el desarrollo. Por eso, el problema no es la minería.El problema es hacerlo sin reglas claras, sin estándares comunes y sin respeto por el diseño constitucional. Argentina necesita desarrollarse, pero para eso necesita mejores reglas, no peores.

La reforma de la Ley de Glaciares no mejora el sistema, lo fragmenta y debilita el federalismo ambiental

En momentos en que se discute el rumbo del país y las prioridades de inversión pública, resulta imprescindible volver a poner en el centro el valor estratégico de la ciencia y la educación universitaria. No se trata solo de sostener instituciones: se trata de definir qué tipo de sociedad queremos construir y qué lugar aspiramos a ocupar en el mundo.La universidad pública argentina ha sido, históricamente, una herramienta fundamental de inclusión, movilidad social y desarrollo. En sus aulas no solo se forman profesionales, sino ciudadanos críticos, comprometidos con su entorno y capaces de transformar la realidad. Pero, además, y muchas veces de manera menos visible, es en las universidades donde se produce una parte sustantiva del conocimiento científico del país, en articulación con el sistema de ciencia y tecnología.Ese entramado, universidad y sistema científico, es el que permite generar soluciones concretas a problemas productivos, sanitarios y ambientales; el que impulsa la innovación; el que forma recursos humanos altamente calificados; y el que construye, en definitiva, soberanía. Porque un país que no produce conocimiento propio depende de otros para desarrollarse, para tomar decisiones y hasta para interpretar su propia realidad.En este contexto, resulta especialmente significativo mencionar el caso del microsatélite Atenea. Se trata de un desarrollo tecnológico argentino de pequeña escala, diseñado con fines científicos y educativos, que participa en un programa internacional de alto nivel. Este tipo de iniciativas no solo implican avances en áreas como la ingeniería, la electrónica o el procesamiento de datos, sino que también representa una oportunidad única de formación para estudiantes e investigadores, que se integran a proyectos de frontera con impacto global.A ello se suma un dato que no puede pasar desapercibido: el equipo argentino responsable de este desarrollo fue seleccionado en un concurso internacional altamente competitivo para integrarse a la misión Artemis, a partir de la propuesta de un dispositivo innovador. Este logro no es casual ni aislado. Es el resultado de años de formación rigurosa, de inversión en capacidades científicas y tecnológicas, y del trabajo sostenido en universidades públicas y centros de investigación. Es, en definitiva, una muestra concreta de la calidad de los recursos humanos que el sistema científico y universitario argentino es capaz de formar.Atenea es, entonces, mucho más que un satélite: es la expresión de un ecosistema de conocimiento que, cuando cuenta con condiciones adecuadas, puede alcanzar estándares internacionales de excelencia. Pero, sobre todo, es una evidencia clara de que en nuestro país existen capacidades, talento y vocación para desarrollar tecnología de alto nivel y participar en los escenarios más exigentes de la ciencia global.Sin embargo, estos logros conviven hoy con un escenario preocupante. El desfinanciamiento sostenido de las universidades y del sistema científico no es una abstracción: se traduce en salarios deteriorados, becas insuficientes, proyectos que se interrumpen, laboratorios que no pueden actualizarse y jóvenes altamente formados que ven limitado su futuro en el país. Cada recorte no solo afecta el presente, sino que erosiona capacidades construidas durante décadas.Defender la ciencia y la educación pública no es, por lo tanto, una consigna sectorial ni corporativa. Es una decisión profundamente política en el mejor sentido del término: implica apostar por un modelo de país que valore el conocimiento, la innovación y la equidad. Implica entender que cada peso invertido en estas áreas se multiplica en desarrollo productivo, en mejoras en la calidad de vida y en oportunidades para las futuras generaciones.En un mundo cada vez más competitivo y basado en el conocimiento, resignar estas capacidades sería un retroceso difícil de revertir. Por el contrario, fortalecerlas es abrir caminos: para producir más y mejor, para agregar valor, para cuidar nuestros recursos y para construir una sociedad más justa.Experiencias como la del microsatélite Atenea nos recuerdan que ese camino es posible. Pero también nos interpelan: nada de esto ocurre por inercia. Requiere decisión, inversión sostenida y una convicción clara de que la ciencia y la educación pública no son un gasto, sino una inversión estratégica en el presente y, sobre todo, en el futuro.&nbsp;

El ejemplo claro de la importancia de invertir en educación y ciencia

Atenea en el espacio: el ejemplo claro de la importancia de invertir en educación y ciencia

