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Agmer hizo una presentación ante la Justicia Laboral por las inasistencias injustificadas

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llevó a la Justicia Laboral el conflicto con el Consejo General de Educación (CGE) por la emisión de una disposición que aplica inasistencias injustificadas a los docentes que, como medida sindical, sostienen el proceso de enseñanza desde la virtualidad

El gremio docente presentó ante el Juzgado Laboral N° 3, de José Antonio Reviriego, una medida autosatisfactiva innovativa contra la resolución Nº 1.542/21 del Consejo de Educación, que estableció registrar con inasistencias injustificadas a los docentes que mantengan la virtualidad. En resumen, significa que se le aplicará el descuento a los docentes que hayan continuado con las clases virtuales y rechacen la presencialidad, que el Gobierno generalizó a todo el sistema educativo desde el último 14 del actual.

Para Agmer, a través de la resolución del CGE, “el Ejecutivo Provincial reinstala un procedimiento pocas veces visto en la historia de las trabajadoras y trabajadores en las últimas décadas: la intimidación, apriete y castigo a quienes –legítimamente- llevan adelante el ejercicio pleno de una acción gremial resuelta, además, colectivamente”.

Destacaron que la medida gremial es, centralmente, “preventiva y de cuidado para docentes, estudiantes y sus familias; y que garantiza la tarea escolar trabajando desde la no presencialidad”.

Enseguida, subrayaron que “paradójicamente, este texto regresivo y vulneratorio de la Ley de Asociaciones Sindicales aparece en una jornada que registra una de las temperaturas más bajas del año hasta el día de hoy y con 1038 casos de contagio apuntados este miércoles”. “Puntería y precisión supina hay que tener para no errarle siquiera en el momento, con el sistema de salud que continúa en su momento más crítico, reconocido por el propio Ministerio de Salud de Entre Ríos y el conjunto del personal sanitario”, agregaron.

Agmer acudió a la Justicia para reprochar esa normativa que, afirma, contraría lo resuelto en el seno del Consejo Federal de Educación, organismo del cual Entre Ríos forma parte, y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Presidencia de la Nación. “Pedimos la derogación de la resolución 1.542, que claramente es una resolución que no tiene fundamento, además de ser extorsiva. Nos remonta a la época del exgobernador Sergio Montiel, que fue el último gobernador que en 1999 impuso lo de las inasistencias injustificadas”, dijo Marcelo Pagani, titular de Agmer.

El dirigente señaló que la medida autosatisfactiva “tiene dos cuestiones importantes, una es que el juez no está obligado a darle vista a la otra parte, y el juez debe fallar en un tiempo más perentorio que en un amparo. Esperamos el fallo esta semana o, a lo sumo, primeros días de la semana que viene”, sostuvo.

El juez Reviriego ya actuó en el conflicto docente en 2018, cuando acogió favorablemente un pedido de conciliación obligatoria del Gobierno y mantuvo una extensa negociación que se extendió durante tres meses hasta que por fin se firmó el armisticio.

Al planteo ante la Justicia Laboral se sumó el otro gremio con representación paritaria, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), según confirmó su titular, Andrés Besel.

La respuesta del CGE

Aunque el Gobierno dispuso el fin de las clases virtuales en todo el territorio entrerriano, el principal gremio docente afirma que el contexto para el regreso a las aulas no garantiza las normas mínimas de seguridad sanitaria.

Los vocales del Consejo General de Educación subrayaron que la provincia ya vacunó con al menos una dosis al 90% de los trabajadores de la educación, y advirtieron que AGMER “cortó el diálogo de forma unilateral y tomó medidas por encima de la normativa”.

También sostuvieron la necesidad de “contar la presencialidad para garantizar la educación pública y reducir las desigualdades en el ámbito educativo”.

“En el marco del Plan Rector de Vacunación, ya se inmunizó con al menos una dosis al 90 por ciento de los trabajadores de la educación, por encima de otros sectores”, resaltó Exequiel Coronoffo, vocal del CGE. También puso de relieve que “desde que comenzó la pandemia trabajamos conjuntamente para la elaboración de protocolos, generamos una fuerte inversión en infraestructura sanitaria y en insumos para todas las escuelas de la provincia”.

Su par, Griselda Di Lello sostuvo que “teniendo a los chicos presentes achicamos la brecha de la desigualdad y les ofrecemos una educación de calidad como debe ser realmente la escuela pública”. En ese marco lamentó el posicionamiento que “para nada defiende la bandera de la escuela pública”. “Defender la educación pública es generar igualdad de oportunidades para todos y todas, es avanzar en la presencialidad, es poder achicar esta brecha de desigualdad”, sostuvo Di Lello.

No obstante, valoró “la presencia de docentes en las escuelas”, que surge del recorrido que desde la cartera educativa realizaron en la provincia, y diferenció la realidad de los docentes de “la postura del sindicato”.

En ese marco, Coronoffo se refirió al regreso a la presencialidad en las escuelas y sostuvo que “ninguna decisión que ha tomado el CGE ha sido por fuera de la estrategia sanitaria que lleva adelante el Ministerio de Salud en coordinación con el gobierno nacional”. “Todos los esfuerzos van hacia políticas de cuidado de la salud y de la educación pública, que es la única forma de reducir las desigualdades en nuestra provincia”, agregó.

“Por decisión del gobierno provincial logramos alcanzar el 90% de los docentes vacunados en todo el territorio entrerriano, dándoles prioridad por encima de otros grupos de trabajadores”, reiteró.

En este mismo sentido, el vocal Humberto Javier José hizo hincapié en la necesidad de volver a la presencialidad en las aulas “porque los aprendizajes realmente se pueden dar en la escuela, este es el lugar propicio para que se el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lógicamente, hay que atender a todos los cuidados y protocolos necesarios que ya todos conocemos”.

“En los lugares que por alguna razón de fuerza mayor los protocolos de suspensión de la presencialidad deben ser aplicados, tienen que hacerse de forma correcta”, remarcó José, y concluyó: “la presencialidad se debe garantizar dentro de este contexto el cual nos afecta a absolutamente todos los trabajadores, sean docentes o no”.

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