Argentina, jaqueada por el narcotráfico

Los sangrientos ajustes de cuentas, la presencia de sicarios extranjeros, los negocios fáciles de jóvenes ostentosos, la implicación de funcionarios y policías, el envenenamiento de los pobres por el “paco”, pintan un cuadro tétrico del país narco.o

Para algunos es el lado más inquietante de la degradación de la Argentina. De un tiempo a esta parte una seguidilla de asesinatos y crímenes múltiples, que llevan la marca de la mafia de la droga, ha conmocionado la opinión pública.

El famoso caso de la “efedrina”, en el que se ve a jóvenes empresarios ávidos de dinero fácil, ligado a la venta de medicamentos, apalancados por redes clandestinas en el territorio, muestra un grado de descomposición de las clases acomodadas.

Paralelamente, las sospechas de connivencia de funcionarios y policías en el negocio del narcotráfico, agregan un cóctel explosivo. Un símbolo de esto fue el hallazgo de 8 kilos de cocaína escondidos dentro de una camioneta de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción (Sedronar).

Lo más llamativo son los ajustes de cuentas de sicarios mexicanos y colombianos, pertenecientes a grandes carteles de la droga, en territorio argentino. La presencia de organizaciones criminales foráneas muestran un país jaqueado por el narcotráfico.

En semejante cuadro, se escuchan voces de alarma ante iniciativas oficiales como el blanqueo de capitales, caldo de cultivo para la entrada de dinero sucio de la droga. O que llaman la atención sobre el financiamiento espúreo de campañas políticas. 

A todo esto, días atrás se conoció un documento firmado por 80 magistrados del país cuyo contenido causa escalofríos. Allí se habla que el nivel de tráfico “no registra antecedentes” en la Argentina.

La declaración de jueces y magistrados nacionales, provinciales y federales de todos los fueros ocurre en momentos en que a nivel oficial se impulsa una ley para que no se castigue al consumidor de drogas, una iniciativa liderada por el ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández.

El grupo de 80 magistrados ha señalado, a propósito, que al perseguir al consumidor “se ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial”. 

Ha dicho que de parte del Estado “no hubo la misma dedicación hacia las organizaciones del tráfico ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial”. 

Al criticar la actual legislación, los magistrados afirmaron que la política vigente no sólo no ha disminuido el tráfico de narcóticos ni su consumo, “sino que siguen en alza” en un nivel “sin precedente” en el país.

En otra parte del documento, se menciona que de los consumidores más pobres -que “están lejos de una oferta de tratamiento”-, se ocupa la justicia penal. Mientras que de aquellos de las clases medias y altas se ocupa “una oferta tercerizada de abordajes terapéuticos, en muchos casos verdaderos fraudes de etiquetas”.

En tanto, recientemente el juez de Garantías de La Plata, César Melazo, cargó contra la indiferencia que, según él, cultivan los funcionarios frente al problema. “Se hacen los salames todos (...) Se está muriendo una generación con el ‘paco’  mientras a muchos funcionarios les parece simpático fumarse un pucho de marihuana en algún recital”.

Melazo fue más polémico aún al señalar que “varios funcionarios tienen que pedir una nariz prestada para pasar una rinoscopía”, algo que motivó que el ministro Aníbal Fernández, preocupado por las críticas a su gestión, desafiara el juez a hacerse esa prueba juntos. Mientras tanto, la Argentina muestra todos los síntomas de un país narco.