Hay cosas que duelen de una manera que no se explica bien. No es el dolor de perder algo y saberlo perdido. Es otro tipo, más raro: una herida con capas, con silencios de décadas y llantos que aparecen de golpe, sin aviso, sin que nadie pueda explicar del todo por qué.Cada 2 de abril, Argentina se pone en pausa. En ciudades grandes y chicas, en escuelas, en lugares públicos, en la mesa de los veteranos que ya van quedando cada vez menos. En lugares como Río Grande, donde más de 150 instituciones se unen a un desfile conmemorativo con el objetivo de mantener viva la memoria y el reclamo de soberanía sobre las islas; o en Gualeguaychú, con su vigilia nocturna y un acto que cada año convoca más gente de la que se espera.Este 2026 el ritual pesa más: se cumplió también medio siglo del último golpe de Estado y eso nos fuerza a volver sobre uno de sus hitos más difíciles de explicar: la guerra de Malvinas, un acontecimiento injusto que implica reconocer que el conflicto se libró por una causa justa, pero durante una dictadura donde estaba suspendida la soberanía popular. Esa paradoja —la causa justa en la guerra injusta— es el nudo que, desde hace poco más de cuatro décadas, intentamos desatar.La plaza que no debería haber aplaudidoEl 2 de abril de 1982 es una fecha que todavía no terminamos de entender. La Junta Militar ordenó la recuperación de las islas usurpadas por el Reino Unido desde 1833. La Operación Rosario, que comenzó en la madrugada de ese día, cumplió su cometido casi sin resistencia. Y entonces pasó algo que todavía cuesta explicar: la Plaza de Mayo se llenó. El mismo pueblo que la dictadura había aterrorizado durante seis años salió a aplaudirlos y a aclamarlos. Eso desconcertó a los analistas de entonces y sigue sin tener una explicación simple.Lo que ocurrió ese día en la plaza no fue solo manipulación ni locura de multitudes. El historiador Federico Lorenz, que dedicó toda su carrera académica a estudiar el conflicto y dirigió durante años el Museo Malvinas en la ex ESMA, siempre insistió en que la lectura puramente política —“fue solamente la maniobra de la dictadura”— es verdadera, pero incompleta. Detrás de la manipulación había algo real: el reclamo de soberanía sobre las islas no era una invención de Galtieri. Era una demanda histórica legítima que el régimen usurpó para sus propios fines. Y una parte del pueblo, agotada por el miedo y hambrienta de cualquier cosa que se pareciera a la dignidad, dejó que eso ocurriera. Y eso cuesta asumirlo. No el patriotismo, sino la imagen de la plaza llena; ese momento en que el pueblo y sus verdugos querían, aparentemente, lo mismo.Los chicos de la guerraLa cultura popular eligió una palabra para nombrarlos: los chicos. No fue una elección inocente. Las tropas estuvieron integradas mayoritariamente por soldados conscriptos de todas las provincias, de las clases del 62 y del 63, pibes que hacían el Servicio Militar Obligatorio porque no había opción. Tenían dieciocho, diecinueve y veinte años. Muchos no habían terminado la secundaria. Muchos no sabían exactamente dónde quedaban las islas por las que iban a pelear. Algunos fueron al frente sin el calzado adecuado, con temperaturas bajo cero y viento constante, con miedo y sin el entrenamiento que ese tipo de situación exigía. Seiscientos cuarenta y nueve de ellos no volvieron.Hubo una Junta que los mandó. Hubo oficiales que los trataron con la misma brutalidad con que la dictadura trató a todos: hay testimonios documentados de soldados estaquedados en el frío como castigo, de hambre administrada como método de control, de terror ejercido por quienes debían conducirlos. La guerra tuvo dos enemigos para muchos de ellos: el ejército británico, que estaba en frente; y los propios mandos, que estaban detrás.Los conscriptos que se fueron bajo la euforia colectiva volvieron en silencio. Muchas veces de noche. Sin ceremonia. Con la instrucción explícita o implícita de no hablar de lo que habían visto. La sociedad de 1982 no estaba preparada para procesar la derrota, quería olvidarla y el modo en que lo hizo dejó una marca que tardó décadas en hacerse visible. El país que los había enviado entre aplausos no supo —o no quiso— recibirlos. Y ese abandono los fue destruyendo por dentro, uno a uno, en silencio, sin que nadie lo contara.La herida que espera cerrarLa causa soberana sigue pendiente: los territorios continúan bajo administración británica. Los kelpers —como se llama a los habitantes de las islas— rechazaron en el referéndum de 2013 cualquier cambio de soberanía con el 99,8% de los votos. El reclamo diplomático argentino persiste, pero sin horizonte claro de resolución. En ese limbo, la herida no puede cicatrizar porque la pérdida no puede ser ni recuperada ni definitivamente resignada. Y lo que no puede nombrarse del todo —ni como recuperación ni como renuncia— queda suspendido, sin destino. A eso se suma lo que el país nunca terminó de llorar con nombres propios. Cada caído con una historia antes del Atlántico Sur: un barrio, una madre, un club de fútbol, un primer amor, un futuro imaginado. La mayoría venía de las provincias más pobres del país, de las familias que no tenían cómo evitar el servicio militar, de los sectores que nunca tuvieron demasiadas opciones en ningún aspecto de su vida.No hubo para ellos el duelo que merecían. La derrota fue tan vertiginosa —74 días de conflicto, el 14 de junio de 1982 ya todo era pasado— y la transición democrática tan urgente y tan sobrecargada de otros dolores, que los muertos del sur quedaron en un lugar extraño: demasiado presentes para olvidarlos, demasiado incómodos para llorarlos del todo. Y lo que no se llora no desaparece: espera, vuelve y se reinventa.Lo que se hereda sin que nadie lo enseñeMalvinas es el nombre de un sentimiento que puede vivir en una canción, un tatuaje, una pintada, una bandera de una hinchada, un nombre de una calle, un monumento y otra cantidad de lugares simbólicos y materiales que la sostienen y recrean a lo largo del tiempo. Ningún decreto hubiera podido fabricar eso: Malvinas sobrevivió a la derrota militar, a los cambios de gobierno y a las distintas modas intelectuales porque entró en la cultura popular por la puerta grande y se quedó.El rock, por ejemplo, hizo con todo esto lo que hace con los traumas: lo convirtió en canciones. El 16 de mayo de 1982, con los enfrentamientos todavía en curso y los soldados cayendo, más de sesenta mil personas fueron al club Obras Sanitarias para el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Tocaron Charly García, Spinetta, León Gieco, Litto Nebbia, Nito Mestre… artistas cuya difusión había estado prohibida por los mismos que promovían el festival. La ironía era tan brutal que resultaba difícil de tragar en tiempo real. Charly lo hizo a su manera: bajó del escenario con una bronca que le duró meses y que derivó en “No bombardeen Buenos Aires”, grabada mientras los combates en las islas terminaban y presentada en diciembre de aquel año en Ferro, ante 25.000 almas, con un simulacro bélico que derrumbó la escenografía. Era una canción sobre el miedo, sobre la hipocresía, sobre los jefes de los chicos tomando whisky con los ricos mientras los obreros hacían masa en la plaza. Una canción de guerra para bailar.Más acá en el tiempo, en las canchas, las hinchadas evocan las islas con una intensidad que sorprende a cualquier visitante extranjero. “Las Malvinas son argentinas” se escucha en partidos que nada tienen que ver con la diplomacia. Ese grito vive en el lugar más básico: ahí donde operan los reflejos y no los argumentos, donde está lo que somos antes de pensar.Hay veteranos de sesenta y tantos años con las islas tatuadas en el antebrazo. Hay hijos de ex combatientes que nunca conocieron a sus padres en paz —porque esos días en el sur los devolvieron rotos— y que llevan el mismo tatuaje. Hay pibes de veinte que nacieron décadas después de lo que pasó y que lo sienten como algo propio sin que nadie se los haya enseñado. Eso no se fabrica, se hereda.El reclamo también vive en los foros internacionales, en las resoluciones de la ONU y en las notas diplomáticas que se envían al Reino Unido sin demasiada urgencia. Esa Malvinas institucional coexiste con la del tatuaje y la de la cancha, pero rara vez se hablan.Lo que todavía esperaMalvinas duele tanto porque es demasiadas cosas al mismo tiempo y ninguna de ellas está resuelta. Es la causa soberana legítima que sigue pendiente. Es la guerra que ordenó una dictadura criminal. Son los muertos que merecen más que un desfile. Son los veteranos que volvieron y fueron abandonados, y que siguieron muriendo en silencio durante décadas. Es el pueblo que aplaudió su recuperación y la sociedad que tardó años en poder mirarse al espejo. Es el nudo imposible entre la condena a los militares y el reconocimiento de quienes pelearon bajo sus órdenes sin pedirlo. Es el reclamo diplomático que no avanza. Es la canción que se aprende antes que la historia. Es el nombre de una avenida o una calle. Es el tatuaje. Es el llanto que aparece en los actos sin que nadie pueda explicar exactamente de dónde viene.Malvinas es una herida abierta porque el país que la vivió todavía no terminó de entenderse a sí mismo. La democracia volvió sobre los escombros que dejó la dictadura, y fue de urgencia en urgencia, de crisis en crisis, y todo eso quedó siempre ahí, a la espera. Como esos temas de familia que se evitan en las reuniones y que sin embargo organizan todo lo que ocurre debajo de la superficie. Lo que no se llora, duele. Y mientras eso pase, algo en este país todavía puede cambiar.

