Opinion |

Bailando sobre el Titanic: vislumbrando el naufragio del derecho municipal

Por Juan Ignacio Weimberg

Concejales en estado de furia… funcionarios descontentos que se sienten infravalorados piensan abandonar la gestión en razón del proyecto del Departamento Ejecutivo de reducción de sueldos, sectores de la oposición que se piensan traicionados en su buena fe por que a último momento se introdujo una cláusula de gobernabilidad no discutida políticamente, comerciantes manifestándose por una ordenanza de “rehabilitación”, la Corporación del Desarrollo –reducida a una expresión mínima- espera que el “bureau productivo” acerque soluciones “inteligentes” que optimicen la producción de la ciudad, trabajadores municipales que no llegan a fin de mes, y precarización laboral a través de contratos y subsidios no reintegrables. Mientras tanto, la población de Gualeguaychú en su mayor parte aplaude, y otra sigue sumergida en la apatía por que la cuestión publica no le parece que tenga la potencialidad de cambiar el mundo.

¿Amarras sí?, ¿Amarras no? ¿Debemos proteger a las generaciones futuras, o por el contrario debemos atender las necesidades del progreso actuales?, ¿Cómo debemos articular las relaciones con los municipios vecinos? Este es el contexto que me anima a escribir estas líneas con el objetivo de tratar de “echar un poco de luz” o esclarecer ciertas cuestiones que se encuentran solapadas por las tensiones político- partidarias de hoy, y de siempre.

Es evidente que el derecho tiene mucho para decir en este tipo de situaciones, ya que hoy por hoy se piensa que el derecho no está compuesto solamente de “normas”, sino de “Directrices políticas” que no muestran el camino a seguir. Pero el derecho no actúa en soledad... es una ciencia o para algunos un “arte” (el arte de lo justo”), que necesita nutrirse del campo social que en un proceso de autopoiesis (mecanismo que utiliza un sistema para mantenerse a sí mismo), toma prestado conocimientos de otros saberes y los interioriza y traduce a su interior generando leyes.

Esta es la pregunta ¿cómo se traduce ésta complejidad inicial hacia dentro de un texto normativo como es una carta orgánica? Los convencionales deberán lidiar con la ardua tarea de tratar de “legislar” en un marco donde la legislación provincial y menos la municipal se encuentra sistematizada, con el gran riesgo de pisar competencias ajenas, y en otras lisas y llanamente plantear instituciones inútiles (bureau productivo) por que no se tiene dimensión de cuál es el objetivo de dictar un texto legal como el que se avizora.

Un solo ejemplo, invito al ciudadano común a que entre a la página de ordenanzas del municipio de Gualeguaychú e introduzca en la palabra clave el vocablo “excepción” y allí le aparecerán nada más ni nada menos que 244 excepciones. Eso sin agregar la infinidad de ordenanzas que no toman el cuidado ni la debida técnica legislativa que indica que se debe expresar qué ordenanza o artículos se derogan de las normas anteriores.

¿El hombre de a pie me dirá, aparte de todos los problemas políticos que habló al inicio, existen, estos otros problemas? ¡Mi respuesta es Sí! Por eso cuando se legisla, y se deben adoptar políticas públicas, se debe “conocer” no solo el campo social, técnico científico del cual hablamos, que hacen al contexto de descubrimiento (Hans Reinchenbach 1953) sino que hay que traducirlo al plano legal correctamente expresado.

La ambigüedad y polisemia del lenguaje -ya lo decían los griegos- conllevan una bendición y una maldición intrínseca, la bendición de atrapar parte del pensamiento humano e inmortalizarlo para siempre, y la maldición, es que la parte no captada (el espíritu) es inasible a cualquier intento de materialización.

¿Hay más complejidad? Sí. Estamos insertos en un esquema de organización federal, en donde el Estado Nacional, Provincial y Municipal dictan normas, con el grave riesgo de que, si alguno de estos estratos se le ocurriría actuar sin “tener en miras” la coordinación con los demás, habría una multitud de leyes superpuestas e inútiles. Nadie en esta organización puede creerse absolutamente autónomo, ya que el federalismo debe ser ejercido de buena fe con el fin puesto en la cooperación de la federación para hacer esta unión indestructible.

