Abusos en el Regimiento de Gualeguaychú: condenaron al exsuboficial Mercado a pagar casi $58 millones a su víctima
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El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay fijó una pena de tres años y siete meses contra Víctor Hugo Mercado, que el condenado ya cumplió en prisión preventiva, y ordenó una indemnización por daño moral y material hacia la víctima a quien le provocó un deterioro psicológico que derivó en un intento de suicidio y en su posterior solicitud de baja del servicio militar.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay condenó a Víctor Hugo Mercado, exsuboficial del Ejército Argentino, a tres años y siete meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, y le ordenó pagar $57.757.590 a una soldado voluntaria a la que acosó durante más de cinco años. Lo hizo este miércoles 18 de noviembre el tribunal presidido por el juez Julián Falcucci e integrado por las juezas María Carolina Pereira y Gretel Diamante, por unanimidad.
En la sentencia, el tribunal declaró a Mercado autor de abuso sexual simple en grado de tentativa, en concurso real con lesiones psicológicas graves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer y mediando violencia de género. Como Mercado estaba detenido desde abril de 2023, los jueces tuvieron la pena por cumplida y ordenaron su excarcelación bajo caución juratoria.
El caso
La víctima se desempeñaba en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú del Ejército Argentino, donde Mercado era suboficial y su superior jerárquico. En julio de 2016, el condenado la obligó a realizar una tarea fuera de su horario laboral y, aprovechándose de esa situación, intentó forzarla a mantener relaciones sexuales y realizó distintos tocamientos sin su consentimiento.
Tras la negativa de la víctima, Mercado comenzó a hostigarla y acosarla laboralmente mediante burlas y expresiones denigrantes frente a sus compañeros, ante quienes se refería a ella como “loca”, “la soldado 22” o “la crazy” en las formaciones. También utilizó su asimetría de poder y su posición jerárquica para trasladarla reiteradamente a otras oficinas y someterla.
Aun con denuncias en su contra y una orden de alejamiento, Mercado continuó hostigándola, lo que provocó en la víctima un deterioro psicológico que la llevó, en septiembre de 2021, a cometer un intento de suicidio y a la posterior solicitud de baja del servicio militar. En el juicio, se acreditó que estos hechos causaron un grave deterioro en la vida y en la psiquis de la víctima.
Un reenvío con dos mandatos
La decisión es el resultado de un reenvío. En septiembre de 2025, otro tribunal había condenado a Mercado a cuatro años y seis meses por abuso sexual simple consumado. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, recalificó el hecho de 2016 como tentativa, porque la fiscalía había sostenido esa calificación en su alegato final y el tribunal no podía superarla. Además, anuló el rechazo de las medidas de reparación solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y ordenó resolver ambas cuestiones con otra integración.
La nueva pena fue pactada entre la fiscal general ad hoc, Gabriela Agustina Velázquez, y la defensora pública oficial, Julieta Elizalde. El tribunal la consideró justa. Valoró como atenuantes la familia a cargo del condenado, su buena conducta en la unidad penal y la ausencia de antecedentes, y como agravantes la persistencia de los actos de maltrato y acoso por más de cinco años, su pertenencia al Ejército y su condición de superior jerárquico de la víctima.
La indemnización
El punto central del fallo es la reparación económica. Los jueces hicieron lugar al pedido de la fiscalía con base en el artículo 29 del Código Penal, a la luz de la Convención de Belém do Pará, y entendieron que el daño comprende tanto el perjuicio moral como el material, este último expresado en el lucro cesante por el apartamiento de la víctima de la fuerza. La suma deberá pagarse dentro de los diez días de quedar firme la sentencia, con intereses a tasa pasiva del Banco Central.
Para traducir el daño a dinero, el tribunal tomó como parámetro objetivo el haber mensual de voluntario de primera, $875.115 según la resolución conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. Descartó la objeción de la defensa de que no se trataba de una indemnización laboral: sostuvo que el haber se usó solo como pauta verificable y que guarda relación con los hechos, que ocurrieron en el ámbito laboral de la víctima y terminaron con su pedido de baja.
La defensa también planteó que Mercado no tiene ingresos ni vivienda propia. El tribunal respondió que la capacidad de pago incide en la ejecución de la condena, pero no en la medida del daño que debe repararse.
El Estado, fuera de la condena
La fiscalía había pedido además que se declarara la responsabilidad solidaria del Estado Nacional, a través del Ejército. Los jueces la rechazaron. Sostuvieron que el artículo 29 proyecta la reparación sobre el condenado y que el artículo 31 solo prevé solidaridad entre los responsables del delito. Señalaron que el Estado nunca fue citado como civilmente demandado y que esa oportunidad precluyó con la clausura de la instrucción.
Aclararon que eso no desconoce la dimensión institucional de los hechos, cometidos en una dependencia militar por un superior jerárquico. Por eso exhortaron a los órganos judiciales que intervengan en un eventual reclamo contra el Ejército a actuar con diligencia reforzada.
También dispusieron enviar copia de la sentencia al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor del Ejército para que revisen sus protocolos de prevención de la violencia de género y continúen la capacitación de su personal. Y ordenaron informar a la víctima, a través de la DOVIC, sobre las vías para reclamar al Estado y sobre su derecho a patrocinio jurídico gratuito. Los fundamentos se leerán el 19 de noviembre.