Malvinas, lo que no se llora no desaparece

Malvinas, lo que no se llora no desaparece: el duelo que Argentina no termina de hacer

Por Cecilia Inés Domínguez Abogada - Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) Cuando hablamos de la no modificación de la Ley de Glaciares, hablamos de la preservación del ambiente, los derechos de las comunidades que los habitan y la continuidad de la habitabilidad de estos territorios para las generaciones futuras.Realizar dicha modificación conllevaría a la violación de criterios de razonabilidad (conforme Art. 28 de la Constitución Nacional), los que exige la fundamentación razonable de los actos de Gobierno. Caso contrario éstos serían arbitrarios y por lo tanto carentes de validez legal.Cuando hablamos de la modificación de una ley que establece en la actualidad un umbral mínimo de protección legal, debemos saber que éste no puede quebrarse ni romperse debido a que se vería afectado el principio de progresividad que se encuentra adherido a la protección del ambiente. Por lo tanto, la razonabilidad de los actos de Gobierno se relaciona con este principio. Y cuando se menciona la razonabilidad también debemos hacer foco en que para esto deben existir estudios científicos válidos que conduzcan a conclusiones que establezcan que la pretendida modificación no causará un detrimento en la calidad de vida de las especies que habitan los territorios que se pretende interferir.Estamos hablando de que debemos conocer y tener elementos suficientes que conllevan a que nuestras decisiones no se basen en meros presupuestos sino en criterios científicos, pero sobre todo que estos no contradigan principios de protección vigentes.Así también, debemos subrayar el orden de prelación que establece la jerarquía sobre la cual se rigen nuestras leyes, no pudiendo jamás una ley, nacional o provincial, violentar el bloque duro de constitucionalidad legal. Esto es, la Constitución Nacional más los Tratados en materia de Derechos Humanos que se encuentran enumerados en el artículo 75 inc. 22. Este aspecto de orden jerárquico sobre el cual se ciñe nuestro sistema normativo, lo encontramos receptado en el Art. &nbsp;31 de la Constitución Nacional. Asimismo, nuestro Art. 41, piedra basal del resguardo Ambiental en materia Constitucional, establece la jerarquía de la protección del ambiente en todo el territorio de la República Argentina.Dentro del aspecto legal contamos con la ley General de Ambiente que esboza principios básicos de protección ambiental: el principio de congruencia, el preventivo, precautorio, de responsabilidad y pro natura. Éstos fundan la exigencia del resguardo de diferentes áreas geográficas dentro del territorio nacional ante posibles acciones antrópicas y extractivistas que afecten los ecosistemas y al ambiente en general.A nivel internacional contamos con un abanico de defensa legal que brindan protección en la esfera del Derecho Internacional y aseguran la continuidad de la protección del Ambiente. Va de suyo, que, si el Estado Nacional no adecúa su sistema normativo a las obligaciones contraídas a nivel internacional, en el marco de lo suscripto a través de estos Tratados y/o Convenciones, podría incurrir en la violación de obligaciones asumidas internacionalmente al haber ratificado diversos cuerpos normativos que forman parte de nuestro régimen jurídico nacional.&nbsp;Realizar modificaciones en la ley de Glaciares, implicará limitar y restringir el acceso al agua potable a las generaciones actuales y también las futuras, colocándolas en una precariedad de subsistencia, vulnerando normativa de protección a nivel Ambiental pero también en materia de Derechos Humanos.Por último, no se puede dejar de mencionar el principio de no regresión en materia Ambiental. El que obliga al Estado a no retrotraerse a un umbral inferior de protección legal. siempre debemos ir por más protección, nunca por menos.La modificación de esta ley producirá un grave ecocidio, el cual conllevaría a la destrucción de toda una cadena ecológica que sustenta la protección de diversas especies. Los Glaciares son sistemas ecológicos que regulan los ambientes y ecosistemas, garantizando la calidad de vida de las diversas especies que los habitan. La degradación de estos espacios a través de diversas prácticas antrópicas y extractivistas producirán la degradación y daños acumulativos e irreversibles en dichas zonas. Flexibilizar los componentes de protección de la ley, habilita a la alteración y degradación de las diversas formas de vida que los habitan. Por ello, resulta necesario realizar un abordaje en relación a prácticas clásicas de colonialismo, y traerlas a contexto a la luz de las nuevas formas de colonización sobre América Latina.Al hablar de colonialismo, debemos relacionarlo con explotación, servilismo, tiranía y esclavitud. El colonialismo y los sistemas constitucionales, como programas políticos que pueden proteger derechos o beneficiar el saqueo de los bienes de la naturaleza que pertenecen a las comunidades, configuran un modo de expropiación de los bienes de los ciudadanos quienes detentan el poder político, económico y comercial. Esta acción no podría encontrar separada del colonialismo. Por ello debemos pensar si la pretendida modificación nace de un colonialismo impuesto desde el extranjero buscando satisfacer los intereses de un capitalismo financiero.El agua es el principio básico por el cual subsiste la vida.