La tarea de “legislar bien ejercida” no es una tarea sencilla, a menos que se entienda que los representantes del pueblo sean seres inanimados que solo tiene que levantar la mano a pedido del Ejecutivo.Por eso creo que una serie de “ideas para tener en cuenta” a la hora de decidir nuestros representantes (cualesquiera que sean convencionales y/o concejales) debemos tener en cuenta todo esto.

Dicho esto, no quiero dejar sin tratar la polémica acerca del proyecto de ordenanza de reducción de sueldos. Para eso dividiré el proyecto en dos partes. La primera, en la que estoy firmemente de acuerdo y que refiere al “desenganche” de los sueldos del Poder Judicial, ya que éste último posee en las remuneraciones una lógica y restricciones diferente que los demás poderes no tienen, los incrementos hacen a la intangibilidad e independencia del cuerpo de magistrados” quienes no deben estar influenciados y/o preocupados y/o seducidos por cuestiones monetarias. Esas remuneraciones le imponen una serie de restricciones como la prohibición de ejercer el comercio, ser directores o gerentes de sociedades, entre otras de índole moral.

En la segunda parte, y en la que expreso un profundo desacuerdo es en la reducción de los salarios de los funcionarios del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, por que como lo explicáramos antes bien ejercida esta función insumen un gran esfuerzo y una enorme responsabilidad y capacitación. A menos que concibamos a los integrantes del Concejo como meros levanta manos entonces coincidiría con aquellos que aplauden la reducción de sueldos, dado que en ese caso deberían cobrar igual que un jubilado o un maestro.

La pregunta definitiva es, creemos que ¿vale la pena crear y sostener Instituciones robustas, con funcionarios con capacitación permanente, con derecho a la carrera administrativa en función del mérito?; o debemos so pretexto de la emergencia hacer inútiles instituciones democráticas para gobernar a fuerzas de rubricas irreflexivas?

¿Tienen los concejales de la oposición TODA LA INFORMACION A LA HORA DE DECIDIR?, y esto viene a cuento para anoticiar al vecino que el municipio de Gualeguaychú carece de una ordenanza de acceso a la información pública, que OBLIGUE AL MUNICIPIO A ENTREGAR LA INFORMACION EN TIEMPO REAL.

Entonces es que el pedido de informes que pueden realizar los concejales de la oposición tiene un plazo de 180 días para ser contestado, y en caso que un ciudadano común desee una información el municipio puede brindarla conforme los plazos de su ordenanza de trámite administrativo, es decir muchísimo más tiempo que lo establecido en la ley nacional 27.275, todo esto nos lleva que la oposición deba tratar de consultar a especialistas con dinero propio y encargar estudios de su propio bolsillo.

Reducir el sueldo de los concejales y funcionarios implicará un claro deterioro institucional, inadmisible e inaceptable para los que pensamos que Gualeguaychú merece marcar el rumbo en el ámbito de las ideas y pensamientos. De otra manera estaremos festejando y bailando en la cubierta del Titanic, esperando tranquilamente el naufragio institucional del derecho Municipal.

Además, una cuestión legal no menor, es que el actual Concejo Deliberante saliente no puede incidir sobre las remuneraciones de los nuevos concejales por obvias cuestiones normativas, dice el art 94 de la ley 10027 modificada por la 10.082 que “Articulo 94: Los concejales tienen derecho a una dieta que ellos mismos fijarán por mayoría de dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros”, no veo de qué manera estos concejales, puedan obligar a los venideros a regular su remuneración.

Lo saludable institucionalmente sería mantener las remuneraciones actuales, actualizadas por un índice de precio ( I.P.C.) , y dotar al Concejo de dinero para que pueda realizar sus propias construcciones normativas y no depender de los funcionarios del Ejecutivo que arbitrariamente, conceden o no la información según su conveniencia. De otra manera no podemos pedir control político y menos calidad legisferante.

En caso de que se decida de otra manera iremos comprando nuestros atuendos negros para asistir al funeral de la Carta Orgánica y cualquier otra institución en ciernes.

Dejá tu comentario