Ley de Glaciares: cuando los intereses económicos afectan los límites ecológicos

Por Pablo RecchiaEstablecido por Naciones Unidas (ONU) se conmemora todos los años el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta fecha relaciona la condición de la persona con Síndrome de Down con su condición genética que es la Trisomía en el cromosoma 21, de ahí el 21/03.El lema de este año 2026 establecido por ONU es "Juntos contra la soledad”, se centra en sensibilizar en como la soledad afecta de manera desproporcionada a las personas con Síndrome de Down y a otras discapacidades intelectuales, así como a sus familias.La soledad es un problema de salud grave que provoca ansiedad, depresión y lesiones vinculadas a la exclusión social y al estigma. La campaña indica que no se visualiza una inclusión real en las escuelas, en los lugares de trabajo y en las comunidades, y hace hincapié en que estar presente no equivale a estar incluido.Cómo papá de una joven mujer con Síndrome de Down de 36 años, quien hoy lucha por su independencia, busca un trabajo y una sociedad que la acompañe, estamos luchando con la familia por su inclusión desde su nacimiento, con grandes logros y también muchas decepciones, vemos cómo las sociedades en los últimos tiempos han perdido empatía por el otro, defendiendo el individualismo por sobre lo colectivo.Esto habla a las claras de la degradación social, el sálvese quien pueda y por qué también nos miramos solamente nuestro ombligo.Seguramente estas palabras duelen, ofenden, señalen, interpelen, pero esta es la realidad cuando los Estados están ausentes. La corrupción y el poder económico siguen enfermando la salud mental de la población y se pasan las legislaciones por lugares donde no les da el sol.Cómo padre, referente, reconocido nacional e internacionalmente, miembro actual de varios proyectos de países Iberoamericanos, ex funcionario, etc. no debería sentir ningún tipo de fracaso o culpa en la crianza de mí hija con Síndrome de Down, ni en la defensa de los derechos de los colectivos de personas con diferentes condiciones intelectuales. Creo que, al contrario, siento un gran orgullo por mi lucha, la de muchos compañeros padres y de los grandes avances que hemos logrado.Pero sí siento el dolor de la actualidad en el mundo entero y sobre todo en nuestro país, donde la vulnerabilidad pasó a ser una carga para la gestión de turno y un número negativo en las finanzas del Estado Nacional. Una especie de política de exterminio y estigmatización de lo que genera gasto, según los actuales economistas.Obviamente sabemos que esto es cíclico, que se termina en algún momento y luego viene la reconstrucción de un país desbastado por políticas pensada para pocos.Esto lejos de amedrentarnos, nos alienta aún más a continuar la lucha. Pero los que abrimos un camino los últimos treinta y cinco años, también luchamos para los que vienen hoy, con mayores expectativas y grandes posibilidades y para que la sociedad sea más justa, más inclusivas y se brinden mayores posibilidades, derechos y calidad de vida a los colectivos de personas vulnerables y, en esta oportunidad, con Síndrome de Down, que este sábado 21 tienen asegurado a nivel mundial su visibilidad y la atención de la población en ellos y sus familias .

“Estar presente no es estar incluido”: reflexiones sobre las personas con Síndrome de Down

*Por Fabián Boleas, Ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos Entre Ríos volvió al mercado internacional de crédito después de varios años sin acceso al financiamiento externo. Esta semana se concretó una emisión por USD 300 millones con inversores internacionales. No es un dato menor: en el contexto macroeconómico actual, apenas cuatro provincias argentinas han logrado hasta ahora financiarse en los mercados internacionales. Entre Ríos es una de ellas.Este resultado es consecuencia directa del ordenamiento fiscal iniciado en 2024. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo: es la condición para recuperar la confianza y volver a generar oportunidades de desarrollo. La administración prudente de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones asumidas y la previsibilidad institucional permitieron avanzar en ese camino.También es importante recordar el punto de partida. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nos encontramos prácticamente sin ahorros y con una reputación financiera deteriorada tras la reestructuración concretada en 2021. Además, la estructura de ese bono concentró los pagos de amortización en nuestra gestión de gobierno. De hecho, a poco menos de dos meses de iniciar la nueva administración enfrentamos el mayor vencimiento de toda la vida del bono —USD 66 millones— para el cual las autoridades salientes habían dejado un fondo de reserva que no alcanzaba a cubrir el 40% del pago.Ese escenario inicial explica buena parte del esfuerzo que debió realizar Entre Ríos para ordenar sus cuentas y reconstruir su credibilidad. Los resultados empiezan a verse: la provincia pasó del puesto 24 en 2023 al 15 en 2025 en los indicadores comparativos de desempeño fiscal y financiero.La reciente vuelta al mercado de crédito es una consecuencia directa de ese proceso.También es importante explicar para qué se utiliza este financiamiento. El objetivo principal es mejorar el perfil de la deuda existente, particularmente los vencimientos del bono reestructurado en 2021, que concentraba los pagos de amortización e intereses a partir de 2024.La nueva emisión, con una vida promedio cercana a los seis años, incorpora además una opción de recompra del bono anterior. Esto permite distribuir mejor los vencimientos a lo largo del tiempo y hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos.Al mismo tiempo, la operación permite cancelar pasivos en pesos con tasas significativamente más altas, reduciendo el costo financiero efectivo y disminuyendo la presión de vencimientos en el corto plazo. En definitiva, se trata de administrar responsablemente el perfil de la deuda para garantizar solvencia y previsibilidad, una práctica habitual en gobiernos y organizaciones que planifican con una mirada de largo plazo.En cuanto al costo de la emisión, las condiciones obtenidas resultan competitivas en el contexto actual. Si se compara con la colocación realizada en 2017, la prima de riesgo pagada en esta oportunidad fue 48 puntos básicos menor. Este dato resulta especialmente relevante si se considera que desde entonces aumentó el costo internacional del dinero y también el riesgo soberano argentino.Aún frente a otras jurisdicciones que accedieron recientemente al mercado, Entre Ríos consiguió condiciones razonables. La diferencia de tasa con Córdoba —una provincia con una economía considerablemente mayor y una situación fiscal mucho más holgada— no superó los 90 puntos básicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, la comparación no es estrictamente válida, ya que se trata de jurisdicciones que no reestructuraron su deuda en los últimos años.Las tasas reflejan el riesgo relativo, el tamaño de la economía, la estructura fiscal y el historial de cumplimiento. No todas las jurisdicciones parten del mismo punto ni enfrentan las mismas condiciones. Por eso es particularmente significativo que Entre Ríos haya podido volver al mercado internacional de crédito en estas circunstancias.Por último, es importante precisar algunos números sobre el flujo real del bono. Considerando la tasa efectiva, la vida promedio cercana a seis años y el esquema de amortización previsto entre 2031 y 2033, en términos de flujo anual el costo de intereses del instrumento equivale a aproximadamente USD 28 millones en promedio por año. Algunas estimaciones difundidas recientemente no contemplan correctamente el cronograma de pagos ni la estructura de amortización.En síntesis, esta emisión no es un punto de llegada sino un paso más en el proceso de ordenamiento financiero de Entre Ríos. Un camino basado en responsabilidad fiscal, cumplimiento de los compromisos y recuperación de la confianza.

Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado de crédito

Hace unos días se publicó un ranking, de esos internacionales, que mide qué tan estresadas se sienten las personas. Y como no nos gusta bajarnos de ningún podio, ahí está Argentina, liderando el ranking internacional de estrés. Somos campeones del estrés.Cuando leí la nota, por alguna razón no me sorprendió. Más bien parecía de esos datos que confirman lo que ya sabemos. No paramos de estar tratando de arreglar —no se sabe bien qué— pero siempre hay una urgencia que no se explica tanto por su magnitud objetiva como por la sensación de que todo está en juego, como si cada situación fuese definitiva.El estrés es esa sensación interna de amenaza total, como si cualquier movimiento pudiera precipitar la caída.En el consultorio, cuando un paciente vive estos cuadros, uno de los trabajos del analista es ayudar a separar la urgencia real de la impresión subjetiva de catástrofe.El estrés es la combinación de tres aspectos (es-tres) en uno: inestabilidad, como la impresión de un cambio inminente; el peligro, como posibilidad de ser dañado; y el llamado a la acción, la necesidad de hacer algo para resolverlo. Un cóctel que los argentinos conocemos y consumimos a diario.El argentino toma mate con la inestabilidad, percibe un peligro siempre acechando y no deja de tratar de hacer algo. Somos un país en el que es imposible aburrirse porque siempre pasa algo; eso nos mantiene en “modo estrés”. Y bien sabemos los psicólogos de la importancia del aburrimiento como instancia de asimilación, de aprendizaje y de creación. Si Argentina fuese un paciente en el diván, la pregunta clínica podría ser: ¿Cuánto hace que Argentina no tiene un veranito de aburrimiento?Desde el psicoanálisis, cuando un síntoma, en lugar de verse como tal, se vuelve un rasgo de la identidad, decimos que aquello es egosintónico. La Argentina hace de su síntoma una identidad: el país que no duerme, que no se aburre, que no puede simplemente parar la pelota. Y acá una diferencia importante: una cosa es haber atravesado crisis —que las hemos atravesado— y otra es organizar la identidad alrededor de la idea de que somos los atravesadores de crisis.La paradoja del síntoma es que, si hacemos del borde nuestra identidad, tarde o temprano necesitaremos un abismo para seguir siendo quienes creemos ser.Así entramos en un bucle: el trauma produce el estrés y el estrés vuelve a producir trauma. El problema no es que venga una crisis, sino no poder salir del reflejo defensivo.En psicología clínica, esa posición de estrés permanente suele ser un efecto de lo traumático. Cuando se viven sucesos que golpean y rompen nuestra capacidad de elaboración aparece el estrés postraumático; aunque haya pasado tiempo del suceso, la persona psíquicamente permanece defendiéndose de esa misma situación, como si la continuara viviendo: no sale del peligro. Pienso si nuestro modo de vivir estresados no será también parte de nuestros traumas nacionales, con los que todavía convivimos: corralitos, guerras, hiperinflación, dictadura, migraciones.El eco de lo traumático retorna como una premonición sobre lo que va a suceder. Vivimos temiendo que vuelva a ocurrirnos lo mismo que nos lastimó y entonces nos preparamos para estar listos para lo peor. Es una anticipación negativa que intenta dejarnos preparados cuando llegue el próximo evento. El modo estrés es una forma de adelantarnos al golpe: nos tensamos antes de tiempo, vivimos prevenidos frente a una amenaza que todavía no llegó, pero que sentimos inevitable.El argentino es pícaro, está atento, no baja la guardia porque no se siente seguro. No confía en que sus dirigentes lo cuiden, no ve previsibilidad, y así es que vivimos en estado de alerta como si eso fuese una virtud. No te podés confiar, no te podés dormir: argentino que se duerme, es cartera. El “modo estrés” deja de ser una reacción y se convierte en una ética, en una cultura de vida.Pero bien sabemos que el cuerpo no negocia. El sistema nervioso no entiende de relatos patrióticos. Cuando se vive en alerta permanente aparecen el insomnio, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, los vínculos tensos, la imposibilidad de disfrutar. Y algo aún más peligroso: cuando estamos en “modo estrés” no podemos tomar buenas decisiones. Se hace lo que sea por sobrevivir.No creo que el desafío sea dejar de estar atentos —sería ingenuo— sino reconocer este mecanismo de alerta sin romantizarlo. Porque un país que sólo sobrevive nunca llega a vivir.Tal vez la pregunta clínica no sea únicamente cuánto hace que Argentina no tiene un veranito de aburrimiento, sino si estamos dispuestos a tolerarlo cuando llegue. Aburrirse implica confiar en que nada terrible va a pasar en los próximos cinco minutos.La pregunta no es si podemos cambiar, sino si queremos dejar de identificarnos como campeones del estrés. ¿Hasta qué punto nos enamoramos de esta forma de vivir?

Argentinos: campeones del estrés

Desde la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú creemos que no podemos dejar pasar esta&nbsp; fecha, ya que, en Argentina, hablar de Asperger no puede ser solo una efeméride. &nbsp;No es un&nbsp; día más.&nbsp;Cómo presidente de la Asociación sostengo que tiene que ser una denuncia. Las personas con síndrome de Asperger —dentro del espectro autista— siguen siendo vulneradas por el Estado con: diagnósticos tardíos o inaccesibles. Muy lejos de lo que versa la ley integral de autismo; escuelas que excluyen y expulsan, porque reciben, pero no incluyen, no abrazan; obras sociales y prepagas que incumplen sin ninguna exigencia o penalización por parte del estado (ministerio de salud); apoyos que no llegan (acompañantes terapéuticos, maestros/as de apoyo a la inclusión; terapeutas, materiales: textos adaptados, consignas facilitadas, exámenes flexibilizados para que los alumnos puedan mostrar lo que saben en realidad. Que no siempre es dar características sueltas de los conceptos aprendidos; familias agotadas sosteniendo lo que debería garantizarse como derecho.&nbsp;Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio: No es una enfermedad, pero &nbsp;el sistema falla. Porque pretende que las personas dejen de ser como son, sin tener en cuenta sus necesidades, intereses, estilos de aprendizaje o maneras de hacer, obligándolas a fracasar una y mil veces. La discapacidad no está en la persona: &nbsp;Está en la falta de accesibilidad, en el ajuste, y en la ausencia de políticas públicas reales.&nbsp; La inclusión no se declama en discursos oficiales ni en fechas simbólicas, se garantiza con presupuesto, seguimiento y con cumplimiento efectivo de la ley.&nbsp;No queremos discursos vacíos. Leyes olvidadas, textos enteros en letra muerta. &nbsp;No queremos romantización. Idealización al estilo Disney. &nbsp;No queremos más familias solas. Queremos educación inclusiva real. Queremos salud accesible. Queremos trabajo digno. Y espacios laborales respetuosos donde haya compañeros y superiores que acompañen y sean puentes hacia el crecimiento personal y no barreras para el desarrollo integral de cada persona. Queremos que se respeten los derechos ya conquistados. Los derechos no se recortan, se cumplen.&nbsp;

Día del Síndrome de Asperger: " Los derechos no se recortan, se cumplen"

En un 2025 con muchas idas y vueltas se sancionó en el Congreso la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley N° 27.793), orientada a garantizar derechos y financiamiento al sector. El Ejecutivo inicialmente vetó (frenó) su aplicación, pero fue obligado por un fallo judicial a reglamentarla días pasados y ponerla en marcha.&nbsp; Después de muchos reclamos, se reglamenta mediante un decreto, de manera muy holgada, ya que si bien prevé un aumento “salvavidas” para las prestaciones, habla de cambios y de fortalecimiento en los organismos de apoyo, quedando muchos grises, dado que hay varios artículos que no están reglamentados aún, este decreto no es claro en cuanto a fechas, y en qué proporción se va a dar la actualización de los valores de las prestaciones y servicios que se brindan a las personas con discapacidad, a días de iniciar las clases, por ejemplo. Con respecto a las pensiones, y a pesar de lo que se cree todas las personas con discapacidad cuentan con una, esto no es una cuestión “sine qua non”, es un beneficio que se alcanza después de trámites muy largos y al que la gran mayoría de personas con discapacidad no acceden. Hace años que familias de nuestra Asociación están a la espera de una respuesta y no se les ha otorgado tal beneficio, tornándose un desafío más. Por supuesto estamos de acuerdo con auditorías transparentes y respetuosas, no masivas. Creemos y sostenemos que este beneficio debe ser otorgado a quien realmente lo necesite. La reglamentación actual (Decreto 84/2026) establece lineamientos para la implementación del régimen de pensiones y prestaciones, criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas, articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y mecanismos de control. Pero desconocemos cómo se llevará adelante su implementación. La ley se inspira en el modelo social de discapacidad, que reconoce a las personas como sujetos plenos de derechos, no como objetos de asistencia. Se orienta a garantizar derechos como empleo, salud, educación, accesibilidad y participación social sin discriminación.&nbsp; Abordar a la discapacidad de manera integral es sumamente necesario, y es una decisión política. La Ley Establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, calculada en función de porcentajes del haber mínimo y compatible con empleo formal bajo ciertos límites de ingresos. Esta Ley también busca regularizar deudas acumuladas con prestadores y suspender recortes que afectaron servicios esenciales. La reglamentación remarca la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y otras instancias de diálogo con la sociedad civil. Esto nos hace ruido porque sabemos que el diálogo con los gobiernos, este y cualquiera de turno, pero con este gobierno en particular siempre es muy difícil hablar de discapacidad y derechos, servicios y prestaciones. La ley entró en vigencia inmediatamente, luego de ser reglamentada esta semana, pero todavía desconocemos los alcances reales. El período de Emergencia Nacional en Discapacidad fue declarado hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Estamos a muy poco de iniciar las clases y todavía hay familias con planes terapéuticos sin aprobar, otras que sus profesionales han decidido cortar la prestación porque no cobran aun los meses de septiembre en adelante. Los transportistas también están en vilo, dado que los gastos para brindar los servicios de traslado son cada vez más costosos y las obras sociales no hacen efectivos los pagos como debieran. También hay muchas instituciones a punto de cerrar sus puertas. “Habemus reglamentación”, pero no contamos aún con respuestas prácticas. Esperamos se agilicen los trámites y se brinden los apoyos económicos que son necesarios para habilitar los servicios. No hay planes de apoyo y formación docente, por lo que contamos con escuelas abiertas y dispuestas a recibir la diversidad en sus aulas y otras que, sosteniendo un discurso inclusivo, expulsan en el día a día en el aula, imponiendo barreras al aprendizaje y la participación de manera permanente ya sea por desconocimiento o bien por desinterés. Que esta ley no caiga en letra muerta como tantas otras, es fundamental. Por lo que permanecemos alerta. La discapacidad no debe ser tratada como un gasto a ajustar. Creemos que la inclusión se garantiza con hechos. Con apoyos reales y sostenidos que contemplan a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores que no deben ser castigados por elegir trabajar con personas con discapacidad, sino respetados y reconocidos por la labor que brindan. El Estado Nacional no puede, ni debe mirar para otro lado. Seguiremos bregando para que la reglamentación se cumpla de manera efectiva.&nbsp; &nbsp;

“Habemus reglamentación”, pero la incertidumbre persiste

Cuando un menor de edad comete un delito de manera consciente, el Estado no puede permanecer indiferente y debe actuar. Esa respuesta no debe ser idéntica a la que la ley prevé para los adultos, pero sí debe existir para que el hecho no quede sin consecuencias. &nbsp;En Argentina, la responsabilidad penal comienza a los 16 años. En ese contexto, el Congreso debatirá próximamente un nuevo Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La discusión es estructural, ya que el sistema vigente se rige por una ley sancionada en 1980, pensada para otro contexto social, que hace tiempo demuestra serias debilidades en la práctica.Argentina tiene el límite de edad de imputabilidad más alto de la región. Por ejemplo, en Brasil el límite es de 12 años y en Uruguay 13 años. En Europa, el rango se encuentra entre los 10 y los 15 años. Esta sola comparación obliga a revisar si el modelo vigente resulta el adecuado para la realidad actual.Desde una perspectiva penal, los delitos cometidos por los menores de 16 años representan un porcentaje menor e incluso son pocos los que cometen delitos especialmente graves, pero cuando ocurren, el daño a la víctima y el impacto que generan en la sociedad es significativo.La baja de imputabilidad a 14 años resultaría ser una decisión de política criminal acertada si se busca dar una respuesta institucional a la víctima y a la sociedad, y permitir una intervención estatal temprana frente al delito. Sin embargo, es importante destacar que reducir el debate a una cuestión de edad resultará siempre insuficiente.De sancionarse la ley que reduzca la edad, es probable que se genere un alivio momentáneo en la sociedad, con la sensación de que el problema está resuelto. Sin embargo, la discusión central no debe detenerse allí, sino en saber cuál será el tratamiento que dará el Estado a los menores que cumplirán la pena que impongan los jueces, y si realmente está en condiciones de hacerlo.Probablemente una parte importante de la sociedad desconozca que hoy el sistema penal juvenil actual falla por todos lados. Los institutos de menores (que funcionan para los jóvenes entre los 16 y 18 años) resultan ser espacios con infraestructuras deficientes y regímenes que contemplan tratamientos que no logran corregir al menor mientras se encuentra privado de su libertad. Incluso, a veces se consigue el efecto contrario ya que, una vez recuperada la libertad, vuelven a cometer delitos.A eso se le suma otro dato importante: una parte significativa de los menores que delinquen se encuentra en contextos vulnerables, conviviendo en entornos sociales complicados, sin contención familiar ni educación.Estas condiciones no implican que no haya que juzgar a quien comete el delito -incluso desde los 14 años en adelante, pero sí resultan centrales al momento de pensar y diseñar la sanción adecuada, especialmente cuando se trata de personas en pleno proceso de desarrollo y formación.En este sentido, la sanción penal no solo debe consistir en el encierro del menor y olvidarnos del problema, sino que merece tener una discusión mucho más profunda, orientada a que puedan comprender e internalizar el daño causado a la víctima y a la sociedad, recibiendo acompañamiento psicológico permanente y educación como pilares fundamentales que permitan reinsertarlo en la sociedad sin que vuelva a delinquir.Sin este debate profundo, toda sanción de una ley que disminuya la edad de imputabilidad será simbólica y solo logrará una sensación de alivio momentáneo, sin que en la práctica puedan verse soluciones reales.Por Santiago Venditti, abogado penalista.

Baja de la edad de imputabilidad: una discusión que exige precisión

&nbsp;Otra decisión oficializada mediante decreto: el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno Nacional, elimina la obligatoriedad de contenidos de educación vial incluidos en los programas escolares de todo el país, y deja a cada provincia la responsabilidad de continuar o no con su dictado.Desde la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, representadas en Entre Ríos por la ONG ACIVERJUS, manifestamos y rechazamos tal Decreto que ha emitido el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo del Sr. Federico Sturzenegger, como lo fue también el Decreto 196/2025, de renovación de la Licencia Nacional Única de Conducir de manera digital y remota, sin necesidad de la presencia física del solicitante, marcándole con estos ejemplos que se trata de un retroceso en todo lo logrado.Con mucho esfuerzo, los municipios que poseen un Departamento de Educación Vial realizan en distintos establecimientos educativos actividades teóricas y prácticas de información a los alumnos; es por eso que instamos al Presidente del Consejo General de Educación Provincial Carlos Cuenca a emitir opinión sobre tal decreto y fijar posición, que a nuestro entender sería seguir dictando actividades de educación vial en los establecimientos educativos de toda la provincia de Entre Ríos. La Educación es la vía para pacificar las calles y rutas, donde hemos comenzado el 2026 con tres siniestros viales en el departamento Gualeguaychú (en un radio de menos de 90 km.) que dejaron un saldo de 10 víctimas fatales y un entorno afectado por cada una de ellas.El slogan del Gobierno Provincial es “Cada peso donde tiene que ir”; en lo referente a la seguridad vial, en aspectos tales como la concientización, la educación y la prevención, el slogan no se estaría llevando a cabo porque cada peso va a los hospitales y sanatorios, con las personas siniestradas, lo cual ocasiona un gasto innecesario. Sería distinto si se realizaran presencias y campañas masivas en los medios radiales, gráficos y televisivos, sumado a nuestro aporte, el de los familiares de víctimas.A continuación, un breve informe realizado por nuestra ONG acerca de los costos que implican las atenciones médicas vinculadas con los siniestros viales. Una fractura de cadera (lo más común en un siniestro vial) con prótesis más la recuperación, representa un gasto que oscila entre los $5.000.000 y los $6.000.000 millones de pesos. Lesiones internas con atención en Terapia Intensiva, rondan en $700.000 por día. Un siniestro vial que tenga como consecuencia un ACV -cuya medicación se tenga que proveer a las 4hs de producido para evitar secuelas graves- oscila los $7.000.000. Una internación en sala con atención completa cuesta alrededor de $400.000 por día.Ante este escenario, siendo la única ONG provincial que visibiliza los siniestros viales y sus consecuencias, decimos: control, sanción e inversión.Miguel Ángel “Pipo” Gandolfo Presidente de ACIVERJUS DNI: 18.590.841&nbsp;Sobre los cambios implementados por el Decreto 436/2025A partir del ciclo lectivo 2026, el Gobierno nacional dispuso la eliminación de la obligatoriedad de la educación vial en las escuelas de todo el país, tras la derogación de artículos centrales de la Ley 27.214 de Promoción de la Educación Vial. Esta decisión implicó que la responsabilidad de incorporar contenidos vinculados a la formación vial dejara de ser una política educativa de alcance nacional y pasara a depender exclusivamente de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Hasta ese momento, la normativa vigente concebía a la educación vial como un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado, orientada a promover conocimientos, actitudes y prácticas que favorecieran una circulación segura y responsable en el espacio público. La ley también proponía un enfoque integral de la temática, que incluía la articulación entre distintos niveles educativos y la creación de un observatorio educativo especializado.El cambio normativo se formalizó mediante el Decreto 436/2025, cuya aplicación comenzó en 2026. A través de este instrumento se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214 de Promoción de la Educación Vial, eliminando así la obligatoriedad de la enseñanza sistemática de normas de tránsito, señalización y hábitos seguros en el ámbito escolar a nivel nacional. Desde entonces, cada jurisdicción define de manera autónoma si incorpora o no estos contenidos en sus diseños curriculares.Cabe señalar que, si bien la educación vial dejó de ser obligatoria en el sistema educativo nacional, la regulación general del tránsito y la seguridad vial continúa vigente a través de la Ley 24.449, que establece las normas de circulación, las restricciones y las sanciones aplicables en todo el territorio argentino.Según el argumento del Gobierno, la medida apuntaría a profundizar la descentralización de las decisiones pedagógicas, otorgando mayor autonomía a las provincias en la definición de sus políticas educativas y trasladando a los gobiernos locales la responsabilidad de la formación vial en las aulas.&nbsp; Por Miguel Ángel Gandolfo, presidente de Aciverjus e integrante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito. &nbsp;

Nos vemos en la próxima tragedia

Lo primero que me gustaría decir sobre la intersección entre inteligencia artificial y salud mental es: atención, escucha y cuidado. Atención hay que darle a cada cosa que mueve al mundo, a cada proceso que lo irrumpe, modifica, interviene y ya nada es igual a lo anterior, nunca más. Por eso digo atención porque de nada sirven los extremos, dejar absolutamente lo que está pasando a un lado, ignorando que nos está atravesando, ni tampoco absoluta obsesión.&nbsp;Respecto a la escucha, tratar de entender de qué se trata, cuáles son las posibilidades de oferta, cómo nos modifica, hasta dónde lo permito, qué sí y qué no en la relación que sostengo con la IA o los chatbots y, por último, e igual de importante: cuidado. Cuidado al peligro de abandonar la subjetividad y lo particular, que es lo más valioso que uno tiene, al servicio de una robótica: ¿Qué le prestamos a la IA?, ¿todo nuestro ser?, ¿nuestro tiempo?, ¿nuestra historia?, ¿nuestra intimidad?, ¿nuestros valores? Hasta los cuerpos estamos entregando a este mundo artificial. Todo lo nuestro.Hablando de los cuidados creo que cada palabra de esta triada es igual de importante, pero este último concepto engloba a los demás: tanto la atención como la escucha son formas de cuidado.&nbsp;El cuidado que debemos tener es preguntarnos qué más le vamos a entregar de lo nuestro y de los otros a un sistema que nada le significa, o mejor dicho que no para de sacar ventaja y tajada de esa situación -cede inteligencia para obtener el cómputo, el dato, no arma encuentro.Respecto a mi opinión sobre quienes consultan al chat, digo lo mismo que lo anterior: atención, escucha y cuidado. Sobre lo que volquemos ahí, sobre los abusos de su uso. La lA es una gran herramienta, a la vista está que muchas personas, empresas, y corporaciones la están utilizando y ya han permitido una agilidad en procesos y metodologías de organización. Sin embargo, lo que respecta a la salud mental, y las consultas al chatbots no está bueno, pero está pasando, hay que darle entidad y hablar de eso es fundamental.¿Por qué no está bueno y “no es bueno"? Primero porque no hay un encuentro real de subjetividades, no hay transferencia, cuerpos ni presencia, por ende, no hay lazo con el otro. Se tiende a una deshumanización.La lógica de la IA son respuestas inmediatas, recetas mágicas, indicaciones “eficaces”, un imán para la demanda de la época. Esto entra en tensión con el psicoanálisis que propone todo lo contrario; trabaja con la espera, el enigma, y la construcción subjetiva. Le damos valor al vacío, a la angustia que nos motoriza a otra cosa: es motor del deseo. En un espacio analítico no la taponamos con respuestas configuradas y armadas, al contrario, la desarmamos para armar lo propio ¿Qué pasa con esto? Es totalmente contrario a lo que nos ofrece el chat: angustia cero, no encontrarnos con la falta, positivismo al máximo, imposibilidad de pensar o desarmar ideas, total ya están.Estas dinámicas entran directas en una sociedad dónde la angustia no está de moda, dónde no quiero ni tengo porqué sentirme mal, ni pensar de dónde viene eso que me hace sentir de esa manera. Entra directo en el producto social que quieren configurar: sujetos cada vez más narcisistas, individualistas y menos sostenidos por lazo social.Entonces se desmiente el síntoma, y se intenta anularlo. Digo se intenta porque este no cesa de insistir, y es allí cuando entramos los profesionales de la salud (en el mejor de los casos): “Le pregunté al chat, pero… al final me dejó más ansioso/a; “Me dijo que si tenía eso me podía morir”. El chat vislumbra: “es algo que lo tiene todo, dónde está todo” y muchas veces, eso posibilita o aumenta certezas peligrosas frente a una angustia insoportable que pueden llevar al aislamiento social, suicidios, autolesiones, entre otras cosas.

Opinión